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De forma no poco perceptible, la sociedad nicaragüense está regresando a un peligroso estado de primitivismo salvaje. La pugna de todos contra todos, propia de los seres presociales, es decir, de esas hordas humanas que todavía no habían creado pactos para protegerse mutuamente, está cada vez más presente en Nicaragua.

El filósofo inglés Thomas Hobbes (1588 – 1679) entendía que los seres humanos nacen con instintos que determinan su comportamiento, tales como el amor y el odio, el placer y el sufrimiento, y que éstos no son más que meras manifestaciones de su esencia animal. Segismundo Freud (1856 – 1939), el constructor del psicoanálisis parece secundar a Hobbes al afirmar que si bien el amor es una fuerza que integra a los individuos, el odio, el sufrimiento y aún el placer o el deseo, son fuerzas que si no se canalizan, irrumpen dentro del orden social y pueden incluso quebrarlo.

Pero Hobbes es mucho más apasionante que Freud porque vincula el estado primitivo de los hombres al nacimiento del Estado. Según él, en su famoso Leviatán (1651), nuestros ancestros vivían en estado de completo salvajismo, o condición natural, sin reglas, orden o justicia. La vida, o mas bien el afán de conservarla, estaba altamente condicionada por la violencia y era ésta la que les otorgaba una cierta e irónica igualdad, pues todos tenían derecho a matar. Invariablemente, quien mataba a su vez resultaba muerto. Todos gozaban de dicho «privilegio» y vivían inmersos en el miedo a perder la vida.

De ese temor nace la vida social y también el Estado, un mal necesario –según Hobbes– cuya misión es la de suprimir las desigualdades entre los hombres, protegiendo y garantizando a los más «débiles» la seguridad necesaria para desarrollarse y producir. Por consiguiente, fue necesario que los hombres crearan alianzas con el fin de borrar el miedo que se tenían unos a otros, para de esta manera darle paso a una condición de «desigualdad» benéfica en la que el asesino estuviera siempre en desventaja y en el que éste al fin comprendiera que romper las leyes jamás le aseguraría privilegios. Más aún: los pactos habrían de poner límites al amor propio, el cual sólo conduce al individuo a creerse dueño de todo lo existente. De esta manera todas las voluntades se reducían a una sola: la de asegurar la libertad y el bienestar de cada hombre.

La convivencia, por lo tanto, era solamente posible si los hombres sacrificaban sus cuotas personales de «poder» y se las concedían a un individuo o asamblea que los gobernara, velando por sus intereses y creando condiciones de seguridad para que éstos progresaran. He aquí el origen del Estado, aparato mediante el cual el hombre renuncia a su propia violencia.

Pero como El Leviatán, ese monstruo mítico que devoraba a los hombres, el Estado puede volverse salvaje, es decir, dejar de ser Estado para transformarse en un sistema al servicio de los exclusivos intereses del gobernante. También el Estado es factible de torcerse y ser temible, según Hobbes, porque puede engendrar la muerte y hacer que renazca el reino del miedo.

Vista la lección de Hobbes, caben las siguientes preguntas: ¿Es verdaderamente un Estado lo que define y estructura a la sociedad nicaragüense del presente. ¿Asegura este presunto Estado la anulación de la agresividad del individuo? ¿Trabaja el Estado en servicio de la voluntad general? ¿Está vigente su pacto social?
La corrupción que ha sido parte natural de nuestra historia, nos da una respuesta inmediata. Claro está que si hacemos una revisión de nuestro pasado encontraremos vínculos que indican que todos nuestros gobiernos han descompuesto cínicamente la moral del Estado. Sin embargo, es del gobierno actual –sin duda el que mejor ha manejado la corrupción– o más bien la dictadura revestida de burocracia que hoy dirige nuestros intereses, del que nos debemos ocupar. Centrarse en él es vital para todos los nicaragüenses.

El presidente Daniel Ortega no está lejos del salvaje que imponía su fuerza para perpetuar sus intereses. Tampoco está muy lejos de ser el Leviatán que destruye el pacto nicaragüense. Se le adjudican muertes y abuso sexual que, por supuesto, la justicia, eternamente amañada, no ha querido esclarecer. Se le atribuyen robos, préstamos millonarios que el presidente maneja a su antojo y sin control por parte de ninguna institución. Y con ese dinero se financian hoteles, radios, canales de televisión, haciendas y mecanismos de represión. La deuda la contrae el Estado, pero las ganancias se reparten entre ciertos individuos ligados al gobierno. El pago, claro está, sale de las arcas nicaragüenses.

Hay más: recientemente, pasando por encima de la asamblea, el presidente Daniel Ortega prolongó por cuatro años más el cargo de ciertos funcionarios del gobierno, incluyendo el del sempiterno Roberto Rivas, cuya honradez ha quedado en entredicho. Todo esto avalado por la Corte Suprema de Justicia, su incondicional aliada. Pero las faltas no solamente recaen en las altas esferas, sino que penetran en la población, más precisamente en los delincuentes a sueldo que eliminan con la ley del garrote cualquier signo de disidencia.

En Nicaragua hay pobreza, pero sobre todo hay miedo, ese miedo atávico que llevamos los seres humanos y que el Estado, emplazado por la voluntad general, está obligado a suprimir.