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Con el decreto presidencial que prorroga provisionalmente el período vencido de magistrados y demás funcionarios en cargos que, electos por la Asamblea Nacional, deberían estar siendo ya ocupados por los ciudadanos que considere idóneos este Poder del Estado, no consiste en que el presidente haya designado nuevos funcionarios en esos cargos, que es la imagen proyectada por la oligarquía y la derecha en general. El presidente no está nombrando a nadie, sino prorrogando el período vencido de los funcionarios en cuestión debido a la violación de la ley por la Asamblea Nacional, al negarse ésta a elegir y nombrar a los nuevos magistrados, contralores y procurador.

Es decir, el decreto no tiene vida propia: existe en tanto la Asamblea Nacional se niega a ejercer su papel, y está vigente en la misma medida en que la Asamblea Nacional no haga uso de sus atribuciones, por su libre y espontánea voluntad de no hacer uso de éstas; de la Asamblea depende, pues, la culminación del tiempo que dure la prórroga, ya que ésta llegará a su fin en el momento mismo en que los diputados de la derecha se dignen a cumplir con sus funciones, de cuya supuesta y en realidad falsa usurpación se quejan. Por tanto, la situación sigue bajo control del Poder Legislativo, tal como la Constitución establece que debe ser; por lo cual no hay inconstitucionalidad alguna en el decreto presidencial.

Si esto fuera un golpe de Estado, sería en todo caso un auto-golpe que se estaría dando a sí mismo el Poder Legislativo por inoperancia intencional, cuyo objetivo es crear la inestabilidad en el país con el vacío que surge de la no elección de los funcionarios y ante el cual, el presidente no tiene otra opción que buscar una salida en aras de mantener el orden y la estabilidad, tal como corresponde a sus atribuciones. Si algo está claro aquí es que una cantidad suficiente de diputados pertenecientes a los partidos de derecha, tiene paralizada la elección de magistrados, contralores y procurador de derechos humanos con el propósito deliberado y descarado de crear el desorden, la ingobernabilidad y la inestabilidad, motivados por puros intereses politiqueros; es decir, el presidente no está usurpando funciones a los diputados, por la sencilla razón de que no les está impidiendo ejercerlas: está tomando una medida frente al hecho de que ellos se niegan abiertamente a ejercer esas funciones a sabiendas de que tal actitud afecta la estabilidad del país, cuya defensa es atribución del presidente, quien en este caso hace uso de ella en una situación específica no prevista por la Constitución y las leyes, vacío que es aprovechado por la industria mediática de la derecha para manipular la situación creando entonces la inestabilidad como se diría en buen nica, a puras tapas; porque si su queja es que la selección de los funcionarios mencionados no es una atribución del presidente, sino del Poder Legislativo, pues no hay nada que le impida a éste ejercerla: el presidente no ha seleccionado a ningún funcionario cuya selección corresponda a la Asamblea Nacional, sino que ha legalizado la prórroga del período de los funcionarios que en su momento fueron seleccionados precisamente por la Asamblea Nacional, la cual ahora se niega a hacerlo para el siguiente período y continúa negándose a pesar de la insistencia del presidente en invitarla a que cumpla sus funciones; ya que obligarla no puede, precisamente porque no es un dictador.

En resumidas cuentas, no ha habido elección de magistrados, contralores y procurador de derechos humanos porque la derecha (no el presidente Daniel Ortega ni el FSLN) está impidiendo que la Asamblea Nacional (que es a quien corresponde hacerlo) lo haga. Por tanto, la única solución definitiva del problema es que los políticos de la derecha dejen de cacarear y se pongan a trabajar; la solución provisional, es el decreto presidencial que prorroga el período de los electos previamente en vista de que a quienes corresponde hacerlo, no eligen a los que deben ejercer esos cargos en el nuevo período. Los diputados de la derecha reclaman que son ellos quienes deben elegir a los funcionarios, pero no lo hacen. Y no lo hacen, sencillamente porque su forma de crear la inestabilidad es plantear que, o se elige sólo a los que ellos quieren (sin tener los votos suficientes para hacerlo) o no hay elección. Es decir, condenan la negociación y ejercen el chantaje (que es aún más condenable, según los criterios mismos con que condenan la negociación), siendo además la primera indispensable debido a que algunos de ellos mismos, principalmente el MRS, decidieron en 1995 que sólo podía elegirse magistrados y demás cargos en la Asamblea Nacional con voto calificado. Conclusión: para ellos el chantaje es más democrático que la negociación; y tomar como rehén la estabilidad del país es para ellos más cívico que el llamado del presidente a que ejerzan sus funciones, que por tanto él no les está suprimiendo, sino todo lo contrario: está haciendo todo lo que está a su alcance dentro de las limitaciones que la democracia le impone, para que hagan uso de esas funciones que según ellos les están siendo anuladas. Mayor cinismo, imposible.

