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En nuestra relativa corta historia como república, ciento setenta y nueve años no han sido suficientes para que los políticos tradicionales se malacostumbraran a disfrutar del poder como un derecho divino y exclusivo de sus partidos libero-conservadores. Como resultado del fracaso de la revolución de 1979, los criollos herederos del poder de la España colonialista fueron desplazados por un sector social emergente medio-pelo, autollamados liberales y sandinistas, cuyas cúpulas se adueñaron del gobierno y de la oposición.

La desosegada situación en que se encuentran los políticos de las clases “altas” desplazadas del poder, en su afán de recuperarlo, les ha empujado a una alianza objetiva con sectores medios, y a cambiar el discurso tradicional por uno de factura democrática –aunque no siempre actualizado— para captar las simpatías de los sectores populares. Así como estas clases sienten presión y ahogo de sus derechos ante el autoritarismo del gobierno que preside Daniel Ortega, con su esquela pseudo-revolucionaria de presentación, así se han sentido siempre los sectores oprimidos por los sectores dominantes en su conjunto.

Mientras las cúpulas de gobierno y de oposición se han entendido a través del pacto Ortega-Alemán, dentro de la coincidencia histórica y afinidades políticas circunstanciales –que no esenciales ni mucho menos— con otros opositores, los liberales no abandonan el discurso democrático. No obstante, y como su discurso es más de formas que de contenido, surgen momentos de desasosiego en los cuales rompen la armonía del discurso con sus formas.

De ello, resulta ejemplar el caso de Wilfredo Navarro, Secretario de la Asamblea Nacional, liberal de clase media, que opera como portavoz de Arnoldo Alemán, y, en términos amplios, también de la derecha tradicional. A raíz de la presentación de los primeros candidatos a magistrados de diferentes poderes del Estado, por parte de la Cámara Nicaragüense Americana de Comercio, Amcham, Navarro tuvo una reacción de celos reveladora. Expresó su rechazo, expresando que si esta entidad y las organizaciones sociales o cualquier organismo cívico quieren tener candidatos, que hagan su propio partido político. De tal forma, Navarro reclamó la exclusividad de los partidos a tener magistrados en los poderes del Estado.

Cualquier interpretación que se haga de esa opinión, sería imposible no llegar a la misma conclusión: los políticos libero-conservadores que controlan los partidos –y están enquistados en sus directivas a perpetuidad— se arrogan el derecho a ser los únicos representantes de toda la población. De manera que los personajes propuestos no tendrían ninguna objeción de su parte, si fueran militantes activos de sus partidos o si dependieran de su voluntad.

Con esta opinión, compartida por los políticos de la cúpula del PLC y del orteguismo, no ocultan su espíritu arrogante y dictatorial, al pretender apropiarse de un derecho que nadie les ha otorgado. Es opinión antidemocrática, porque le niega el derecho de ser electo a un cargo público al resto de los nicaragüenses. Quienes, desde abajo, hacen ejercicio político contra los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses, se mal recomienda solo como el demócrata que dice ser y como opositor sincero al gobierno autoritario del orteguismo.

Esa actuación no es caprichosa, desde luego conlleva una concepción reaccionaria y la ambición de avanzar siempre hacia el bienestar material –y a veces hasta el gran enriquecimiento— a través de los cargos públicos. Y no sólo por los altos ingresos que perciben en el cargo que desempeñan, sino también por una obsecuencia práctica e ideológica ante su benefactor político, quien tiene la potestad de mantenerlos o sacarlos de la lista personal de sus candidatos.

Esta concepción política exclusivista, es una deformación de la idea de que la finalidad de todo partido es la conquista del poder político, lo cual es cierto, pero se vuelve una idea reaccionaria, antidemocrática y dictatorial cuando ese derecho partidario se le considera excluyente de los derechos políticos de los ciudadanos no organizados en partidos. A juzgar por la opinión que comentamos, que concibe los privilegios de los políticos como un derecho “natural”, fue la idea que indujo a los autores del pacto –Ortega y Alemán— a eliminar de la Ley Electoral la figura democrática del derecho de los ciudadanos de presentar candidaturas por suscripción popular.

De hecho, este arreglo creador de prebendas, supone también la facultad de ser fuente de derecho. Para los señores que medran a la sombra del Estado por efecto del pacto, éste no puede tener otro fin que servirles como un botín exclusivo e inagotable.

Luce muy extraño que las arrogantes declaraciones de Navarro hayan pasado inadvertidas para los políticos de los partidos no tradicionales y para las mismas organizaciones civiles y empresariales contra las cuales, y contra los derechos de los ciudadanos por ellas propuestos fueron expresadas. Seguramente, estos sectores tienen priorizada en su atención las maniobras que los diputados están haciendo, dizque para contrarrestar los progresivos intentos y las medidas dictatoriales de Daniel Ortega, hacia su reelección.

Si así fuera, sería un contrasentido, porque no es concebible para ningún demócrata de verdad que las agresiones contra los derechos democráticos se puedan derrotar con éxito, acompañados por quienes, aun desde la llanura, no reparan en proclamar su aversión –y su actuar también— en contra de esos mismos derechos de todos los nicaragüenses. Y si su silencio se debe a que confían en el resultado de las maniobras en las cuales están enfrascados los político libero-conservadores para, supuestamente, poner freno a las medidas autoritarias de Ortega, la opinión vertida por Navarro debería servirles de alerta para pensar y actuar diferente a la mayoría de los politiqueros enquistados en el órgano legislativo del Estado.

Ya sobran las razones a la vista de la sociedad nicaragüense, para reclamar un cambio de actitudes o –aún mejor, de la práctica— para la depuración de las fuerzas opositoras de elementos perjudiciales por ser oportunistas, desleales y demagogos. Los sectores sociales de la oposición verdadera que no reaccionen a tiempo y positivamente contra estas actitudes, tendrían que lamentar después ver enquistados en el poder por siempre a la misma persona, la misma familia y al mismo grupo, con la complicidad de políticos seudo opositores que no tienen más objetivo que seguir medrando.

Y entonces, todos lamentaríamos la duplicación de las fuerzas políticas reaccionarias del arnoldismo y el orteguismo, con todas sus aberraciones políticas, controlando el poder, el país y el pueblo.