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Durante los últimos años es evidente la imposición de la llamada “renta” por parte de la delincuencia organizada en algunas rutas y territorios, principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras. Ello afecta no sólo a los habitantes de esos países sino a los centroamericanos y en general a turistas y comerciantes que utilizan el transporte regional. Dos buses de origen nicaragüense han sido interceptados provocando muertes y lesiones. Los responsables de estos lamentables incidentes son delincuentes vinculados al narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas, extorsiones y contrabando. El 8/11/2008, quince nicaragüenses y un holandés fueron calcinados en el interior de un autobús de excursionistas en el departamento de Zacapa, Guatemala. El 5/01/2010, cuatro nicas resultaron lesionados por la explosión de una granada de fragmentación mientras viajaban en un bus de la empresa de transporte “Rey de reyes” en el centro de la ciudad de Guatemala; su propietario reconoció que pagaba mil dólares mensuales como “impuesto” enviado a los mareros a través de agencias de remeses con el fin que le dejaran circular.

Los transportistas urbanos e interurbanos, los dedicados al transporte de mercancías, a redes de distribución y transporte internacional de carga y pasajeros que utilicen determinadas rutas bajo el control “parcial” de maras o bandas delictivas organizadas, están obligados a pagar una renta periódica que varía en dependencia de la empresa y del grupo que exige el impuesto extorsivo; oscila entre cien y mil dólares mensuales. Los camiones distribuidores de empresas comerciales pueden pagarla en especie, los empresarios calculan los riesgos y estiman las pérdidas, las trasladan al precio y terminan conviviendo con esta caótica situación instaurada ante la “impotencia” del estado y sus ciudadanos. Según encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (El Salvador, agosto 2009), el 5% de las personas han sido extorsionadas durante los últimos doce meses; el 4% reconoce que él o alguna persona que reside en su casa pagan renta durante los últimos doce meses. El 86% afirma que dicha renta se entrega a un pandillero.

Los negocios pequeños y familiares ubicados en lugares populares bajo el “control” de maras, son obligados a pagar la renta en efectivo o especie cuyo monto mensual varía entre diez y cien dólares. Los propietarios o empleados de estos negocios han “aceptado” cumplir con dicha “obligación” para no cerrar el negocio, tienda, comidería, licorería o taller. En el caso de no cumplir o atrasarse son amenazados, las instalaciones pueden ser destruidas parcial o totalmente y los empleados o propietarios golpeados o asesinados.

Cuando alguno de los afectados se atreve a denunciar ¿Qué gana al final? La policía tiene limitada capacidad para garantizar presencia permanente en el lugar, con frecuencia la información se filtra y el denunciante es nuevamente amenazado y su renta posiblemente duplicada. ¿Qué queda ante esa realidad? O cumple resignadamente, enfrenta a los delincuentes o deja de operar. Ante ello los propietarios de negocios se sienten impotentes y terminan acomodándose a la imposición con la cual lamentablemente conviven. Escapan aquellos negocios más grandes que tienen capacidad de establecer su propia seguridad privada y proteger las instalaciones con alarmas y otros medios técnicos, así como ubicarse en zonas comerciales más seguras. Por tal razón los costos de la seguridad se incrementan.

Afortunadamente esta compleja y peligrosa realidad en la que viven algunas ciudades guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas, no se presenta en Nicaragua ni en Costa Rica, en donde las instituciones estatales tienen capacidad de ejercer control sobre el territorio; los ciudadanos pueden desempeñarse en un marco de mayor seguridad. A pesar de que la percepción social y la desconfianza institucional han lesionado la seguridad en Costa Rica, continúa registrando menores tasas delictivas en Centroamérica, no es casual que en la reciente campaña electoral los candidatos, ante la creciente demanda social, insistieron en mejorar la seguridad ciudadana, reducir la pobreza y aumentar el empleo. En Nicaragua, a pesar del bajo nivel de desarrollo humano, sus indicadores de violencia son parecidos al sur; a pesar del incremento del delito, no es todavía un problema desbordado, el Estado y la sociedad tienen capacidad de incidencia. Sin embargo, a pesar de que nuestros antecedentes históricos y la situación actual son radicalmente distintos, existe el riesgo a que la seguridad se deteriore por la crisis global, la ubicación geográfica y nuestras vulnerabilidades institucionales y socioeconómicas. Seamos inteligentes, aprendamos de los errores de los vecinos y no esperemos los nuestros para aprender.


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