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El sábado nueve de enero, el Presidente de la República dio lectura a un Decreto Ejecutivo, con el cual pretende prorrogar de hecho el cargo de funcionarios públicos del Consejo Supremo Electoral (CSE), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Contraloría General de la República (CGR), Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Superintendencia de Bancos (SIB). A dichos funcionarios se les vence el periodo por el que fueron electos por la Asamblea Nacional (AN), en los meses de febrero, marzo y junio del año en curso. El decreto ejecutivo es un acto desesperado del Presidente de la República, ya que los diputados de la AN, han cerrado filas, demandando y exigiendo, la destitución de todos los magistrados del CSE. De manera que la disposición presidencial, es una pistola puesta en la cabeza de la AN, con lo cual el gobernante manda el mensaje siguiente: “O me ratificas a mis magistrados del CSE, o a contrario sensum, por mis pistolas los mantendré a todos en sus puestos”.

Una vez más el Presidente de la República está pasando por encima de la Constitución Política, violenta la división de Poderes, desconoce las atribuciones de la AN, trastoca en forma desafiante y burda los artos. 129, 132, 138, ordinal 7, 8, 9, inciso a), 150, 182, y 183, de la Carta Fundamental. En nuestro país se está volviendo cada día más insostenible las formas virtuales de un Estado de Derecho, se está volviendo una costumbre perniciosa la violación constante y sistemática del ordenamiento jurídico, al cual deben estar sujetos y supeditados todos los nicaragüenses sin excepción alguna. La actual administración de Daniel Ortega, definitivamente ha impuesto un récord en materia de infracciones a nuestra Constitución Política y leyes secundarias.

Este Presidente, cuando abandone el cargo, por haber cumplido los cinco años en el cargo, habrá que darle un premio por ser el gobernante que más irrespetó y pisoteó la Carta Magna. Daniel Ortega no cumplió con la obligación de enviar a la AN los nombramientos de funcionarios públicos para su ratificación, como lo estatuye el ordinal 30, del Arto. 138 Cn.; sin el consentimiento de la AN, el Presidente en 2009, reformó el Presupuesto General de la República; el Presidente mediante decreto administrativos legisló en materia tributaria; orienta a la Policía Nacional para que no brinden el auxilio judicial, por lo cual muchas sentencias no se ejecutan, con lo cual infracciona el arto. 167, de la Constitución. El Estado de Derecho en Nicaragua se encuentra hecho pedazos, pues no sólo el Poder Ejecutivo viola la división de Poderes, también en el genocidio legal, participa alegremente el Poder Judicial. Seis magistrados de la Sala Constitucional, mediante resolución del 19 de octubre, declararon inaplicable el arto. 147 de la Carta Magna, con lo cual la reelección presidencial continua es abrogada y facilita al actual gobernante su candidatura para los comicios generales del 2011.

La sentencia de la Sala Constitucional de la CSJ que ofrece en bandeja de plata la reelección de Daniel Ortega, no tuvo una respuesta beligerante y contundente por parte de los diputados de la AN. Ante semejante violación constitucional, lo apropiado era que los diputados promovieran, por ejemplo, la destitución de los seis magistrados de la CSJ; paralizar el trabajo Legislativo hasta tanto no se revóquese lo resuelto por la Sala Constitucional. No obstante, la reacción de los diputados fue tímida y pusilánime, prácticamente no se hizo nada contra la sentencia No. 504, del 19 de octubre del año pasado.

La autoridad política, legal, institucional se gana con una actitud valiente, peleando los espacios y los derechos que la Constitución y la ley concede. Defendiendo con garbo y garra las potestades constitucionales. A los diputados nadie los toma en cuenta. El Presidente de la República, como Poder Ejecutivo, hace su regalada gana. Asume atribuciones y funciones que son de derecho exclusivo del Parlamento Nacional. Igual conducta han mostrado los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los Magistrados de la CSJ, que con circulares judiciales, abrogan determinadas leyes que tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial. Ante esa conducta obvia, los diputados, hacen lo del avestruz entierran la cabeza en al tierra para no ver la realidad.

Esta nueva infracción a la Carta Magna pretende poner de moda en el Estado los cargos vitalicios, tal como ocurre en la Policía Nacional y el Ejército Nacional. El Presidente puede prorrogar los cargos de sus ministros y viceministros, pero nunca jamás lo puede hacer con funcionarios de otros poderes de Estado, el decreto invade facultades de la AN, puesto que solo los diputados son los facultados para elegir, destituir, prorrogar o cancelar los nombramientos en el CSE, CSJ, CGR, PDDH. El Poder Ejecutivo, de acuerdo con la Constitución Política, no puede ni debe inmiscuirse en estos asuntos.

Por estas actuaciones de hecho, cabe hacerse las interrogantes siguientes: ¿Con la pistola puesta en la cabeza por el Presidente de la República, negociarán los diputados nombramientos de funcionarios en la CSE, CSJ, CGR? ¿Qué acciones legales entablarán los diputados de la AN, contra el “decretazo” del Presidente de la República? ¿Los funcionarios públicos que tiene el PLC, en la CSE, CSJ y CGR, abandonarán el cargo una vez se les venza su periodo, o se mantendrán en el puesto? ¿Impulsarán los diputados de la AN, un proceso de formación con causa contra el Presidente de la República, por las reiteradas violaciones al orden jurídico constitucional? ¿Impulsará la AN un proceso administrativo contra el Presidente, para declarar su incapacidad total y permanente de conformidad a lo dispuesto en la parte in fine del arto. 149, Inciso, a)?

Ya surgieron graves especulaciones, de que el “decretazo” presidencial, es un acuerdo entre compadres, suscritos tras bambalinas entre los caudillos de FSLN y PLC, similar a lo que sucedió con el fraude electoral municipal de 2008, y con la sentencia de la Sala Constitucional de la CSJ. Si todo esto es cierto lo más probable es que los magistrados del PLC, en la CSJ, CSE, CGR, una vez vencido el plazo, se queden tranquilamente prorrogando el puesto, situación que obviamente favorecería al partido PLC, pues con ello no estaría obligado a cumplir con los compromisos que asumió con la organizaciones de la Sociedad Civil de cambiar a los magistrados del CSE.

Si en los próximos meses esa premonición se materializa, que Dios Salve a Nicaragua, pues el país estaría secuestrado y en las garras de dos mafias organizadas. La sociedad nicaragüense, en poco tiempo podrá ser testigo presencial de la actitud cómplice de los partidos políticos en la AN, o de mostrar una genuina oposición política ante el atropello que comete contra la Constitución Política el Presidente de la República.

*Abogado y notario público