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1. Discrecionalidades y vulnerabilidades. La operación de compra-venta de Telenica no es ajena a las vulnerabilidades existentes en la Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales y a las discrecionalidades que otorga al ente regulador. El año 2010 despuntó con la noticia de la venta de las acciones de Telenica-Canal 8 a un grupo económico que se ha rehusado a revelar su identidad, y que según versiones periodísticas es cercano al presidente Daniel Ortega. La forma en que se negoció la venta de las acciones de Telenica-Canal 8 entre el licenciado Carlos Briceño y los nuevos propietarios, sigue siendo una transacción desconocida para la sociedad nicaragüense. Sin embargo, algunos elementos han escapado al férreo control de la información que los nuevos dueños han establecido hasta la fecha.

El traspaso de las acciones de Canal 8 a manos todavía desconocidas es un caso emblemático en la historia de las telecomunicaciones de Nicaragua, pues ha sido la primera vez que se vende un canal de televisión abierta desde que en 1990 retornara al país el régimen de propiedad privada de los medios televisivos después de una década de control estatal por parte del gobierno sandinista de los años ochenta del siglo XX.

Las dificultades económicas, entre otras razones, condujeron a Canal 8 a la aplicación de medidas administrativas que le permitieran afrontar sus crónicos problemas financieros. No sabemos si Telenica solicitó el permiso correspondiente para reducir la potencia del transmisor, caso contrario violentó los parámetros de su licencia de operaciones, pues dejó de cubrir la zona geográfica que Telcor le había autorizado, y que estaba obligado a cumplir. Tal incumplimiento era causal para cancelar el título habilitante, y revertir la frecuencia de Canal 8 al Estado, conforme el Artículo 69 del Reglamento de la Ley 200, Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales. ¿Tal situación pudo haber sido uno de los incentivos cruciales para que el licenciado Briceño se decidiera a vender las acciones de Telenica a los nuevos propietarios?

A pesar de que el caso ocupó sitios prominentes en la agenda informativa de diarios y algunas radioemisoras, los propietarios de las otras televisoras se mantuvieron herméticos y no hicieron del arreglo un tema de su agenda. A lo sumo trascendió el criterio que nada tenían que decir pues se trataba de una transacción entre privados, un argumento dudoso. Similar posición guardó Telcor cuando algunos periodistas le consultaron el tema. No importó que de por medio se pudiese encontrar la sociedad anónima nicaragüense-venezolana ALBANISA. La Ley 200 es clara sobre la presencia de capital extranjero en el espectro radioeléctrico nicaragüense, un patrimonio de la nación. La ley manda que al menos el 51 % de las acciones deban estar en poder de personas nacionales y a lo sumo el 49 % en manos de extranjeros. También prohíbe la conformación de monopolios en el campo de las telecomunicaciones.

Como consecuencia de lo anterior es difícil establecer las posibilidades de aplicación de los artículos 32 y 33 de la Ley 200. El primero manda que “en ningún caso se podrá vender, ceder, hipotecar o, en manera alguna, gravar o transferir la concesión, licencia, permisos y autorizaciones y los derechos en ellos conferidos.” Hasta ahora las partes y las autoridades, cada vez que se ha preguntado por esta transacción, han respondido que se trata de un asunto entre privados. El espectro radioeléctrico es un recurso de la humanidad. Corresponde a los Estados administrarlo con celo, en vista de su carácter limitado. El silencio de Telcor y las diferentes transferencias de frecuencias es una debilidad que debe subsanarse. El nuevo cuerpo normativo jurídico debe impedir que bajo subterfugios jurídicos y amparados en figuras distintas establecidas en otras leyes, se puedan enajenar las licencias.

El espectro radio eléctrico como patrimonio de la humanidad, como sostiene el uruguayo Gustavo Gómez Germano, debe ser regulado por el Estado en función del interés nacional y general. Debemos estar claros de que tampoco son propietarios quienes tienen la titularidad de una frecuencia. El experto señala que “los procedimientos para el otorgamientos de estas frecuencias se convierten en un aspecto central, en la medida que un uso abusivo de esta potestad podría devenir en premiar o castigar a determinadas personas, grupos o sectores en función de la conveniencia del gobierno de turno”.

El artículo 33 establece que “cualquier violación a lo dispuesto en el artículo 29 de esta Ley dará lugar a la cancelación de la concesión o de la licencia…” Adicionalmente, el artículo 67 dice que “en el caso de concesiones, licencias o permisos concedidos a personas naturales éstas serán personales e intransferibles.” Como no conocemos la naturaleza y alcances de transacciones de este tipo, no es posible determinar si se ha violado o no la norma. Pero el sigilo con que se han administrado las mismas, ha dado lugar a la duda.

