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Ph.D.*

La designación de funcionarios por la Asamblea Nacional es uno de los mejores ejemplos de la disociación entre la norma (regulación jurídica) y la praxis política (ejercicio político) en Nicaragua. Dicha situación, por lo general, genera una violación al ordenamiento jurídico. La norma existe pero los Poderes Públicos la violan.

Las regulaciones normativas sobre el tema de la designación de funcionarios por la Asamblea Nacional (Constitución y Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua) son bastantes explícitas. La competencia es de la Asamblea Nacional, teniendo una participación limitada el Presidente de la República, al proponer un listado de candidatos (previa consulta con asociaciones civiles pertinentes), a la Asamblea Nacional (art. 138 incs. 7, 8, 9, 150 inc. 14 Constitución). La Constitución no regula con precisión todo el procedimiento de designación, sin embargo, aporta elementos esenciales tales como: a) los sujetos legitimados a proponer candidatos (iniciativa), b) la consulta con asociaciones civiles pertinentes, c) el tipo de votación (mayoría calificada del 60 %), d) causales de activación del mecanismo (mandato, muerte, renuncia, destitución, entre otras), e) prerrogativas (inmunidad), y f) una Reserva de Ley para regular con precisión la materia, partiendo, como es lógico, de los elementos señalados en la Constitución (art. 138 incs. 7, 8, 9, 11).

En ese sentido, el artículo 138 inc. 11 Constitución, es desarrollado mediante la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua. El artículo 128 de la Ley en mención señala que el procedimiento de designación se activa cuando se produce “la vacante” de uno o varios de los cargos, según las “causales previstas en la Constitución Política o en la Ley”. En términos sencillos, ello implica, que mientras no exista vacante, no hay activación del procedimiento. Posiblemente, este tipo de configuración jurídica no es el más adecuado en Nicaragua debido a las tensiones políticas que genera la designación de estos cargos.

El Decreto Ejecutivo No. 3-2010, publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 6 de 11 de enero de 2010, es uno de los mejores ejemplos de lo aquí sostenido. Con la emisión del Decreto, el Presidente de la República vulnera los Principios de Constitucionalidad y Legalidad señalados en los arts. 130 y 183 Constitución (los Poderes Públicos no pueden hacer más que lo señalado en la Constitución y la Ley). “Ratificar y Prorrogar” cargos de designación parlamentaria, no es competencia del Presidente de la República. ¿Cómo va a prorrogar y ratificar a alguien que no puede designar? La competencia de designar es de la Asamblea Nacional. Por mucho que se quieran destacar las bondades de prevenir el “vacío de poder” en las instituciones del Estado que se quedan y se quedarán sin los principales cargos de dirección de éstas, así como, se pretenda justificar que puede existir en este tema “responsabilidad del funcionario público” por irse a su casa cuando ha finalizado su mandato (cuestión con poco fundamento en la medida en que, la persona ha dejado de ser funcionario, y por tanto, ya no existe responsabilidad personal como funcionario, distinta a la responsabilidad estatal), y se autodesigne el Presidente de la República con funciones de “coordinación de todos los Poderes del Estado”, el hecho es que un Poder del Estado (Ejecutivo) invade el ámbito competencial de otro (Legislativo). Las buenas intenciones políticas del Ejecutivo deben, sencillamente, sujetarse al ordenamiento jurídico.

Ahora bien, si observamos que el Ejecutivo emitió el Decreto vulnerando el ordenamiento jurídico, también observaremos que la Asamblea Nacional designará funcionarios en todos los casos que “todavía no se ha producido la vacante” (con excepción del Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos y Subprocurador). Ambas situaciones por mucho que busquen “salvar a la nación” son inconstitucionales e ilegales. La praxis política volverá a avasallar el ordenamiento jurídico como ya lo hizo en el 2005 (reeligiendo a un contralor antes de finalizar su mandato), en el 2008 con 8 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no habían finalizado sus mandatos (se hizo designación de nuevos y se reeligió a otros).

Ante todas estas situaciones, los controles de constitucionalidad como herramientas jurídicas en defensa de la Constitución deberán ser activados, y quizás, lo adecuado sería pensar en reformar el artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, en el sentido de redactarlo según ha venido operando la praxis política. Antes de finalizar el mandato, iniciar el procedimiento para hacer la designación o reelección, al momento de renuncia inmediatamente designar uno nuevo o dejar temporalmente a un suplente cuando se trate de las instituciones que tienen miembros suplentes, en igual sentido, cuando se produzca fallecimiento o se declare a alguien culpable de un delito. Todo ello, podría abonar a que no se presenten situaciones de “vacío de poder”, reafirmaría el mandato constitucional de la responsabilidad del funcionario público y, por supuesto, del Estado nicaragüense. Si este tema no es tratado adecuadamente siempre tendremos los mismos problemas y sólo volverá a ser del conocimiento de la ciudadanía cuando exista de nuevo la necesidad de designar funcionarios por la Asamblea Nacional. Si no se diseña una adecuada regulación legal, posiblemente seguiremos viendo a los Poderes Públicos actuar al margen del ordenamiento jurídico nicaragüense.


*Docente universitario de Derecho Constitucional