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No puede considerarse extraño la actuación acontecida el sábado nueve de enero de 2010, en la plaza Omar Torrijos, de parte del presidente Ortega, cuando se sabe que de manera insólita efectúa constantes violaciones a los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución a los ciudadanos nicaragüenses.

Es facultad indelegable e indiscutible de la Asamblea Nacional todo lo relacionado con legislar, esto abarca sin duda alguna la facultad conforme lo prescrito en el arto 138 literal 7, 8, 9 Cn. de proceder al nombramiento de los distintos funcionarios públicos de los poderes del Estado.

Aparte de violar esa facultad indelegable a legislar que por mandato constitucional corresponde a la Asamblea, así también viola el principio de legalidad administrativa establecido en el arto. 183 Cn, que reza que ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política de la República y leyes de la nación, y viola la independencia que tienen que mantener los poderes del Estado conforme lo establecido en el Arto. 129 Cn, preceptos constitucionales que en conjunto con la Carta Magna fueron despedazados al dictar el presidente Ortega ese decreto.

El alegato del vacío de poder y de caos que alega Ortega no es valedero cuando ni siquiera ha llegado el momento de proceder a la elección de dichos cargos públicos.

No podemos dejar pasar desapercibido el hecho recién acontecido en relación con el decreto ilegal de prórroga de cargo de funcionarios públicos dictado por Ortega, el que quebranta el Estado de Derecho y la institucionalidad.

Asimismo, hay que considerar que para proceder al nombramiento de los cargos públicos a ocupar es indispensable la obtención de los 56 votos en la Asamblea Nacional, para lo que es imprescindible la presencia de la fracción orteguista en el Parlamento, de la que obviamente se espera que por astucia política no ofrezca sus votos para su elección, alegando no estar conforme con las ternas de candidatos presentadas por los opositores, esto con el fin de que los funcionarios públicos mantenidos en sus cargos mediante el decreto ilegal de prórroga, queden de forma indefinida, lo que naturalmente propiciará las condiciones para el fraude en las elecciones presidenciales de 2011.

El proyecto de consolidación del poder de Ortega cobra más fuerza que nunca ante una oposición dividida, cobarde y pactista por lo que respecta al lado del ex presidente Arnoldo Alemán.

Lo acontecido el sábado nueve de enero en relación con el decreto ilegal dictado por Ortega, que prorroga la estadía de los diferentes cargos públicos en las diferentes instituciones del Estado es una prueba más de lo decidido y desesperado que está Ortega de entronarse en el poder, y a la vez un reto que tenemos los diferentes sectores del país de oposición a Ortega, llámese Sociedad Civil, Partidos Políticos, Iglesia Católica, Cosep, Amcham y pueblo en general, de preguntarnos cuánto más estamos dispuesto a aguantar de las constantes violaciones flagrantes a la Constitución de la República que emprende Ortega de manera constante y sin límite alguno para con nosotros.