Justo el año anterior a la venta de las acciones de Telenica, Telcor había prorrogado la licencia a Canal 8 – y a todas las radios y televisoras del país -- bajo el amparo de la Ley 670, Ley de Prórroga a las Licencias de las Empresas, Personas Naturales o Jurídicas que operan Radio, Televisión y Tele Cable, que de manera automática prorroga las licencias de radio, televisión y tele cable que vayan venciéndose, hasta que entre en vigencia una nueva Ley General de Telecomunicaciones y Correos, que promulgará en algún momento la Asamblea Nacional. La Ley 670 no anula a la Ley 200 ni su reglamento. Es decir, los tres instrumentos jurídicos son aplicables en cualquier momento.

2. Debilidades y fortalezas. Los noventa del siglo pasado significaron el crecimiento acelerado de la frecuencia modulada y la distribución indiscriminada de las frecuencias de televisión abierta. Sin una visión clara del significado y trascendencia de los medios de comunicación para el desarrollo del país, las licencias de radio para operar esta banda y las frecuencias televisivas fueron entregadas sin otro criterio que favorecer a los solicitantes. Una de las virtudes de la Ley 200 es su condición eminentemente técnica. Ninguno de sus artículos se refiere a los contenidos vertidos por los medios.

El hecho de que no haga relación a los contenidos ni a la programación, viene a ser una de las grandes fortalezas de la ley. Si tuviese algo referido a lo que debe transmitir la radio y la televisión, sería abrir un barril sin fondo. El deseo de intervenir, siempre latente de parte del poder público, se vería estimulado. Esto no exime a los dueños de las emisoras de tomar en cuenta alguna ponderación sobre el beneficio social de la actividad radiofónica. Tal vez ésta sea una de las mayores debilidades de la actual Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales.

La nueva legislación “debe integrar criterios de tipo social para la concesión de frecuencias”, como señala Ricardo Iglesias en su estudio sobre Marcos regulatorios de la radiodifusión en Centroamérica.

Otra de sus fortalezas consiste en que las licencias son otorgadas sin ser sometidas a ningún proceso de licitación. Con esta determinación la ley ofrece la oportunidad para que los nicaragüenses, sin excepción, puedan operar una estación de radio y televisión. Una enorme ventaja en relación a otros países del área, donde los procesos de licitación se han convertido en freno para la operatividad de emisoras de orden comunitario. El Artículo 62 determina que en el otorgamiento de las licencias y permisos “deberá responder al principio de igualdad de trato”. La disposición ha posibilitado que más de un centenar de nicaragüenses sean propietarios de pequeñas estaciones de radio.

Aun con los beneficios derivados de estas disposiciones, la ley no fija criterios para lograr una distribución que permita la creación de radioemisoras que cumplan funciones de carácter social, educativo, económico y cultural. La mayoría de las emisoras existentes son de carácter comercial. Una de las debilidades de los propietarios de estas emisoras ha sido no interesarse por orientar su programación al servicio de interés ciudadano. La lógica comercial opera de manera determinante, en detrimento de las otras funciones que cumplen los medios. Este sesgo proviene de la adopción del modelo mercantil norteamericano, al que se ajustaron los primeros dueños de radioemisoras desde la década del treinta del siglo pasado.

La ley 200 aunque no establece ninguna clasificación relacionada con los servicios que prestan las radioemisoras, da pauta para el afianzamiento del modelo comercial al no imponer ningún tipo de contraprestación social, económica o educativa a los usufructuarios de las frecuencias radioeléctricas. Aun cuando existen emisoras de carácter religioso y cultural, constituyen minorías. En este contexto la mayor debilidad proviene de las discrecionalidades del organismo regulador. Jamás se ha interesado por ordenar el funcionamiento de las emisoras bajo otros parámetros, con la intención de que respondan y contribuyan al desarrollo socioeconómico y cultural de la nación, como lo prescribe la Constitución Política del país. El estatuto jurídico tampoco ha servido para evitar intromisiones de carácter político para favorecer o castigar a los operadores de radio y televisión.

La tentación de distintos gobiernos por someter a los medios a sus propias directrices políticas, no ha sido mayor, puesto que la ley les inhibe de incidir en sus políticas editoriales e informativas.

* “El rol regulador del Estado y la función democrática de los medios radioeléctricos”. Foro auspiciado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.