•  |
  •  |
  • END

“El Parlamento que ha emitido la ley es el menos apropiado para convertirse en defensor de la Constitución. Los conejos no son, generalmente, los guardianes más seguros del jardín. No se puede esperar de la asamblea o de la mayoría de sus miembros, que se corrija a sí misma”.

Karl Loewenstein

¿Es violatorio del orden constitucional el Decreto Ejecutivo N° 3-2010 por medio del cual el Presidente de la República, para evitar un vacío de poder que sería letal para el país y su población, ratifica y prorroga en sus cargos a las Autoridades de los Poderes e Instituciones del Estado, que por violación a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política por parte de los señores diputados, no sean electos o ratificados en los plazos constitucionalmente señalados? Es obvio que para los que están montados en el esquema de desestabilización ordenado por el imperio para no permitir que se consolide el proceso revolucionario, la respuesta es sí, pero para quienes desde la óptica político-Constitucional defendemos el Estado de Derecho, y aún más, el Estado Constitucional de Derecho, se hizo lo que políticamente es correcto hacer frente a una situación que apunta hacia el caos con el claros propósitos de enjuiciar al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional como responsable.

El Arto. 131 de la Constitución Política es clarísimo al señalar que “los funcionarios de los cuatro Poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales. Deben atender y escuchar sus problemas y procurar resolverlos. La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo” y en su párrafo infine es más claro aún: “También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo…” Resulta ser una verdad evidente que no cumplir con las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes para elegir nuevas autoridades o ratificar en los cargo a las Autoridades de los Poderes e Instituciones del Estado, no sólo es una manifiesta negligencia, es también un delito en contra de la Constitución realizado por los señores diputados que adversan al sandinismo.

No debemos olvidar que el orden político se constituye en la fuente de legitimación del poder político, y el orden político está íntimamente ligado al orden económico, social y resguardar ese orden es el sentido político-jurídico del Decreto Presidencial. Por definición, la Constitución es política, pues deviene de un acto político en el que queda expresada la voluntad del pueblo por medio de sus representantes, y la misma lleva implícita toda una filosofía que sirve de orientación no sólo a los gobernantes sino también a los gobernados. Constituye a su vez una garantía de los derechos fundamentales de las personas, por cuanto obliga a todos (gobernantes y gobernados) a encuadrar sus actos, decisiones y/o resoluciones, a la Constitución. Y los legisladores, por cálculos políticos electorales que no toman en cuenta al soberano, olvidan encuadrar sus actos y decisiones a la Constitución. El compañero Daniel lo que está haciendo es llamando al orden constitucional a los legisladores.

El Decreto no es violatorio de la Constitución ya que no está eligiendo a las autoridades de los poderes e instituciones del Estado, no está invadiendo el ámbito de competencia de la Asamblea Nacional, está resguardando la Supremacía de la Constitución ya que una lógica consecuencia del principio de la supremacía constitucional es que la propia Constitución debe y tiene que prever mecanismos e instituciones que garanticen su cumplimiento.

Es parte de las responsabilidades que el compañero Daniel tiene en su condición de Jefe de Estado y de Gobierno, que creo yo es la clave para entender la lógica del Decreto. De lo contrario, la Constitución Política quedaría en una simple declaración formal, debido a que siempre existirá la posibilidad de que una autoridad pública o un órgano de poder incumplan con el principio e infrinja la normativa constitucional. Que es precisamente lo que están pretendiendo hacer al no cumplir con los tiempos para la elección de nuevas autoridades o ratificación de las actuales.

¿Y por qué decimos que resguarda la supremacía constitucional? Porque les está recordando a los señores diputados las obligaciones que tienen de cara al Arto. 138.- Constitucional, les recuerda cuáles son sus obligaciones en el caso concreto que es objeto del Decreto Ejecutivo: Son atribuciones de la Asamblea Nacional (entre otras)

7) Elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de listas separadas, propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por Diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere lista presentada por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá a cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional. Como podemos ver, este artículo es tan claro que los retorcidos argumento de los detractores acerca de que el compañero Daniel no ha presentado lista, se les cae por la simple razón de que: Si no hubiere lista presentada por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados de la Asamblea Nacional (Sic).

8) Elegir a los magistrados, propietarios y suplentes, del Consejo Supremo Electoral de listas separadas, propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere lista presentada por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá a cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional.

9) Elegir al superintendente y vicesuperintendente General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, de listas propuestas por el Presidente de la República…Elegir a los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República de listas separadas, propuestas por el Presidente de la República y por Diputados de la Asamblea Nacional. El plazo para presentar las listas será de quince días contados de la correspondiente convocatoria para su elección. Si no hubiere listas presentadas por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los Diputados. Cada candidato debe ser electo con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional. Elegir al Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos, de listas propuestas por los Diputados, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes; debiendo alcanzar en su elección al menos el voto favorable del sesenta por ciento de los Diputados. El procurador y sub-procurador de derechos humanos gozan de inmunidad.

¿No están claramente definidas en estos tres numerales del artículos 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua cuáles son las obligaciones que los señores diputados tiene para con la nación y la población? No están ellos obligados reconocer la supremacía de la Constitución de la misma forma que el compañero Daniel está tratando de defenderla de los abusos, negligencia y omisiones sistemáticas por parte de los señores diputados?

Estamos de cara a una acción encaminada a empujar el cumplimiento de las condiciones de validez constitucional del ejercicio del poder político, que persigue resguardar y proteger los derechos fundamentales y garantías constitucionales, empujar a que el órganos del poder al que le gusta llamarse el “Primer Poder” ejerza sus funciones en el marco de las competencias asignadas por la Constitución. La validez y legitimidad del Decreto depende de la coherencia de su contenido con el sistema de valores y principios constitucionales que nos hemos impuestos, ya que la Constitución es la norma fundamental que consigna los valores supremos, principios fundamentales y asimismo consagra los derechos fundamentales de la personas

*Profesor de UCN