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Lo único que nos da seguridad, cohesión e identidad es nuestra Constitución y sus funciones fundamentales son la formación política, unidad y orden jurídico. Ella es el orden jurídico determinante de la sociedad. Estas normas jurídicas Constitucionales corresponden a la primacía respecto de todo el restante Derecho interno. De ahí que el Derecho Constitucional no puede ser derogado, ni reformado por leyes ordinarias, ninguna disposición, decreto, ni acto estatal alguno puede contradecirla. La Constitución es suprema a consecuencia que es el producto de la reunión de voluntades de las mayorías soberanas que son representadas por la Asamblea Nacional, que ahora no parece ser nacional, sino el patrimonio de un partido. La superioridad de la Constitución resulta, de que organiza las competencias, la vida de los ciudadanos, y por ello al ser creadora de competencia, es superior a las autoridades investidas por ella para servir al pueblo.

La eficacia de la Constitución como imperio de la ley permite el respeto a la dignidad humana y a la autonomía soberana con sus derechos que le son inherentes, crear y limitar el poder a través del reparto de atribuciones y competencias entre los diferentes poderes del estado, esto permite simetría del poder e impide el absolutismo exacerbado y la dinastía.

Cada vez que nuestra carta magna es manoseada, abusada e ignorada la soberanía de todo un pueblo se ve disminuida, afectada y vulnerabilizada. Los nicaragüenses perdemos los referentes jurídicos, éticos y morales. Nos vemos afectado en la convivencia social, se impone una clase social sobre otra que esta siendo avalada por el exabrupto jurídico de segundo grado, con pretensiones de anteponerse al consenso de la nación.

Las autoridades que han sido ungidas de poder para servir al pueblo, son las primeras responsables de respetar y cumplir con los estamentos que funcionan como ley suprema. De no hacerlo y violar la Constitución ante la cual se han comprometido a cumplirla y hacerla cumplir caen en prevaricato y lanzan a todo el pueblo a una anarquía o práctica subversiva del orden social.

Todo este barrunto de artificios jurídicos persigue el poder absoluto y ya Jacobo Burckhardt (1892) afirmó que el “poder es malo en sí”, aunque el no se refiere al poder en general, sino al poder puesto en absoluto. “Esto además de ser un juicio ético de valor, es a la vez una comprobación politológica: cuando el poder llega a tener un fin en si mismo, pierde su función social, cuando se cultiva la política solo para llevar al político al poder o para mantenerlo en el poder, la polís, la cosa pública sufre perjuicios irreductibles”. Y el orden constitucional que nunca debe ser arbitrario, ni puesto en tela de duda; la institucionalidad que debe acatar el corpus jurídico Constitucional para que la gobernabilidad sea transparente y propositiva a fin de que los gobernados gocen de un estado de derecho y sientan que viven en una república con responsabilidad y libertad.. Así podríamos decir que somos respetados y valorados como sujetos dueños de nuestra propia historia y determinación como pueblo.