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I
“Sí, es la primera vez que se liberan narcotraficantes por medio de una falsificación” -respondió con aplomo el honorable magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, a la pregunta que le hiciera una joven periodista- agregando, a manera de colofón, y con similar modulación, que “en ocasiones anteriores han sido los jueces quienes los han liberado”. El contexto de estas inéditas declaraciones estaba signado por la escandalosa liberación que, mediante una orden de libertad falsificada, puso en la calle a tres narcotraficantes guatemaltecos que purgaban condena en el reclusorio de Chinandega, birle y burla a la justicia que no sólo defenestró al Alcaide y a la encargada de la custodia de prisioneros, sino que los llevó a prisión, igual que a dos abogados que, al parecer, estaban coludidos en esta finta judicial. Sin embargo, los jueces y juezas a quienes se refirió la suprema autoridad, y cuyos nombres han sido cuestionados en letras de molde impresas por liberar a narcotraficantes y otras especies de malandrines, no están presos. Los involucrados en esos libertinajes judiciales han sido amonestados por una instancia disciplinaria que pretende regir y corregir las fallas que caracterizan sus fallos, pero continúan “administrando” justicia.

II
Una vez más las tropas de la Fuerza Naval, dirigidas por su Capitán de Navío, golpearon de manera contundente al narcotráfico en la costa del Caribe nicaragüense. En ese operativo, la inteligencia militar identificó a un colombiano como el cabecilla de los truhanes, quien por los subterfugios y malabares que a diario ocurren en nuestro país, tenía cédula de identidad expedida por alguien del Consejo Supremo Electoral, que lo acredita como nicaragüense, nacido en Masaya. Con esa cobertura, el colombiano abrió negocios, estableció su dry clean, lavó y planchó su plata, organizó una amplia y fiel base social, cuyos miembros le ayudaron a huir por ignotos meandros del Caribe, que sólo ellos conocen. En el zafarrancho del combate y persecución fueron segadas las vidas de dos jóvenes oficiales del Ejército de Nicaragua. ¿No son cómplices de esas muertes y las adicciones ulteriores de nuestra juventud quienes “nacionalizaron” al jefe de los malandrines? Nadie piensa que la cédula se la entregaron por filantropía. ¿Cuántos dólares se embolsaron en esa transacción los dueños del negocio; cuántos delincuentes internacionales circulan por el mundo con cédulas nicaragüenses?

III
En los últimos días, producto de una investigación de varios meses, el periodista Carlos Larios, de EL NUEVO DIARIO, destapó el modus operandis de una proxeneta, dedicada a alimentar con carne joven los prostíbulos de Managua. Para proteger a los dueños de esos rentables negocios, y por “módicos” 50 dólares por persona, cambiaba la edad de las adolescentes. Así, de la noche a la mañana, una cipota de 16 años, aparecía con otro nombre, otra dirección y, además, mayor de edad, todo gracias a alguien que, desde las entrañas del Consejo Supremo Electoral, emitía una nueva cédula de identidad, que como en el caso del colombiano, contribuye, además, a que nuestra juventud termine adicta a las drogas y prostituida en antros de mala muerte de El Salvador o Guatemala. Para tener pruebas en manos, el periodista obtuvo la colaboración de su sobrina, quien fingiendo interés de integrarse a la “vida alegre”, participó en el procedimiento para obtener su nueva cédula, es decir, su nueva identidad. Y destaparon el gran bisne. Pero para nuestra sorpresa, lejos de agradecer las pruebas de tan desvergonzados procedimientos, las autoridades del honorable Consejo Supremo Electoral decidieron acusar en los tribunales de justicia a la valiente muchacha que les mostró y demostró de dónde salía el tufo a podrido, y por su parte, “suspender” de sus cargos a quienes resultaron involucrados en la plasta. Especulo que los suspendidos, que deberían estar presos, son sólo peones operativos, y que son otros los dueños del pastel, pero sólo son especulaciones mías.

IV
Derivado de una reciente auditoría de la Contraloría General de la República al Inatec, se supo que decenas de millones de córdobas no “cuadran”; que se compraron camiones, computadoras y no se sabe cuántas sorpresas más que nunca llegaron a la institución; que todo indica que alguien, una vez más, nos dio con el mazo. Sin embargo, se anticipó que el Director y los más cercanos a los controles administrativos renunciaron pero que se continúa la revisión de la malversada ejecución presupuestaria. Otro robo ocurrió en la Alcaldía de Managua en circunstancias bastante raras y hasta la fecha los contribuyentes no supimos más del destino que le dieron a nuestros impuestos. Alguien declaró que habían sido mafiosos de la época de Herty y de Nicho, como si eso contribuyera a recuperar lo robado.

V
Parece que la cárcel sigue siendo sólo para los pobres. Recientemente, el señor Vicepresidente denunció en la inauguración del recién concluido Festival Internacional de Poesía, que en Nicaragua hay una dictadura de judicatura, al servicio de una elite de corruptos impunes. Después de su valiente denuncia, pensé que renunciaría a su alto cargo, pero no, me equivoqué, él sigue allí, en su misma silla, como si nada ocurriera a su alrededor y su denuncia estuviese relacionada con otro país.

VI
Al nomás acceder a la primera magistratura, el presidente Ortega afirmó que en su gobierno no habría raterías. Ilusa y entusiasmada, la gente hasta aplaudió, pensando que por fin el erario público dejaría de ser usado y malversado como botín de facinerosos, sin embargo, hasta Lenín reconoció que hay mucho lépero metiendo las manos en los dineros del pueblo. Y este karma lo venimos arrastrando desde hace siglos, y en el pasado reciente con los funcionarios de Bolaños, y antes con el de Alemán, quien sin vergüenza, públicamente destruyó tarjetas de crédito, como signo de honestidad, sólo que lo peor estaba por llegar.

Entonces, ¿qué de extraño hay que, entre tanta basura, hayan intentado aprobar una amnistía dirigida a eximir de culpa a centenares de ladrones por los atracos cometidos contra los bienes del Estado y contra el bienestar de la población nicaragüense? ¿Cómo creer en algunas autoridades que, en vez de detener el atraco, acusan a quienes lo denuncian? ¿Cómo creer en discursos de honestidad cuando la ética anda en andrajos? Quien quiera tragarse el cuento está en su derecho, pero como dicen los abogados: “a confesión de parte… relevo de pruebas”.