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En mi humilde opinión, a nuestra sociedad ocotaleana, con vicios y defectos; igual que cualquier otra, no hay que corregirla desde el punto de vista de la pena, sino desde el punto de vista de los principios. La ausencia de principios éticos, morales, filosóficos e incluso religiosos, así como la falta de respeto a toda autoridad superior, es lo que considero la principal causa de corrupción que hoy nos ocupa.

Hago referencia a la ética, ya que me he detenido concienzudamente a analizar el caso de los cuatro abogados ocotaleanos: Juan Diego Bustamante Bravo, Julio González, Gabriel Díaz y Bernardino Chavarría, señalados de cometer el presunto delito de cohecho y soborno en contra del magistrado del Tribunal de Apelaciones de Estelí, David Moreno.

El abandono de la ética pública y la ausencia de mecanismos que la garanticen excita que los servidores públicos sean acariciados a caer en la práctica de corrupción, y posiblemente ciertos caigan.

Es público que en Ocotal ha sucedido una cadena de situaciones, provocaciones, de uno y de otro lado, estimulando diferencias y desencuentros de muy mal gusto. Me refiero directamente a la Fiscal Departamental del Ministerio Público, Martha Yelena Shion Tercero, y a los abogados señalados en este caso.

Claramente lo que se pide para estos abogados, no es justicia, sino más bien venganza. Erróneamente se cree que la justicia no debe ir encaminada a la reinserción, sino al castigo: al ojo por ojo y al diente por diente de la anquilosada Ley del Talión. Esto me hace pensar en que a quienes opinan así, ha dejado de importarles el progresismo, el verdadero liberalismo.

De comprobarse “otras anomalías” en este delicado caso, sería educativo aplicar igual tratamiento a todos los implicados. No sería justo ver solamente hacia ellos como los únicos culpables. Esta doble moral es destructiva para nosotros los neosegovianos en un mundo donde nuestra credibilidad es cada vez menor, pero no por ello debemos creer que las cosas deben ser así, no debemos acostumbrarnos a esto y ver como jamás llega un estado de derecho internacional justo donde se haga cumplir los derechos humanos de forma universal, mientras nuestra sociedad se convierte en una selva, donde el animal más feroz y grande somete al resto mediante el terror.

Actualmente, la confianza en el Ministerio Publico de la ciudad de Ocotal está siendo discutida por la ciudadanía por supuestos malos resultados en la gestión pública y supuesta práctica de antivalores.

Son antivalores el nepotismo, abuso de autoridad, la negligencia, el tráfico de influencias, la mentira, la prevaricación, transfuguismos, el amiguismo, esa especie de “contubernium” concebido para dar espacio al favoritismo, uso ilícito del patrimonio público o corrupción, etc.

Es quimérico creer contener la corrupción y las conductas antiéticas si no es por la vía moral. Ninguna institución podrá manejarse de forma óptima si antes no educa en la honradez a los miembros que la integran. El desafío principal que se enfrenta al pretender la ética pública, no sólo es el establecimiento de los valores, sino su interiorización en las personas. Es arduo emplear esos valores en la práctica cotidiana, eliminar conductas deshonestas y conseguir que las cualidades morales habiten en los servidores públicos no es tarea fácil.

Debemos auxiliar la búsqueda de acciones que permitan garantizar el funcionamiento de unas instituciones transparentes, sobre todo en nuestro gobierno aun débil, que no alcanza los mecanismos convenientes para garantizar la honradez en sus servidores públicos. Si bien existen funcionarios públicos irresponsables y corruptos, asimismo los hay honestos, personas comprometidas con su trabajo, aportando así al cristalino desarrollo de la institución que representan.

Evidentemente la corrupción ha existido siempre, independiente del sistema político y período histórico. Sin embargo, el hecho de reconocer su proceso histórico no excusa de reflexionar, idear y plantear un conjunto de medidas a fin de reducir su repercusión.

¿Por qué en el caso de estos cuatro abogados se ha adoptado un juicio tan dispar?, me hago la interrogante por los antecedentes mencionados, sin ánimo de parcializarme. Me considero respetuosa de los abogados señalados, del Poder Judicial y del Ministerio Público, así que no pretendo atacar o defender. Esa opinión por ahora voy a reservármela.

Considero indispensable analizar la raíz de todo este problema; esto solo para hacer memoria de que “ley pareja a nadie molesta”, se trata también de saber si se mide con la misma vara. Como ciudadana ocotaleana espero que nuestros funcionarios judiciales sean serios y tengan normas de juego transparentes.

Actuar con justicia es muy comprometido, más aun en una sociedad como la nuestra, tan versátil y oscura.


licbortzf@yahoo.com