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Después de tres años de (des) gobierno, el Presidente Daniel Ortega no deja de sorprendernos cotidianamente con sus anuncios, sus actos o sus flagrantes omisiones contra la legalidad, las instituciones y sobre todo contra las esperanzas del pueblo nicaragüense.

Los y las nicaragüenses hemos sufrido sus desatinos, su ineficiencia como estadista y los continuos atropellos a los derechos ciudadanos a causa de su insana obsesión de continuismo en el poder.

A lo largo de su administración, el Presidente Ortega ha estado ciego, sordo y mudo ante los problemas mas acuciantes de toda la población, es así como el desempleo y la consiguiente migración de nuestra mano de obra y fuga de cerebros ha alcanzado niveles insospechados; la salud y la educación, a pesar de la propaganda gubernamental sobre su gratuidad, se encuentran en una precaria situación, puesto que los hospitales carecen de medicinas e instrumental médico, las enfermedades endémicas azotan a la población más pobre; las escuelas literalmente se derrumban y no hay suficientes plazas para los docentes que requiere el país; ha habido incapacidad para enfrentar los desastres naturales y apoyar la población que ha sufrido los embates de la naturaleza; los salarios cada vez son mas míseros en relación al deterioro causado por el alto costo de la vida y la inflación; las poblaciones mas alejadas, sobre todo las del norte y las del Caribe han sido dejadas a la buena del cielo, siendo presa fácil de grupos delincuenciales madereros y del narcotráfico; hay incapacidad para impulsar verdaderos planes de desarrollo económico, beneficiando e interlocutando con un sector del empresariado, dejando al margen a la pequeña y mediana empresa; la población campesina productora tradicional de granos básicos ha sido dejada en el abandono, siendo victima de fenómenos como el “niño”, sin que tengan alternativas productivas y de apoyo del gobierno.

El presidente Ortega ha venido gobernando sin buscar el diálogo necesario con todos los sectores nacionales para enfrentar la crisis económica nacional e internacional. El consenso social es una palabra inexistente en su esquema político, aún cuando publicitariamente utiliza lemas de “unidad y reconciliación”, “solidaridad”, “socialismo del Siglo XXI” y otros.

En estos tres años el presidente Ortega ha estado concentrado únicamente en la continuidad en el poder por el poder. El Estado de Derecho, la Constitución, las leyes y las instituciones, cuando no le son necesarias, se vuelven un obstáculo que quita del camino, acompañándola de toda una propaganda gubernamental para justificarse al mejor estilo de Joseph Goebbels (Ministro de la propaganda e información de Hitler).

De esta manera, hemos visto numerosos actos de asentamiento del autoritarismo del Presidente Ortega, entre ellos: la sujeción personal del Ejercito y la Policía eliminándole facultades institucionales a los ministerios respectivos; la creación de estructuras para-partidarias y para-estatales de sujeción personal y familiar; el control financiero y político de la difusión y comunicación estatal, negando el acceso a la información pública; la represión política mediante bandas o pandillas delincuenciales; la represión mediante las instituciones estatales, como la DGI, DGA y la utilización del sistema judicial; la promoción de la impunidad de aquellos que actúan como nuevos esbirros en la persecución y represión de la sociedad civil. El fraude electoral del 2008 marcó una nueva etapa en la búsqueda de la hegemonía total de las instituciones, siendo éste el fraude mejor documentado de la historia nacional.

La obsesión reeleccionista y de continuidad en el poder, nos dejó una sentencia espuria, con la que pretende, por la vía de la Corte Suprema de Justicia, abrir la puerta de la reelección, en un claro y demencial abuso de facultades de la propia Corte Suprema de Justicia, declarando la inaplicabilidad del artículo 147 de la Constitución, posibilitando según ellos, la reelección, violando así la Constitución Política, produciendo conflicto de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo.

El nuevo año nos recibe con un nuevo decreto con el que pretende prorrogar el ejercicio de las funciones para aquellos a quienes constitucionalmente se les vence su período, pues por circunstancias particulares en este año se realiza el nombramiento de 23 cargos en los poderes e instituciones del Estado.

Estos nombramientos y particularmente el nombramiento de los magistrado del CSE, abre una gran oportunidad a la ciudadanía para que por las vías cívicas y legales, hagamos los cambios para rescatar la institucionalidad del país, sin traumas ni derramamientos de sangre; sin embargo para que esto sea posible es necesario cambiar los mecanismos de elección de estos funcionarios.

Si se deja en manos de los operadores del Pacto, es decir en manos de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, o sus incondicionales, perderemos esta oportunidad histórica. Si se elige diferentes funcionarios según el sistema de “cuotas” establecidas por el Pacto, cambiaran las caras, pero todo seguirá exactamente igual. ¡NO caigamos en la trampa!
Los y las ciudadanas de este país necesitamos hacer oír nuestra voz, necesitamos exigir que se nos respete y eso implica que se cambie el sistema de elección de los funcionarios de los poderes del Estado. Somos nosotros quienes debemos exigir a los diputados que se elijan a los funcionarios idóneos, y eso únicamente lo lograremos con movilización popular. La ciudadanía debe encontrar y proponer a las personas idóneas, honestas que van a ayudarnos a que ¡Nicaragua vuelva a ser República!