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Desde que los abogados de Clinton lograron convencer al Congreso de los EU que el acercamiento y contacto físico entre el que fuese Presidente de esa nación y la señorita Lewinsky no podía considerarse como tener sexo, todo mundo y todos los que en el mundo siguieron la noticia, debieron quedar convencidos de que en materia de Derecho Político, el infinito se manifiesta y objetiva.

Esto porque como al fin y al cabo la discusión jurídica era política y no de medicina o sexología, y lo político es el quehacer de los políticos, entiéndase de la clase política; arduo trabajo que desarrolla esta sacrificada clase, incrustando a sus personeros en las instituciones políticas de gobierno, los llamados poderes del Estado y órganos de creación constitucional; así como en otras instituciones, que aun y cuando no son de gobierno, son igualmente de naturaleza política y participan activa y beligerantemente en ese quehacer, léase: partidos sin representación parlamentaria, organismos de la llamada sociedad civil, gremios empresariales, inclusive, etc.

Así, desde las profundidades y laberintos infinitos del Derecho político, o mejor dicho por respeto a los juristas, desde las profundidades y laberintos infinitos de la discusión que en aras del supremo interés de la nación y de la patria, desarrollan los políticos, estos suelen confundir e intentan arrastrar a la población a la confusión desde su posición de “cancilleres del sello de la pureza”, Constitución con Orden Constitucional y ahí comienza el entuerto.

La afirmación de que la Constitución es la ley suprema, es: mitad verdad, mitad mentira. Cuando hablamos de leyes en plural, como la objetivación social consensuada de la necesidad de reconocer algún derecho, imponer alguna obligación o describir una conducta para prohibirla y castigarla o permitirla, hablar de leyes en plural, ergo de la Constitución como ley suprema es válido, es verdad; pero cuando hablamos de la Ley, así singularizada y con mayúscula, nos referimos a esa parte única e indivisible del fenómeno jurídico que imputa normativamente sobre la Persona -también en singular y mayúscula-; así, cuando hablamos de Ordenamiento Jurídico, no hablamos del Digesto, o inventario de leyes, del ideal de persona y del ideal que resulta de la Ley; igualmente, cuando hablamos de Orden Constitucional, no nos referimos al catálogo de disposiciones organizadas en Títulos, Capítulos y Artículos, de entre los cuales podemos -o pueden los políticos- espulgar inclusive un párrafo para determinar, más allá de los sexólogos y de la realidad material qué cosa es una relación sexual.

El Orden Constitucional es el resultante ideal de la filosofía e ideosincracia de una nación, asentada en un territorio y fundida en paradigmas que objetiva mediante el fenómeno jurídico llamado de Formación de la Ley, una singularizada, formada mediante un procedimiento especial, por un órgano creado única y exclusivamente para tal fin a la que se da el nombre de Constitución Política, cuyo conjunto de imputación normativa tiene como objeto no a las personas naturales o jurídicas que ella misma reconoce y a las que confiere derechos, garantías y límites, sino al Estado mismo como persona.

En un quehacer legislativo serio que se desarrolle en el marco del orden constitucional, suele haber y a veces inevitablemente hay leyes, así singularizando el término, que rocen, contradigan o violen una disposición del Orden Constitucional; entonces, la Constitución misma establece los procedimientos para su corrección; sin embargo, cuando la clase política desde los órganos de gobierno y otros que aún no siendo de gobierno, donde incrusta sus personeros dicha clase o casta para no discutir con Marx (ni con Karl, ni con Groucho), actúa no dentro del humano margen de error inevitable, lesionando la Constitución, sino obviando su existencia; y cuando unos y otros órganos y personeros en complicidad callan, aplauden o simplemente gritan como plañideras, ya no podemos hablar de inconstitucionalidad, porque el presupuesto de la inconstitucionalidad es el reconocimiento, más que de la Constitución del Orden Constitucional, sino de un comportamiento gubernamental aconstitucional; es decir, sin Constitución.

¿Por qué no se publican los resultados finales de los procesos eleccionarios?; ¿por qué a hurtadillas, se juntan grupos de magistrados del orden jurisdiccional y emiten documentos a los que llaman sentencias?; ¿por qué la Junta Directiva de la Asamblea nacional no abre la convocatoria para llenar un cargo cuando éste queda vacante?; ¿por qué alguien de quien se dice fue electo Presidente de la República –pues nunca vimos las actas finales- se proclama “coordinador de la armonía” de los órganos e instituciones del Estado de Nicaragua? Porque la clase política ha sobrepasado los límites del Orden Constitucional y obvia la existencia de la Constitución.

Finalmente amigo lector, la pregunta del millón ¿por qué cree Usted que son los Partidos Políticos o los organismos de la Sociedad Civil los que deben actuar y no Usted –así en mayúscula y singularizado? La situación aconstitucional que vivimos no es un problema de representantes, es de Ciudadanía que sólo se construye mediante la acción directa del ciudadano, haciendo uso de los recursos legales que el Orden Constitucional, ignorado por la clase política, pone a disposición de todos.


*Profesor Adjunto de Derecho Procesal Civil UCA