El colmo es que el banquero metido a político que se presenta a sí mismo como líder de la oposición (y cuya asistente personal está en la lista de candidatos a magistrados “imparciales” y “apolíticos” propuesta por los empresarios que le son afines) ha llegado a proponer, exhibiendo su idea de democracia, nada menos que la destitución del presidente por haber emitido el decreto en cuestión. ¿Qué tal si él fuera el presidente y la Asamblea Nacional se negara a elegir magistrados y contralores? Como mínimo, la disolvería al mejor estilo de Fujimori y, de negarse a ser disuelta en caso de disponer él (que por suerte no dispone) de las fuerzas armadas, desalojaría el edificio a cañonazos (pero no como los de Toño Lacayo, sino como los del campeón occidental de la democracia rusa, Boris Yeltsin, que siendo presidente bombardeó literalmente el Congreso de su país al no poderlo controlar). De estos demócratas líbrenos Dios, que de los dictadores nos libramos nosotros.

Otra idea que anida en las cabezas de la derecha es anular en la Asamblea Nacional el mencionado decreto presidencial. Pero al argumentar sus voceros que éste es nulo, pierde sentido su anulación, pues lo que es nulo no se puede anular, porque ya está anulado de antemano. Si por el contrario, no es nulo, tal como lo está reconociendo la derecha al quererlo anular, su legitimidad resultante y la condición que en tal caso tendría como presidencial por su naturaleza misma –debido a que entonces sería reconocido como un decreto para cumplir la función presidencial de mantener el orden en el país– lo hacen técnicamente imposible de anular por otro Poder del Estado distinto al propio Poder Ejecutivo que lo emitió.

Es decir, si aquí hay algo nulo es la anulación misma, y por tanto la manera más práctica (y la única legítima) que tiene la derecha de dejar sin validez el decreto presidencial que tanto le disgusta, es haciendo que sus diputados cumplan su función de elegir a los funcionarios que corresponde. El tiempo de vigencia del decreto presidencial está pues, en manos de quienes están en su contra.

Al no elegirse estos funcionarios por la razón que sea, ¿por qué la derecha se muestra más preocupada por la prórroga en el mandato de los anteriores que por avanzar en elegir a los próximos? ¿No debería ser más bien un alivio para la Asamblea Nacional que al no haber consenso sobre los candidatos o sobre el método a utilizar para su selección, el Poder Ejecutivo haya encontrado alguna manera de prorrogar provisionalmente el período vigente para evitar una crisis institucional, en tanto no se logre hacer la elección? La respuesta es sencilla: el interés de la derecha es precisamente que haya crisis institucional, porque sin ella le sería imposible ejercer el chantaje que pretende sobre el FSLN para, como producto de ello, recuperar el control de los poderes del Estado donde su influencia ha disminuido.

Por fin, todos aquellos “analistas” y “notables” que tanto han cuestionado la idoneidad de los candidatos sandinistas y liberales por el sólo hecho de pertenecer a sus correspondientes partidos, ya encontraron a los candidatos idóneos: ellos mismos. Tomando en cuenta las listas que andan por ahí, a quienes las han hecho sólo les falta proponer una ley que exija como requisitos para optar a esos cargos: ser antisandinista y llevar un apellido aristocrático (o en defecto de esto último, ser un hijo de casa).

Mientras existan las clases sociales y más aún, mientras sus intereses sean antagónicos, existirá el poder como mecanismo de dominación; lo cual determina su carácter político y el de la democracia, que hace de ella un instrumento al servicio de determinados intereses de clase, y eso es tan legítimo como inevitable. La democracia, por tanto, no tiene dueño; pero su principio fundamental a nivel conceptual (la mayor cantidad posible de poder para la mayor cantidad posible de personas) es incompatible con el principio capitalista de la concentración en pocas manos de la riqueza, los medios para producirla y el poder. Es por tanto, debido a su esencia dictatorial que la derecha necesita levantar públicamente la bandera de la democracia para vender su programa, mientras que solamente la izquierda es capaz de sostener esa bandera consecuentemente.