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El que perdona con ligereza, da indicios de consentimiento. Alonso de Ercilla

Si actualizáramos el pensamiento de Ercilla, ahora que se habla de amnistía, diríamos que quienes además de perdonar olvidan con ligereza, dan muestras de placer en recibir ofensas.

Ante las acusaciones y los juicios que el orteguismo promueve contra Alemán y Montealegre (figuras máximas del Partido Liberal que intentan crear una fórmula unitaria para el próximo proceso electoral), los diputados del liberalismo han propuesto aprobar una ley de amnistía para sus dirigentes amenazados, con el fin de sustraerlos a la coerción de pactar de mala manera desde la posición de rehenes.

A nadie interesa, sin embargo, con qué correlación de fuerzas pactan los caudillos que comparten el control del país. Las últimas encuestas revelan que la mayoría de la población rechaza ambas alternativas. Si los sectores progresistas, cansados ya de los pactos y de las componendas espurias entre burócratas, actúan en contra del proyecto reaccionario de país que ambas corrientes, las liberales y orteguistas, al unísono defienden, ni las acusaciones de Ortega ni la amnistía de Alemán y Montealegre tendrían mayor sentido de realidad, pues en una sociedad en trance de renovación compartirían en conjunto el proceso que a todos ellos les reserva la historia.

En las circunstancias actuales, de rechazo creciente a la corrupción política de los últimos setenta años, la salud pública refuerza, más bien, en el seno de la población, la consigna opuesta:

¡Castigo ejemplar a todos los funcionarios estatales corruptos, que en una sociedad empobrecida han fomentado la desigualdad y los privilegios personales!

Vinculada a la lucha por los derechos humanos de las masas, alguna amnistía podría caber como demanda popular. Es decir, es una demanda válida siempre que suscite una movilización de masas en contra de la corrupción y de la represión gubernamental para liberar de cargos a los luchadores que asumieron posiciones de vanguardia. Pero, no por principios abstractos, ni por componendas políticas parlamentarias, y ciertamente, nunca, a favor de represores o corruptos, porque, entonces, como expresara Ercilla, sería complicidad.

Los juicios contra Alemán y Montealegre (que voluntariamente asocia su suerte política y personal a la de Alemán, incriminándose a sí mismo frente a la nación), no son, únicamente, una clara muestra de la represión política del régimen, que nada tiene que ver, por supuesto, con la lucha contra la corrupción, sino, que obedecen, más bien, a una maniobra oportunista, con la cual Ortega, a su manera tramposa, ofrece un entendimiento bajo coacción a los otros caudillos, en el reparto de los cargos del poder. Pacto que ellos, por su lado, esperan también renovar, pero, en mejores términos, luego de una reagrupación de sus fuerzas.

Alemán sabe que un entendimiento con Ortega puede borrar –como ha hecho en el pasado- cualquier juicio y acusación en su contra promovido por el orteguismo, sin necesidad de amnistía. Por ello, su propuesta de amnistía se inscribe en el rejuego de presiones y contrapresiones recíprocas, de carácter ideológico y jurídico, que pretende incrementar el valor de las cartas que lleve al próximo pacto.

A diferencia de los bomberos, que no se pisan la manguera, entre malandrines sí se arrebatan las cartas mientras fingen que juegan limpiamente.

Hay, por supuesto, cierta discrepancia real y conflicto de intereses que debería reflejarse en el perfil del Estado alternativo. En efecto, para que la mediana y pequeña burguesía sean atraídas como base social por una fracción de la oligarquía, la forma de gobierno que ésta promueva debe aparentar una mayor institucionalidad y gobernabilidad democrática. Pero, lo decisivo no es la oferta ideológica, sino, el cambio que se consiga en la correlación de fuerzas en contra del lumpemproletariado desclasado, que es la base social del régimen absolutista de carácter feudal, que desde el gobierno promueve la anarquía y la demagogia como caldo de cultivo de su estatus marginal, en medio de la degradación del conjunto de la sociedad.

