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Nunca antes en nuestra historia se ha debatido e interpretado tan a fondo el significado de la Constitución Política, tanto por juristas como por legos en derecho. Los primeros a través de los medios de comunicación de masas, en las aulas de las universidades o entre colegas; los segundos en las calles, en el transporte colectivo, en lugares públicos como bares y restaurantes, pero sobre todo en la “tranquilidad” del hogar. Debates que en esencia se han centrado en la supremacía, en la división de poderes, en el control y procedimiento de las reformas constitucionales establecidas en los Títulos VIII y X. Así como de las interpretación sui géneris que los políticos hacen de la misma, algunos de ellos paradójicamente docentes universitarios.

La mayoría de nuestro pueblo, con o sin preparación académica, entiende que la Constitución Política es la norma suprema o sea el marco legal de todo nuestro ordenamiento jurídico, de manera tal que prácticamente esa mayoría no ignora que jerárquicamente la Constitución debe prevalecer sobre cualquier ley posterior y que se le contraponga. Por consiguiente, en base a ese razonamiento sencillo y preciso los ciudadanos comunes (obrer@s, comerciantes, artesan@s, amas de casa, etc.) suponen la existencia de normas de distinto rango, de manera que aquella que esté en un peldaño superior de la escala, destruye a la norma inferior. Entonces, cabe preguntarnos: ¿Por qué los políticos actúan ignorando la supremacía de la Constitución? Será por “lealtad”, como dijera en su momento el diputado Agustín Jarquín Anaya, en entrevista que le hiciera el periodista Fabián Medina (La Prensa, 16-01-10).

Lealtad a intereses personales, de grupo o partidarios, no así a la institucionalización del poder, cuando se desobedece el mandato constitucional que tienen el Ejecutivo y los Diputados en consulta con las Asociaciones Civiles, para que, mediante el voto favorable del 60% elegir al Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, cargos actualmente vacantes.

Desacatos o “absurdos”, como diría el Vicepresidente de la República, que generan absurdos mayores como el Decreto 10-01-010, en el que se prorroga el cargo de 23 funcionarios públicos. Decreto, considerado inconstitucional hasta por los aliados a nuestro gobierno como es la opinión de la Diputada de la Convergencia y Reconciliación Nacional Miriam Arguello, quién en el programa dominical, “Esta Semana” del periodista Carlos Fernando Chamorro (17-01-10), citó el art. 129 Cn: “Los poderes Legislativos, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución”.

Otra de las probables causas de esas interpretaciones sui géneris de nuestros políticos, sobre la Constitución Política, es cuando por intereses propios de la coyuntura se le define como un “conjunto de normas jurídicas, recogidas en un documento solemne, que consagran los derechos individuales y la división de poderes, y que para su modificación requieren de un procedimiento más complejo que el utilizado para modificar cualesquiera otra ley, las cuales recurren a ella para efectos de validez”.

Es decir, que en determinado momento razonan y actúan como formalistas-positivistas; y en otra coyuntura, lo hacen con visión sociológica, definiéndola en esta ocasión como “la forma de organización del poder político, por tanto un conjunto de decisiones políticas fundamentales que determinan el ‘ser’ de la organización política de nuestra sociedad”. En este sentido, el profesor Blanco Beteta amigo y vecino, argumenta que jurídicamente se podrá considerar un desacierto el Decreto10-01-010, pero que políticamente es lo más acertado, pues, ha obligado a los diputados opositores a trabajar en ese sentido. Son muchas las opiniones entre ellas que se puede tratar de un lapsus o de una mala asesoría jurídica ¿qué opina usted al respecto?

*Sociólogo y abogado / docente universitario