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En una lamentable entrevista que ofreció el Canciller de la República, Samuel Santos López, al diario El País de España, afirma que en Nicaragua, y cito, “no hay libertad de expresión para el Gobierno”. Una vez más el alto funcionario demostró lo poco que sabe de la realidad nacional. Ojalá se deba a las numerosas tareas propias de su cargo que lo mantienen alejado de Nicaragua.

Desde un inicio, el gobierno del Presidente Ortega, a través de la Secretaría de Comunicación Social y Participación Ciudadana, estableció una censura contra los medios independientes de las políticas del gobierno. Eso quedó claro y está plasmado en un documento sobre las lineas de comunicación del Ejecutivo. Se consideraba y todavía se considera que contrastar, obligación de cualquier periodista, una información generada por cualquier institución del gobierno es “contaminarla”.

Ese pensamiento ha impedido la difusión de obras positivas que está realizando el gobierno. A pesar de eso, algunas han sido resaltadas por este rotativo, como el equipamiento de los quirófanos del Hospital Bertha Calderón, o la reconstrucción de históricos colegios como el Maestro Gabriel y el Ramírez Goyena; la ampliación de la atención médica a nivel nacional y los esfuerzos en el sector educativo, entre otros.

Sin embargo, también hemos visto con actitud crítica algunos de los programas insignias del gobierno, y en no pocas ocasiones nos hemos encontrado que las intenciones son buenas, como lo escribimos en una serie de reportajes en estos últimos días sobre el Programa Hambre Cero, pero también nos hemos topado con una serie de anomalías, como influencias partidarias en la distribución de los animales y semillas, incapacidad, corrupción, falta de apoyo en la transferencia tecnológica, etc., que desvirtúan el proyecto.

¿A qué nicaragüense no le gustaría acabar con el hambre que históricamente sufren tantas familias en los municipios del norte de Chinandega, o de algunas zonas de Las Segovias? No obstante, estos señalamientos siempre son respondidos como “ataques de la oligarquía”, y todos los epítetos que ya conocemos y no vale la pena repetir aquí.

Tal vez “el compañero Santos” no sabe que nosotros teníamos que “cubrir” las conferencias de prensa del Ministerio de Salud sobre la epidemia de la gripe H1N1 por el oficialista Canal 4 de televisión, ya que no se nos invitaban a las mismas. ¿Quién censura a quién? Este caso no es la excepción, es la regla. El acceso de este diario para informar de las actividades del gobierno está muy limitado a todos los niveles, decisión que ha tomado el gobierno, no este rotativo.

En otra parte de sus declaraciones, el Canciller se refirió a las investigaciones de EL NUEVO DIARIO sobre el otorgamiento de cédulas de identidad adulteradas a menores de edad con fines de proxenetismo como otro ejemplo más de la “manipulada” imagen que, en su opinión, dan de Nicaragua los medios de comunicación, tanto de su país como del extranjero. Santos asegura que las críticas es lo que los medios “dicen que hay, pero no llevan las pruebas a la policía ni al Consejo Supremo Electoral”.

La capacidad que tiene Santos de decir a su interlocutor lo que quiere oír es pasmosa. Las pruebas fueron publicadas en EL NUEVO DIARIO, fue el documento de identidad entregado por funcionarios del Consejo Supremo Electoral a través de una proxeneta a la joven Daisy Ramírez, quien colaboraba en la investigación que descubrió tantas anomalías que en cualquier otra parte serían objeto de drásticas sanciones y colocaría a sus protagonistas en los tribunales de justicia.

Si hubiera sido una manipulación, como afirma Santos, ¿por qué el Consejo Supremo Electoral (CSE) acusó a la joven Ramírez de dar falso testimonio en una estación de policía? ¿Por qué afirmó el CSE que se separó a cuatro funcionarios de la oficina de cedulación para investigarlos si era “manipulación mediática”? ¿Es posible crear una campaña política que desprestigie aún más al Consejo Supremo Electoral?
Finalmente, se refirió a la irrestricta libertad de expresión que gozamos hoy los nicaragüense. Es cierto que el gobierno del Presidente Ortega no ha cerrado ninguna radio, televisión o periódico. Sin embargo, sí ha usado la publicidad estatal, que sale de los impuestos de todos los nicaragüenses, para premiar o castigar a los medios de comunicación, según su la línea editorial, no por sus niveles de penetración o circulación para poder llevar su mensaje a más personas.

El socialismo del siglo XXI no cierra espacios informativos ni medios de comunicación, los compra, ahoga económicamente a los que no piensan igual, fomenta la auto censura, la peor de todas las censuras. Decenas de espacios noticiosos, sobre todo en las radios, han tenido que cerrar por falta de publicidad, a pesar de los acuerdos suscritos por el gobierno con organizaciones de periodistas y que jamás cumplió, ni “cristiana ni solidariamente”.

La libertad de expresión va mucho más allá de cerrar o mantener abiertas radios o periódicos. Incluye la libertad de movilización, y concertación restringida fuertemente en los últimos años o el derecho a disentir sin que esa persona sea señalada como enemiga, traidora y calumniada en la maquinaria mediática del partido-gobierno.