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A un gobernante autoritario, como lo ha estado demostrando ser Daniel Ortega en sus tres años de gobierno disfrazado de “revolucionario”, nunca le hará falta un pretexto seudo jurídico o político para justificar sus desatinos anti constitucionales. Su decreto del 9 de enero corriente, lo firmó –además de cómo absurdo “pueblo-presidente”– bajo el pretexto de que a él corresponde evitar el caos que se produciría con el “vacío de poder”. Sin más ni más, de hecho, está invitando a la aceptación de que el “vacío de poder”, es curable con el vacío de pudor.

Todo el mundo sabe que la única institución formalmente acéfala desde diciembre del año pasado es la inocua Procuraduría de los Derechos Humanos, la cual, dicho sea de paso, no se sabe si funciona mal o peor con el procurador Omar Cabezas, que sin nadie temporalmente al frente. Es una falla de los diputados, no comparable con la violación constitucional. Los magistrados de la moldeable Corte Suprema de Justicia, el instrumentalizado Consejo Supremo Electoral y la minusválida Contraloría General de la República dejarán de funcionar constitucionalmente hasta el próximo mes de abril, de forma que no había necesidad del decretazo.

No había ni hay tal amenaza de “vacío de poder”, sino exceso de poder que deja al vacío la Constitución. De ello han venido dejando su testimonio las constantes violaciones constitucionales. Matilde Córdoba, periodista de El Nuevo Diario, sumó ocho decretos usurpadores de funciones de la Asamblea Nacional, desde enero de 2007 a enero de 2010 (ver END 13/1/2010), entre los que se destaca por su mayor atrocidad el fallo de la llamada Sala de lo Constitucional de la CSJ.

Todo eso, forma parte del conocido manejo inconstitucional del poder. Sin embargo, nada de semejantes irregularidades serían posibles sin que mediara el elemento humano con su detestable labor aduladora, la obsecuencia sin límites –servilismo no sería exagerado calificarlo también– de políticos ubicados en los Poderes del Estado por el mismo presidente Ortega, con premeditado fin. De entre una lista de señores que se distinguen por su falta de verticalidad, bien se puede omitir sus nombres, y siempre serían identificados por la ciudadanía gracias a su actividad y al lugar que ocupan en la vida pública.

Están en posiciones políticas como magistrados en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República, diputados de la Asamblea Nacional, miembros del gabinete de Ortega, concejales en muchas alcaldías y demás instituciones, sin necesidad de contar con los incondicionales enquistados en el partido Frente orteguista.

Forman la maquinaria burocrática que dispone de los recursos del Estado para su auto promoción. Son infaltables objetos de consultas para el periodismo por iniciativa de éste y por sus propias iniciativas, pues son los únicos autorizados a hacer declaraciones a falta de una información oficial seria y responsable. Pero el hecho de ser los únicos autorizados para hablar con la prensa nacional, significa una renuncia previa de su parte a sus propios criterios, pues nada de lo que dicen puede contradecir el discurso de Daniel Ortega. Sólo están autorizados a complementar o a remendar el discurso oficial.

Además de esas peculiaridades personales del círculo gubernamental orteguista, se da por descontado el enriquecimiento acelerado que practican, lo cual no puede ser visto si no como la premiación por su actividad. Y también son caracterizados por su propia personalidad, aunque tienen en común su obsecuencia hacia Ortega, su servilismo o su incondicionalismo. Otra de sus funciones después de su cerrada y ciega defensa de las aspiraciones reeleccionistas de Ortega, es defender oficiosamente a los colegas suyos expuestos ante la opinión pública por sus muestras de corrupción.

En ese aspecto, el orteguismo supera el discurso somocista, pues éstos hacían loas sólo a sus amos Somoza, pero a los que ofrecían un lado flaco por su corrupción ante la opinión pública, los ponían bajo la defensa de abogados profesionales del mismo círculo somocista, o les echaban la guardia a quienes les denunciaban sus fechorías. El discurso de los orteguistas, aunque pretendan lo mismo, lo adornan con “principios revolucionarios”, categorías sociológicas acerca de la lucha de “clases” entre “los pobres” y “los oligarcas”. Entre los “pobres” se cuenta ellos; los “oligarcas”, son sus críticos. Pero, en general, están repitiendo el mismo culto hacia Daniel que los somocistas practicaron hacia los Somoza.

El contenido de sus discursos es teorizante, no ejemplarizante. Esto, significa que divagan en torno a planteamientos teóricos revolucionarios, pero no pueden utilizar ejemplos reales para sustentarlos. A cambio de eso, utilizan las ofensas personales. Este es un mal que sufren hasta sus intelectuales. Un ejemplo muy actual de lo dicho, es su defensa de las éticamente indefendibles acusaciones de corrupción que pesan sobre individuos como los hermanos Roberto y fulano Rivas Reyes. Como se sabe, uno es maestro-artesano y director de fraudes en el CSE; el otro, embajador de Ortega en Costa Rica, y muy ligado al Cardenal Obando, todos somocistas en el pasado. Las acusaciones de corrupción contra ellos, ya tienen carácter extraterritorial y que, de tan conocidas, parecería una necedad repetirlas.

Pues bien, la defensa de los Rivas Reyes es una típica muestra de oficiosidad insustancial: elevadas figuras del orteguismo, desde magistrados hasta embajadores, dejan de lado toda consideración ética para adoptar –sin pena ni reparos morales– una defensa política con una actitud de cofrades de la misma parroquia, de cómplices, de amigos con espíritu de secta o de mafia. Muy distantes de la altura de sus cargos, lo cual los hace aún más vulnerable su exposición ante la opinión pública. Su único recurso de su oficiosa defensa, es el mismo discurso del presidente Ortega, repetido hasta por el último de los activistas progubernamentales: el tristísimo y raquítico argumento, de que se trata de “una campaña mediática y de la derecha al servicio del imperialismo para desprestigiar y desestabilizar al gobierno”. Y punto.

Ahí, de esta forma insustancial, los orteguistas ahogan su misión oficiosa y oficialista de hacer la defensa de los corruptos. Los orteguistas aumentan los elogios para sus defendidos igual que las ofensas contra sus críticos. Pero el resultado tiene la misma efectividad con que un enfermo alcohólico cree ahogar sus penas con unas copas demás: se hunden a sí mismos.