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Quienes hemos subrayado la necesidad de que la cooperación venezolana dirigida a los proyectos sociales públicos debe pasar por el Presupuesto General de la República (PGR), no lo hacemos de forma antojadiza o por “meter ruido” en la opinión pública, sino porque estamos convencidos de que transparentar los recursos contribuye a alcanzar los resultados deseados; particularmente bajo el esquema de que un buen manejo de los fondos contribuye a un mayor impacto en la reducción de la pobreza.

Según el informe de Cooperación Externa 2008, Nicaragua percibió casi 150 millones de dólares de la cooperación venezolana: 147.2 millones de dólares procedentes del ALBA, que fueron invertidos en obras públicas, así como una donación del gobierno venezolano al sector público, por el orden de dos millones de dólares. Sin embargo, tales recursos no fueron incorporados al PGR.

La necesidad de que estos recursos se reflejen en el Presupuesto responde a una demanda en pro de la transparencia, que reduce los riesgos de corrupción y permite que los recursos se distribuyan de forma equitativa y lleguen a los sectores con más demanda. La transparencia presupuestaria, además de fortalecer los sistemas financieros gubernamentales, permite un uso efectivo y eficiente de los recursos. La información detallada y transparente sobre los flujos de la ayuda y el modo en que se emplea, permiten que no sólo los funcionarios de gobierno puedan darle seguimiento a la ejecución de los recursos, sino que diferentes expresiones de la población.

Existen distintas iniciativas para potenciar la ayuda para el desarrollo, que señalan la importancia de incrementar el registro de la ayuda en el Presupuesto, como la “Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo”, de la cual Nicaragua es signataria.

El inciso 17 de la Declaración de París subraya que el “hecho de utilizar las propias instituciones y sistemas nacionales, donde haya bastante garantía que se utilizará la ayuda en los objetivos aprobados, aumenta la eficacia de la ayuda reforzando la capacidad sostenible del país socio para desarrollar, aplicar y responder de sus políticas ante sus ciudadanos y su parlamento.” En el caso de Nicaragua, el Presupuesto General de la República es el medio por excelencia para garantizar el buen destino de los fondos de la cooperación venezolana.

Para quienes intentan argumentar que gran parte de los recursos al sector público están fuera del Presupuesto, las estadísticas indican lo contrario: el 87% de la ayuda está reflejada en el PGR, según la Encuesta de 2008 de Seguimiento de la Declaración de París “Ayuda más Eficaz para 2010”. Ante lo cual si los recursos del ALBA financian una parte importante del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), de alguna manera debe armonizarse con el resto de la ayuda que también busca combatir la pobreza en el país.

Es un sin sentido que parte del financiamiento al PNDH esté registrado en el Presupuesto y otra parte no. Los esfuerzos internacionales se están enfocando en función de que la Ayuda para el Desarrollo sea más eficaz y eficiente, armonizando la cooperación, evitando la duplicidad y la separación de las intervenciones. Y la cooperación venezolana --cada vez más importante--, al no registrase en el sistema nacional, revierte los compromisos que Nicaragua ha adquirido en pro de la transparencia.

Que los recursos estén incluidos en el Presupuesto permite conocer información básica como qué institución del Estado administrará los fondos, a qué programa o proyecto están dirigidos y la cantidad exacta desembolsada. Así como conocer información sobre el avance de la ejecución.

Llegado este punto, es necesario diferenciar entre la ayuda al sector privado y la ayuda al sector público, esta última es la que se refleja en el PGR, que va dirigida en más del 45% al gasto social; son los recursos dirigidos a fortalecer el compromiso del Estado con los Derechos Humanos, fundamentalmente en aquellas zonas y poblaciones menos favorecidas.

Si parte de la cooperación del ALBA y de la ayuda bilateral venezolana está destinada a apoyar la labor del Estado, los ciudadanos deberíamos de tener mayor certeza de que efectivamente es así, y eso sólo se logra con mayor transparencia de los recursos.

*Coordinadora Área de Presupuestos Públicos

Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp)