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Amalia es el nombre de una joven embarazada y con un cáncer avanzado de la que hablan los medios de comunicación en estos días.

Desde que era una niña de siete años, Amalia ha recorrido los servicios de salud públicos más cercanos a las casas donde ha vivido durante los 27 años de su vida. Trabajadores de salud de gobiernos anteriores o no le diagnosticaron a tiempo su enfermedad o no se la trataron adecuadamente.

Ahora, durante el actual gobierno, solidario, cristiano y socialista, Amalia recurre nuevamente a la salud pública, con su enfermedad avanzando y agravándose. Hoy cumple 22 días de estar hospitalizada en una unidad de segundo nivel de atención, un hospital departamental y docente, pero todavía las autoridades de salud se declaran incompetentes para conocer con certeza la magnitud de la enfermedad y, en consecuencia, para decidir el tratamiento que Amalia necesita. No hacen nada porque afirman ser muy “responsables” y no pueden actuar precipitadamente.

¿Qué puede esperar Amalia, su pequeña hija, su compañero y el resto de sus familiares de un gobierno que se define como solidario, cristiano y socialista? Debería esperar lo que, en teoría, significan estas palabras. Ser solidario es sentirnos unidos a nuestros semejantes con el objetivo de ayudarles y cooperar con ellos. Es sentir lo ajeno como propio. Ser cristiano es casi lo mismo: es ser compasivo, es no juzgar, es cuidar la vida, es preferir siempre a los más pobres, es poner a las personas antes que a las leyes. Ser socialista es promover una nueva forma de organización de la sociedad que garantice la equidad política, económica y social de todas las personas.

Venciendo el temor, la pena y el dolor, los familiares de Amalia se vieron en la necesidad de denunciar ante el Cenidh, y en presencia de los medios de comunicación, como última y única alternativa, la negligencia médica, el grave retraso en la atención de Amalia y hasta los tratos crueles que estaba recibiendo su hermana.

El Ministro de Salud (Minsa) y las autoridades de este país deben saber que un médico del hospital le ha dicho a Amalia en reiteradas ocasiones, frases como éstas: “Ya sabés que te vas a morir, tu caso no tiene solución, aunque te pongan el tratamiento ahora el cáncer está demasiado regado, así que dale oportunidad al embarazo, que llegue al menos a los siete meses y te hacemos una cesárea, aunque no te garantizamos cómo nacerá tu hijo, es posible que viva sólo algunos días o meses o a lo mejor no, quién sabe”.

Hasta que hicimos esta situación del conocimiento público empezó a haber cambios en la mala atención a Amalia y a su familia. Desde que los medios hablaron se movilizaron cuadros especializados del Minsa del más alto nivel para hacerle de nuevo pruebas, para tener un nuevo diagnóstico con el que decidir el tratamiento que hoy necesita Amalia.

Ante esta historia cabe preguntarnos cómo funciona el sistema de salud para el pueblo, qué es lo que está normado cuando una unidad de salud no tiene la capacidad de atender una determinada enfermedad, cómo se garantiza la transferencia del paciente a un establecimiento que sí cuenta con recursos técnicos y profesionales para responder a esa enfermedad.

El director del hospital donde está Amalia fue informado de la situación de esta muchacha por un grupo de activistas feministas el 12 de febrero. Ese mismo día le entregaron un escrito donde Amalia y sus familiares pedían que se le aplicara el tratamiento contra el cáncer lo más pronto posible. Copia de esa solicitud fue entregada en el despacho del Minsa y en la Presidencia de la Republica. ¿Será que la población tiene que aprender que la denuncia pública es el único mecanismo efectivo para tener acceso a gozar de derechos fundamentales, como el derecho a la salud y a la vida?

Las distintas instituciones de nuestro país tienen responsabilidad en este caso: promoviendo la reforma de leyes injustas, estableciendo mejores políticas públicas, ordenando normas y protocolos que respalden a los trabajadores de la salud en su trabajo y que acojan solidaria, cristiana y “socialistamente” a todas las Amalias de Nicaragua que enfrentan enfermedades agravadas por su embarazo. Todas ellas tienen derecho a decidir libremente la interrupción de su embarazo y a recibir el mejor tratamiento para salvar sus vidas.

Denunciando y reclamando un derecho con responsabilidad, Amalia y su familia le están dando a Nicaragua y al mundo --porque todo el mundo ya conoce de este caso-- muestras de lo que es la solidaridad y el cristianismo, valores exaltados por el actual gobierno. Ojalá que atendamos el mensaje.

El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico exhorta al gobierno del Presidente Daniel Ortega a darle a Amalia toda la información sobre su enfermedad, su diagnóstico y su pronóstico, las consecuencias derivadas de los distintos tratamientos posibles y las alternativas que tiene, para que así Amalia decida informada y libremente su futuro, conociendo los riesgos y las posibilidades. Quisiéramos que ella pueda seguir siendo la madre que su hija de diez años necesita.

*Psicóloga Feminista