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Con la asistencia de más de cuatrocientos miembros de un gran número de organismos de la sociedad civil, se llevó a cabo el viernes 22 de enero la Asamblea Ciudadana 2010.

La Asamblea fue convocada por la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD) y otras organizaciones aliadas de la sociedad civil nicaragüense, bajo la advocación del lema de Pedro Joaquín Chamorro: “Nicaragua volverá a ser República”, y en conmemoración de la masacre del 22 de enero de 1967, perpetrada por la dictadura somocista.

Todos los asistentes a la Asamblea Ciudadana recibieron, al momento de inscribirse, un documento de discusión que contenía un análisis del contexto socioeconómico y político en que le corresponde actuar a la sociedad civil nicaragüense en las presentes circunstancias. Además, una fundamentación de lo que significa la legítima aspiración ciudadana de que “Nicaragua vuelva a ser República”, acompañada de un Decálogo de principios, que deberá orientar el quehacer de la sociedad civil en las condiciones actuales de cierre del sistema político, creciente autoritarismo gubernamental, pobreza y desmantelamiento del respeto al Estado de Derecho y a los derechos ciudadanos.

Tras amplio e intenso debate, el proyecto de Decálogo fue aprobado por la Asamblea Ciudadana, al igual que un conjunto de demandas dirigidas a los partidos políticos y a los diputados ante la Asamblea Nacional. Acto seguido, se invitó a los jefes de las bancadas del PLC, Movimiento Vamos Con Eduardo y Movimiento de Renovación Sandinista, únicos partidos que se hicieron presentes en la Asamblea Ciudadana, a que escucharan los planteamientos de la sociedad civil y manifestaran su firme compromiso con ellos.

El Decálogo aprobado y sometido a la consideración de los jefes de bancada mencionados, expresa lo siguiente: “1. Es indispensable para la sociedad civil reconocer y debatir sobre los conflictos políticos principales, que son la falta de democracia y la creciente exclusión económica, con una sociedad rehén de una partidocracia. Por lo mismo, los foros de discusión de la sociedad civil deben llevarse a todos los municipios del país y a todos los sectores, 2. La ciudadanía sustantiva tiene como precondición la democracia real, de manera que es imperativo como ciudadanos, desarrollar la lucha por la apertura y democratización del sistema político, en contra del pacto y la partidocracia. 3. Es indispensable y urgente romper las cadenas de control de partidos autoritarios sobre individuos y organizaciones sociales y revisar modelos organizativos prevalecientes. 4. Es impostergable enfrentar el poder manipulador que ejercen partidos y caudillos, demandando el uso racional, persuasivo y legítimo del poder. 5. Es una responsabilidad ciudadana formar opinión y voluntad política, para ejercer la crítica y el control sobre el Estado y organizar la movilización y la protesta. 6. Es en el interés de toda la sociedad y la democracia, presionar por la democratización y renovación de los partidos políticos, pero además promover la creación de partidos políticos modernos, democráticos, paritarios y con amplia y efectiva participación de la juventud, para promover el relevo generacional, concebidos como organizaciones de derecho público, sometidos al control social y ciudadano, para que cumplan con las funciones que les corresponden. 7. La democracia deseable es aquella que no sólo se legitima por el hecho de garantizar libertades y autonomías, sino también por la puesta en vigor de procesos de justicia social y por el fomento político de tendencias redistributivas y de capacitación de la ciudadanía. 8. Es importante retomar la promesa de convivencia y de buen gobierno de la cosa pública que encierra la tradición republicana. 9. La virtud cívica es la piedra angular del orden republicano, que está compuesta de tolerancia, espíritu público, interés de saber qué pasa en la esfera pública y de una cierta medida de confianza en la propia capacidad y la de la ciudadanía para intervenir y modificar las condiciones de vida compartida. Ello presupone concebir al ciudadano como ser dotado de raciocinio y de una ética de la responsabilidad y de las convicciones, capaz de actuar con cierto desprendimiento en nombre del bien común. 10. La sociedad civil es un espacio para la formación tanto de la virtud cívica en los ciudadanos, como de una “clase cívica”, que se preocupe por la cosa pública y que asuma que la política es un bien común y no puede ser usurpada por una clase política. Es indispensable la sustitución de los caudillos, por verdaderos estadistas, con el respaldo de una fuerza política democrática y progresista, para restablecer el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática”.

En concordancia con dichos principios, también se demandó a los jefes de bancada presentes que comprometieran a sus respectivos partidos con las demandas de la sociedad civil siguientes: “1. El respeto total y obediencia absoluta a la Constitución de la República y en particular el Artículo 147, que prohíbe la reelección consecutiva y por más de dos veces a la presidencia de la República. 2. Rechazar el golpe de Estado contra la Asamblea Nacional, derogando el decreto del 9 de enero de 2010 emitido por el presidente de la república y rechazar todo nuevo intento de desinstitucionalización del Estado. 3. No elegir ninguno de los funcionarios que deben ser nombrados por la Asamblea Nacional en 2010, mientras no se escoja para esos cargos, de acuerdo a los preceptos constitucionales, a personas capaces, honestas e imparciales, en consulta con la sociedad civil, tal como lo mandata la Constitución. 4. No reelegir a ninguno de los actuales Magistrados Propietarios y Suplentes del Consejo Supremo Electoral y de los otros poderes del Estado y elegir personas capaces, honestas e imparciales que gocen de la confianza y el respeto de la ciudadanía y de todas las fuerzas políticas contendientes, a fin de asegurar el respeto absoluto a la voluntad popular expresada en elecciones libres, transparentes y honestas. 5. Una transformación profunda en el Consejo Supremo Electoral, del marco electoral y de todas las estructuras del Poder Electoral, que garantice la transparencia y respeto al voto ciudadano. 6. Abocarse a la construcción de un proyecto nacional incluyente y sin discriminación como tarea colectiva y no de grupos o partidos, que tenga la democracia como base de la convivencia social y de las libertades conquistadas y el respeto a los derechos humanos. 7. Defender el interés general por sobre los intereses partidarios o grupales”.

También la Asamblea denunció la compra espuria del Canal 8 por constituir un instrumento para controlar los medios de comunicación y limitar el derecho ciudadano a la información. Los representantes del MRS, Enrique Sáenz, de Vamos con Eduardo, Martínez Cole, y del PLC, Ramón González, tomaron la palabra y expresaron sus coincidencias con los planteamientos de la sociedad civil y se comprometieron a respaldarlos.