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La asignación de un 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la Educación no debería ser objeto de mayores discusiones para los políticos de nuestro país. Las consecuencias en juego son realmente justas y necesarias para cualquiera de las corrientes ideológicas. Veamos.

Con el 7 por ciento del PIB se cumplirá una meta fundamental de los objetivos de desarrollo del milenio, como es “lograr la enseñanza primaria universal”, esto es que las tasas netas de matrícula lleguen al cien por ciento, o sea que toda la población de 7 a 12 años esté estudiando. Esta tasa se ha mantenido en alrededor del 86 por ciento en los últimos diez años y sólo esta meta implica inversiones en infraestructura y mantenimiento, materiales educativos y la asignación proporcional de educadores y personal en servicio de calidad y con salarios dignos. Esto sin entrar a mejoras de la calidad y relevancia que aseguren el cierre de gastos recurrentes por repetición, deserción e inasistencia, a lo cual se ha llamado crecimiento vegetativo del analfabetismo.

Con estos recursos se podrá incrementar la inversión en educación Secundaria, técnica y superior para que comiencen a impactar social, cultural y económicamente. La incorporación de la población adolescente y joven a la educación Secundaria no ha superado el 40 por ciento; de esta población apenas entre un 5 y 7 por ciento cuenta con alguna formación técnica; y solamente de un 2 a 3 por ciento de quienes ingresan al primer grado logran egresar de las universidades. A este ritmo no es posible impactar con cambios sociales, culturales y económicos, de forma que nos coloquemos como sociedad en la senda del desarrollo en los próximos años.

Un argumento que debe manejarse es la oportunidad que esta población representa en el corto y mediano plazo para el desarrollo. De acuerdo con Naciones Unidas son la ventana de oportunidad o mayor potencial poblacional para el período 1985-2050. A esta oportunidad se le conoce como “bono demográfico” por ser una especie de cheque a cobrar para el desarrollo de los países que pasan por este período; pero su cobro o aprovechamiento significa invertir estratégicamente en esta población, lo cual ha sido una palanca para el desarrollo de países como los llamados tigres asiáticos.

Muchos de los políticos y tomadores de decisiones de la economía, quienes al final tienen una cuota grande de responsabilidad en este asunto, siguen viendo al sistema educativo como un gasto social. No han logrado situarse en la correcta perspectiva. Para sentar las bases del desarrollo no cabe duda alguna de que hay que invertir mucho en más y mejor educación.

De lo contrario, no se contará con los recursos preparados, ética, cultural, científica y tecnológicamente para llevar adelante cualquier concepto de desarrollo que el gobierno actual o los futuros gobiernos tengan. Tampoco se logrará revertir los fenómenos de distintos tipos de pobreza, tales como el abuso y la violencia, o el desgaste por la falta de fuertes estrategias preventivas de epidemias, desastres naturales y deterioro ambiental, o el aislamiento entre culturas nacionales, y la apatía para la participación ciudadana, entre otros.

Vale la pena formular una iniciativa de ley para elevar el aporte de la educación. Bajo las siguientes alternativas o una combinación entre ellas, se puede encontrar una vía amplia, justa y sin aumentar la carga fiscal a la clase trabajadora:

1.Asignar entre el 3 y 5 por ciento para Educación del actual 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se conoce de iniciativas engavetadas para reducir el IVA al 12 o al 10 por ciento. Los sectores que ya lo pagamos y que inevitablemente continuaremos haciéndolo, tendremos al menos el consuelo de que una parte de nuestra contribución será de mucha utilidad para el bien común.

2.Establecer un impuesto específico en favor de la educación, el cual se aplique a licores, tabaco y bienes suntuarios de consumo.

3.Incluir en la ley de inversión extranjera un aporte a la educación nacional. Es sabido que esta ley es muy generosa con el extranjero, especialmente en el caso de las zonas francas, las cuales están autorizadas para repatriar sus capitales casi en un cien por ciento.

4.Reasignar a Educación un monto promedio anual proveniente de las sub-ejecuciones sectoriales del Estado en los últimos diez años (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral). De acuerdo con reporte del Ministerio de Hacienda en su página Web, a septiembre del 2009 la ejecución promedio era del 66 por ciento, con varias instituciones por debajo del 50 por ciento.

5.Reorientar los fondos no percibidos de exoneraciones que el actual sistema fiscal debe revisar. Muchas de estas exoneraciones no se justifican y el aporte de las organizaciones implicadas será significativo para la educación nacional.

La Educación es una especie de madre, a la cual todos debemos infinitas gracias; pero muchas veces la dejamos sin las condiciones dignas con que una madre debe ser considerada. El 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación es una pequeña retribución que la Educación no sólo se merece por lo que ha hecho, sino que es el mayor respaldo para nuestros hijos, nietos y sus generaciones. Todos tenemos parte en esta tarea, no dejemos para mañana lo que podemos hacer ahora.