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La elección en 1990, de las primeras autoridades Regionales, marcaba un hito en la historia de Nicaragua y de Latinoamérica, quedaban atrás “años de marginación y de ser tratados como ciudadanos de segunda categoría”. Este hecho se vio empañado con la aprobación tardía de legislaciones tan importantes como la Reglamentación del Estatuto de Autonomía y la Ley de Demarcación y Titulación de la Propiedad Comunal, aprobados hasta 2003, casi 16 años después.

Al igual que en Nicaragua, los samis, una población indígena en noruega, adquieren en 1987 el estatus Constitucional de Ciudadanos y el uso oficial de su lengua. Anterior a eso e igual que los indígenas y afrodescendientes en el Caribe de nuestro país, fueron tratados como ciudadanos de segunda categoría y víctimas de un proceso de norueguisación y exterminio de la cultura.

Hasta la fecha en Nicaragua se han establecido sucesivamente 6 Consejos Regionales Autónomos y en noruega se han establecido 6 parlamentos sami (los parlamentos samis, están compuestos por 39 miembros y se eligen cada 4 años), sin embargo, en Nicaragua, a diferencia del parlamento sami, aún se observa en los Consejos Regionales una débil institucionalidad autonómica.

Quizás sea ignorante de mi parte el querer comparar a indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, con los sami en noruega, pero después de leer rápidamente y de comparar groso modo las bases legales e históricas de los dos procesos autonómicos, he llegado a la conclusión de que son procesos similares. Ellos al igual que nosotros fueron tratados como ciudadanos de segunda categoría, pasaron un proceso de aculturalización, en donde se prohibió el uso de su lengua, la práctica de su cultura, la apropiación de sus territorios y el manejo de sus recursos naturales.

Igualmente lograron su autonomía, constituyeron su foro político de discusión (el parlamento Sami) y han podido consolidar su institucionalidad a tal grado que anualmente el gobierno de noruega asigna de manera ascendente la cantidad de 311 millones NOK de Coronas Noruegas, equivalente a 51 millones de dólares, cuando aquí nosotros todavía estamos limosneando, pese a tener el control legal de todos los recursos naturales e hídricos del país.

En Nicaragua, contamos con marcos jurídicos en los que se establecen las facultades inherentes a los Concejales Regionales, no hemos podido ni siquiera terminar con el proceso de demarcación, que ya tiene muchos años, ni emplear a plenitud la Ley de Lengua, ni siquiera dentro de las instituciones propias del proceso autonómico, menos aún el Sistema Educativo Autonómico Regional, y ni hablar de los Modelos de Salud y de la Justicia Comunitaria.

Al inicio del proceso de autonomía, cuando éste estaba en pañales, era lógico culpar siempre al Gobierno Central, como a un padre que no atiende bien a su hijo. 16 años después y ya con un proceso en plena adolescencia, con una visión más formada de nuestro proceso de autonomía y mucha más autodeterminación, gracias al marco jurídico y a las universidades BICU y Uraccan, comenzamos a ver que quizás la culpa no es de otros, sino de nosotros y nuestra falta de visión autonómica.

Claro que no hay que olvidar al gobierno central y sus intromisiones en la vida política y de los políticos de la región, a quienes manejan según mi opinión personal, como adolescentes, que no tienen voluntad propia, ni iniciativa.

Quizás sea mucho más fácil elegir a representantes del parlamento sami en noruega, puesto que todos pertenecen a una misma etnia y pese a sus diferencias ideológicas partidarias, tienen una misma visión de desarrollo de su pueblo. En cambio nosotros, diría un sociólogo, tenemos que conciliar las diferencias entre las 6 distintas etnias, en la RAAS y las 4 en la RAAN, sumado a las diferencias ideológicas partidarias y la falta de una visión única de autonomía y desarrollo regional, la tarea es más difícil.

Sin embargo, durante un día cada 4 años, la culpa no recae sobre el Gobierno Central, ni sobre los Consejos Regionales, recae sobre nosotros los votantes. El pueblo multiétnico de la Costa Caribe, indígenas, afrodescendientes y mestizos, somos nosotros los responsables de elegir a nuestras autoridades regionales y de vivir durante 4 años con esa decisión, sea esta buena o mala.

Es por esto que corresponde a todo costeño y costeña, indígena, afrodescendiente y mestizo, ejercer este 7 de marzo su Derecho Universal al Voto, cambiar los estigmas de desinterés y abstencionismo que tanto se nos critica a nivel nacional y desacredita ante los ojos de aquellos que no entienden, el valor real del proceso de autonomía. Este 7 de marzo debemos de salir a elegir candidatos comprometidos con el Proceso de Autonomía y que sepan “demandar de hecho lo que es nuestro por derechos”.


*Movimiento Jóvenes Estableciendo Nuevos Horizontes.