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La Constitucionalidad del Decreto Ejecutivo emitido por el Presidente de la República el pasado sábado 9 de enero de 2010 tiene su base firmemente sustentada en los preceptos de nuestra Constitución Política que a continuación comentamos; cabe mencionar que el artículo 7 constitucional es de carácter dogmático y/o principista y los restantes pertenecen a la parte Orgánica de nuestra Carta Magna.

Artículos 7, 129, 131, 132, 138, 144, 150, 158, 164, 168 y 173 Cn.

* Artículo 7: Carácter representativo y participativo en el Estado nicaragüense concebido como República democrática donde los Poderes del Estado tienen la calidad y facultades de órganos de Gobierno, citándose de manera expresa que son Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral.

* Artículo 129: Expresión más integral de lo que debe ser la división de poderes sustentada en un equilibrio armónico, cuyo punto de partida reside precisamente en la independencia de cada uno de los Poderes estatales constitucionalmente creados y regulados, sujetos únicamente a los intereses supremos de la nación y subordinados a lo establecido por la Constitución Política.

* Artículo 131: No admite dudas sobre la responsabilidad de los funcionarios de los cuatro poderes estatales, con independencia de su elección directa o indirecta, quienes deben responder ante el pueblo por el desempeño de sus funciones informándole de su trabajo y actividades oficiales. Expresando claramente que la función pública debe regirse en su ejercicio a favor de los intereses populares.

El párrafo segundo de este precepto constitucional de manera precisa, regula la responsabilidad patrimonial del Estado por las lesiones que por acción u omisión de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, sufran los particulares en sus bienes, derechos o intereses. Incluso establece la posibilidad de que el Estado pueda repetir contra el funcionario o empleado público causante de la lesión.

Por último y no menos importante, el párrafo tercero del artículo 131 constitucional, de manera expresa establece la responsabilidad ante el Estado de los funcionarios y empleados públicos por los perjuicios causados por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo.

Estaríamos pues en presencia de un delito por omisión contra la Constitución Política, al no cumplir los diputados con lo que el artículo 138, numerales 7, 8 y 9 constitucional les manda hacer, particularmente en lo que al nombramiento de magistrados de los Poderes del Estado y otras instituciones se refiere.

* Artículo 144: Establece claramente que el Presidente de la República ejerce el Poder Ejecutivo, dejando regulado que además de Jefe de Estado, es Jefe de Gobierno. De manera que si los Poderes del Estado son órganos de Gobierno, el jefe de los mismos en situaciones de vacío de Poder por inacción u omisión de la Asamblea Nacional en lo referente a facultades que le da el artículo 138,# 7,8 y 9 Cn., es el Presidente de la República.

* Artículo 150, en particular el numeral 2: que le atribuye al Presidente de la República entre otras atribuciones, “Representar a la nación”. También el numeral 4 del mismo artículo en lo relativo a “Dictar Decretos Ejecutivos en materia Administrativa”.

La mejor síntesis del espíritu constitucionalista del Decreto No. 3-2010, aparece perfectamente comprendida en el considerando II del mismo decreto:

“Que en mi calidad de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, la Constitución Política me hace responsable de la coordinación armónica de los Órganos e Instituciones del Estado de Nicaragua, y ante el vacío de poder creado por la Asamblea Nacional al no nombrar, ni haber convocado para nombrar autoridades de Órganos e Instituciones de Estado señaladas en los numerales 7,8 y 9 del artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, es mi deber evitar la inseguridad y la inestabilidad jurídica, política, económica y social de la Nación.”

Tenemos una clarísima expresión de la función coordinadora que, de la manera más armónica posible, hace de los órganos de gobierno estatales constitucionalmente previstos, el Presidente de la República en estricto apego al mandato de cumplir y hacer que se cumpla la Constitución Política.

El considerando IX del Decreto No. 3-2010 viene de manera complementaria pero firme a ratificar la conjugación de mandatos contenidos en los preceptos constitucionales invocados, particularmente los artículos 7, 129, 131, 144, y 150 de nuestra Constitución Política, destacando la operatividad normativa constitucional que subyace en el Principio de Prelación y Subordinación a los Intereses Supremos de la Nación, mismos que como se sabe, constituyen la esencia de los regímenes democráticos que por la vía de institucionalización de la división de poderes, garantizan la vigencia de un auténtico Estado Social y Democrático de Derecho.

*Jurista y docente universitario en Derecho Constitucional.