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En 2009, América Latina tuvo un logro desconocido: la crisis económica mundial no la afectó tan dramáticamente como a otras regiones. Pero en el plano político e institucional se profundizaron sus fragilidades y sus riesgos.

Es cierto que las diversas elecciones legislativas y presidenciales que se realizaron a lo largo y ancho de Latinoamérica reforzaron –más allá de los resultados de cada caso– el compromiso ciudadano con el pluralismo y la democracia. Pero en esos mismos procesos electorales se reflejaron crecientes niveles de polarización política y por persistentes debilidades institucionales. De algún modo, ello revela una paradoja de la democratización latinoamericana: los gobiernos de minoría y excluyentes, que desvalorizan y enflaquecen el Estado, ya no tienen cabida. Pero al mismo tiempo el auge del personalismo, la concentración del poder y las tácticas políticas refractarias producen ingobernabilidad en la gestión y fragmentación en el Estado.

En las relaciones internacionales de la región se manifestaron señales promisorias y desalentadoras: por un lado, Brasil continuó de modo exitoso su senda ascendente como un poder emergente con aspiración de proyección global y, por el otro, las fracturas intra-regionales pusieron en evidencia el deteriorado poder negociador colectivo de América Latina, a pesar de que Argentina, Brasil y México son parte del G-20. La región, como un todo, continúa mostrando que pierde peso específico en la política mundial, en buena medida, por la falta de un mínimo proyecto compartido.

Pero la nota más preocupante tiene que ver con la dimensión militar en el área. Por ejemplo, el golpe de Estado que derrocó al Presidente Manuel Zelaya, en Honduras, fue el primer caso de un neogolpismo exitoso en Centroamérica en lo que va del siglo XXI. Sus repercusiones podrían ser enormes porque los mensajes contradictorios y las prácticas erráticas de Estados Unidos ante lo sucedido pueden ser interpretadas como un estímulo tácito a nuevas aventuras golpistas; al menos en América Central.

A su vez, es elocuente el incremento de las tensiones regionales. En algunos casos involucran cuestiones limítrofes (Perú y Chile, Bolivia y Chile, Colombia y Nicaragua) y en otros, asuntos ligados a grupos armados (Colombia y Venezuela, Colombia y Ecuador), al medioambiente (Argentina y Uruguay, Colombia y Ecuador), a la migración (México y Guatemala), los derechos humanos (Haití y República Dominicana) y a la energía (Brasil y Bolivia, Brasil y Paraguay, Argentina y Chile).

Además, la militarización de la “guerra contra las drogas” es patente, salvo contadas excepciones, como Argentina, Chile y Uruguay. El rol de las fuerzas armadas en el combate antinarcóticos que ha sido infecundo en todos los países donde se han desplegado, se ve estimulado por la estrategia de Washington.

Hay indicios ominosos sobre el lugar que ocupa la cuestión militar en América Latina: el reforzamiento del Plan Colombia para fortalecer a Bogotá; el despliegue del Plan Mérida para México y Centroamérica; el restablecimiento de la IV Flota (desactivada en 1950), y el ascendente papel del Comando Sur en la política exterior de Estados Unidos hacia la región.

La región ha conocido un alza significativa de los presupuestos de defensa y en la adquisición de armamentos: en particular, en los casos de Brasil, Colombia, Chile y Venezuela, lo cual puede reavivar dilemas de seguridad y degenerar en conflictos descontrolados. A lo anterior se agregó el hecho de que el vicepresidente de Brasil, José Alencar, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reintrodujeron el tema nuclear con manifestaciones que parecieron ir más allá del legítimo uso pacífico: Alencar, sugiriendo que Brasil debía “avanzar” en el desarrollo de armas nucleares; Chávez, robusteciendo su alianza con Irán en ese frente.

Finalmente, persiste el irresuelto y cruel conflicto armado en Colombia. En este caso, gracias a un acuerdo bilateral, Estados Unidos tendrá acceso, con hasta 1400 hombres (800 militares y 600 contratistas privados) y con inmunidad jurídica, a siete bases militares colombianas. Cualquiera que sea el argumento sobre la oportunidad de ese compromiso lo cierto es que parece aumentar la probabilidad de una internacionalización negativa del caso colombiano.

En síntesis, 2009 culminó con un panorama mixto para América Latina, con algunos progresos económicos, políticos e internacionales, junto a manifestaciones regresivas y problemáticas. La cuestión militar -que se pensaba sellada después del tránsito a la democracia, del fin de la Guerra Fría, del ensayo con la integración regional y del impulso de la globalización- ha reaparecido. Uno de los principales retos regionales es preservar el control civil sobre los militares y que las clases dirigentes eludan la tentación de robustecer desproporcionadamente el lugar de las fuerzas armadas en la política interna e internacional de los países.

De no hacerlo, 2010 será un año que viviremos peligrosamente. El contexto socio económico es crítico. El desempeño de la región en la crisis financiera global no ocultó los problemas de fondo: la pesada carga de una agenda de inclusión social aún irrealizada y una combinación de desigualdad e injusticia que podría ser letal en un futuro próximo.

Juan Gabriel Tokatlian es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Di Tella de la Argentina.
Copyright: Project Syndicate, 2010.
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