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Después de las severas críticas nacionales e internacionales a los resultados fraudulentos de las elecciones municipales del 9 de noviembre de 2008, correspondía esperar que el Consejo Supremo Electoral tratara de mejorar su tan deteriorada credibilidad organizando con mucho esmero las elecciones regionales celebradas el domingo pasado. El proceso electoral regional representaba una magnífica oportunidad para ello.

Pero no fue así. El actual Consejo Supremo Electoral, cuya remoción piden la sociedad civil organizada y los partidos políticos democráticos, reincidió en una serie de irregularidades, que repiten el escenario de las elecciones municipales del 2008, y ponen en duda los resultados de los comicios regionales.

Los observadores electorales nacionales, los partidos de oposición, y hasta algunos aliados del FSLN, han señalado una serie de irregularidades en el reciente proceso electoral de nuestra Costa Atlántica, que nada abonan a la imagen y credibilidad del actual Consejo Supremo Electoral. Entre ellas podemos mencionar las siguientes:

a) Ausencia de una campaña cívica para promover el voto, no obstante que el CSE disponía de una partida presupuestaria para ello. La abstención electoral resultó así la gran ganadora; b) discriminación en la entrega de las cédulas, favoreciendo a los militantes del FSLN, aun a menores de 16 años, a quienes las cédulas les eran entregadas en las casas de compaña del FSLN, según las denuncias. Muchos ciudadanos no pudieron votar por falta de cédula o documento supletorio; c) permitir el uso de vehículos del Estado y de los edificios públicos para llevar a cabo campaña partidista; d) irregularidades en la conformación de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales, así como en las Juntas Receptoras de votos, asignando el segundo miembro propietario a partidos afines al FSLN; e) irregularidades en el padrón electoral y crecimiento desproporcionado de los votantes en varias circunscripciones; f) ausencia de observación electoral nacional e internacional. Los organismos de observación nacional más creíbles del país (Ética y Transparencia e IPADE) caprichosamente no fueron acreditados. La OEA no acreditó observadores. La misión que visitó la Costa se limitó a ver el proceso, conducida por el Presidente del CSE. La Unión Europea se limitó a enviar una reducida misión técnica; g) se repitió la maniobra del “ratón loco” para un buen número de votantes; h) se dieron retrasos en la acreditación de los fiscales de los partidos de oposición; i) hubo anulación intencionada de votos de la oposición; j) la tinta que se utilizó se borraba fácilmente, lo que pudo dar lugar a doble o triple voto por parte de algunos ciudadanos.

Con estos antecedentes, desde ahora podemos vislumbrar lo que sucederá en las elecciones nacionales de noviembre del 2011, si la Asamblea Nacional, contrariando al sentir de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, reelige a los actuales magistrados que integran el Consejo Supremo Electoral. Esto también explica la desesperación del Presidente Ortega por forzar, mediante un pacto prebendario, la reelección de tales magistrados, con quienes él cuenta para llevar adelante su proyecto de perpetuarse en el poder. Solo ellos podrían asegurarle su inscripción como candidato presidencial, pese a la clara prohibición constitucional, y su reelección.

El país está tomando un camino sumamente peligroso, pues se está negando al pueblo nicaragüense el derecho a resolver las diferencias políticas mediante el instrumento democrático y civilizado del voto. Los fraudes electorales terminan por convencer a los ciudadanos y ciudadanas que de nada sirve acudir a las urnas porque de antemano se sabe quién va a ganar las elecciones. El irrespeto al voto es un irrespeto a la voluntad soberana del pueblo. Es privar a éste de uno de sus derechos humanos y políticos fundamentales, como lo es concurrir con el voto a la libre elección de sus gobernantes y decidir su futuro destino.