Las formas de gobierno expresan la dinámica política de la real reagrupación de fuerzas de distintas bases sociales. Los líderes de ambas corrientes reaccionarias coinciden en limitar la acción de las masas, para no arriesgar las bases de su dominación conjunta. De manera, que sus conflictos adquieren un carácter estrictamente burocrático, fundamentalmente parlamentario, entorno de reformas legales al sistema de delegación política, al nombramiento de funcionarios, a la validez de decretos y de contra-decretos, a reelecciones, a recriminaciones recíprocas de corrupción y fraude, a juicios políticos y a amnistías. De forma, que el bonapartismo más agresivo en la movilización de sus fuerzas de choque, encuadradas paramilitarmente como bandas fascistas, se consolida por inercia. Y ante la desorganización de las masas, desde una visión superficial, parece imbatible.

Lo importante es que, bajo la calma aparente, el debate inter-oligárquico no inmuta ya el alma de la sociedad, que reclama empleos. Esta demanda, sumamente sentida, choca cada vez más frontalmente contra el plan de enriquecimiento especulativo, que comparten ambos sectores burocráticos en el poder.

Quienes luchan por un cambio progresivo, deben vincular la convocatoria independiente a una Asamblea Constituyente, promovida y organizada directamente por las organizaciones de la sociedad civil, al diseño y ejecución de una política de empleos.

Las consignas políticas tienen como fin transformar la correlación de fuerzas entre las clases sociales. Desde una visión popular, en una situación objetivamente crítica, las consignas deben promover formas organizativas dinámicas de unidad combativa, que permitan llevar hasta las últimas consecuencias, la acción de los sujetos sociales empobrecidos, históricamente progresivos, por demandas que les resulten vitales y que no puede resolver el orden constituido, por intereses sociales contrapuestos. No es por capricho o casualidad que el orteguismo adelanta un proyecto bonapartista, sino que, este régimen absolutista es el que le permite su transformación económica en oligarquía, imponiéndose por la fuerza a las otras fracciones con poder económico. Ante ello, para impedir su consolidación reaccionaria, las fuerzas plebeyas deben darle expresión orgánica unitaria a su capacidad de acción independiente, para constituirse como una real alternativa democrática de poder.

El desempleo directo crece cada año en más de 60 mil personas. De continuar así, tanto la economía como la sociedad irán a una descomposición irreversible, que significaría el triunfo definitivo del bonapartismo de corte feudal, por un largo período.

Por medio de una Asamblea Constituyente, convocada de forma independiente del control burocrático del CSE, se debe promover la participación de los sectores sociales marginados, el pequeño campesino, los pobres del campo, sin tierras, la pequeña burguesía urbana, los obreros y desempleados, para definir una política de empleos que apunte a la transformación radical de la producción en el agro, como motor de la economía y del empleo.

La solución a problemas sociales pasa, inevitablemente, por una lucha de intereses sociales contrapuestos, que se resuelve políticamente en función de la correlación de fuerzas. El Estado, habrá de reconstituirse por mandato de la Asamblea Constituyente de obreros y campesinos pobres, a fin de invertir en infraestructura, fundamentalmente en caminos; en centros de acopio de la producción agrícola; en obras de irrigación, explotando adecuadamente los reservorios de ríos y lagos, para garantizar los cultivos ante la incertidumbre climática; en fomentar el crédito a los pequeños productores; en facilitar el acceso a semillas, fertilizantes, maquinaria agrícola, que promueva un mayor rendimiento, intensificando la producción (a fin de frenar la ineficiencia productiva que extiende irresponsablemente la frontera agrícola). Deberá atraer inversiones para darle un valor agregado, industrial, a la producción agrícola. Y abrir nuevos mercados con Brasil y Asia.

Para adelantar una política de empleo, basada en un crecimiento económico arriba del 8 % anual, es indispensable que la Asamblea Constituyente derrote políticamente a la oligarquía y a la burocracia corrupta, a los latifundistas, a los banqueros y a los intermediarios comerciales, que con el control de las instituciones del Estado, se benefician parasitariamente con el rumbo económico y político de degradación social que conlleva el bonapartismo de Ortega.

De manera, que la lucha consecuente contra el régimen bonapartista, trasciende la contradicción inter-oligárquica, y apunta contra el modo de producción con remanentes feudales que traba el desarrollo de las fuerzas productivas, para hacer accesible la tierra a quienes la trabajan y destruir el latifundio.

La dinámica de una Asamblea Constituyente de renovación social, transmutaría la amnistía para Alemán y Montealegre en una consigna nacional opuesta, de condena ejemplar a todos los funcionarios corruptos, incluidos los que ostentan el poder, como corresponde al avance progresivo en la formación de la nación por obra directa de los desposeídos.

*Ingeniero eléctrico