•  |
  •  |
  • END

De acuerdo con los últimos acontecimientos que han venido afectando aún más nuestro ya de por sí deteriorado orden institucional, ahora resulta que la Ley y el sistema estructural encargado de su aplicación están a punto de colapsar por cuanto la discrecionalidad que ha venido operando en los poderes del Estado ha emergido al punto de que el equilibrio establecido por la potestad legal se ha visto alterado en razón de criterios o voluntades ajenos al principio de legalidad.

Esto se ha patentizado en forma expeditamente escandalosa en lamentables casos de actuaciones del Poder Judicial que han invadido la competencia del Poder Legislativo, o bien, actuaciones de éste que han violentado facultades legales reglamentarias del Poder Ejecutivo, o peor aún, actuaciones del Poder Ejecutivo que violentan o usurpan atribuciones propias del Poder Legislativo alterando el sistema de pesos y contrapesos del orden jurídico institucional del Estado por anulación de facto a la Constitución.

En el caso del sistema de administración de justicia como expresión orgánica de la acción jurisdiccional, es preciso aclarar que los límites del principio de competencia basada en los ámbitos de actuación de los entes que conforman el Estado, indefectiblemente fueron estatuidos por el arto 183 de la Constitución Política, en el sentido expreso de que “Ningún poder del Estado (...) tendrá otra facultad o jurisdicción que la que les confiere la Constitución Política y las Leyes de la República”.

Sin embargo, algunos sectores consideran que la acción jurisdiccional no es en modo alguno afectada por tal limitación, en vista de que consideran que de acuerdo con lo estatuido por el arto 167 de la Constitución Política, independientemente de la justeza o no de la acción jurisdiccional, las providencias tomadas por la autoridades judiciales son de ineludible cumplimiento tanto para las personas naturales como el Estado mismo, lo que al parecer responde al axioma de que el derecho expresado por los órganos o agentes de la jurisdicción, aunque sea injusto, es legal y obligatorio (Principio de “Summun ius summa injuria”).

No obstante, cabe señalar al respecto que dicha disposición no es absoluta en cuanto a su aplicación, en vista de que el cumplimiento de tales providencias se sujeta al cumplimiento del principio de legalidad (administrativa) en los asuntos o procesos de su competencia, tal como así lo establece el arto. 160 de la precitada Carta Magna.

De tal manera que el Poder Judicial al estar “Ex autoritate legis” o por mandato inexcusable de ley, obligado a cumplir con la ley y ajustar sus fallos a los límites de su propia competencia, también lo está en cuanto a obligar a los demás poderes del Estado a sujetarse al principio de legalidad, en especial al Poder Ejecutivo, por ser el facultado por excelencia para el ejercicio de la Administración Pública.

En ese sentido el arto.10 de la Ley 260-Ley Orgánica del Poder Judicial- es sin duda una confirmación de lo antes expresado, por cuanto la jurisdicción al ser extensiva a todas las materias (Derecho Público), a todas las personas (tanto naturales como jurídicas) y a todo el territorio, debe ser con estricto apego a la forma establecida por la Constitución Política y las leyes; de manera que es lógico afirmar que el alcance de la jurisdicción es relativo y su límite se circunscribe a la legalidad, pese a la aparente antinomia que el arto.12 de dicha norma expresa en negación de lo estatuido por el precitado arto.10.

Por consiguiente, es lógico afirmar que al ser limitado en virtud de ley expresa el alcance de la jurisdicción, significa entonces que las resoluciones y providencias judiciales no tienen un efecto ultrapetitum que en forma absoluta obligue a todas las personas naturales y jurídicas a su cumplimiento inexcusable, ya que cuando una resolución judicial sea manifiestamente lesiva de un precepto constitucional legal, el delito de desobediencia o desacato es inimputable al sujeto que elude el cumplimiento del referido mandato, tal y como así lo señala la parte in fine del arto.438 del Código Penal.

Sin embargo, estos límites no han sido respetados en nuestro sistema jurídico administrativo, en virtud de que el alcance de la acción jurisdiccional ha sido interpretado erradamente al conferirle a su ámbito de eficacia un carácter de regulador jerárquico de situaciones jurídicas ya reguladas previamente por el principio de competencia de los órganos de la Administración.

Esto se ha venido evidenciando en casos particularmente burdos desde la óptica de la Técnica Jurídica y la hermenéutica, tan arraigadas en la enseñanza del Derecho en las aulas universitarias, por cuanto vemos con estupor, cómo altos funcionarios de algunos poderes y órganos del Estado no solo avalan y justifican el que una norma de rango inferior (Decreto Ejecutivo) prevalezca sobre la Carta Magna en cuanto a los plazos improrrogables del ejercicio de la función pública, sino que se acogen al adefesio en oposición a ley expresa, constituyéndose en usurpadores, es decir, delincuentes, tal y como así lo contemplan los artos 296 literal b) y 436 del Código Penal.

Asimismo, la pretendida, reiterada y malsana práctica de utilizar los órganos jurisdiccionales para dirimir conflictos de competencia entre poderes faltando a la técnica jurídica, ha venido no sólo socavando las bases sobre las que descansa el ordenamiento jurídico administrativo y constitucional, sino que al afectar la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones, también se ha desvirtuado la certeza de lo que realmente se está enseñando en las universidades en razón de la confusión que esto genera en los estudiantes.

Esto es así, porque de acuerdo con la técnica jurídica y la legislación de la materia, el hecho de recurrir de amparo en contra de un decreto inconstitucional, como el que prorroga la permanencia en los cargos públicos, como si el tal fuese un acto administrativo, además de absurdo, es innecesario por cuanto el arto.182 de nuestra Carta Magna declara sin valor alguno cualquier ley, tratado, orden o disposición que se le oponga, de manera que lo que no existe no es legalmente susceptible del amparo, y por ende, al tratarse de una situación de facto, lo pertinente era recurrir ante el Ministerio Público para que en el ejercicio de su competencia, acuse penalmente a los usurpadores, en virtud de tratarse de un delito común y no de un acto administrativo lesivo al recurrente, pero dictado por autoridad competente.

No debemos perder de vista que la actuación jurisdiccional obedece a principios radicalmente distintos del ámbito administrativo, en cuanto al hecho de que los jueces y tribunales son independientes frente a los demás órganos del Estado y sus resoluciones adquieren en cierta forma el carácter de inmutables en virtud de la cosa juzgada, lo que no acontece en la Administración.

De ahí se desprende la necesidad de que cuando la Administración no se conduzca conforme a la Ley, o al menos así lo crea el particular, deben existir medios al alcance de este para que la Administración retome el camino de la legalidad, ya sea mediante el control legislativo, el control jurisdiccional antes mencionado y el autocontrol.

Hasta aquí podemos ver las limitaciones de alcance que en el ámbito jurisdiccional tiene el sistema de administración de justicia en razón de disposiciones atingentes a la legalidad formal y la competencia orgánica.

Pero tales limitaciones de alcance sí las vemos encausadas debidamente dentro de los linderos de la legalidad, lejos de ser un obstáculo para el eficaz desarrollo y cumplimiento de la jurisdicción ordinaria, dejan evidenciado que la necesidad de recurrir a la dictadura de la judicatura no es más que un mezquino medio de coerción contranatura que algunos actores políticos han venido empleando en detrimento y escarnio de la majestad del Derecho.

Esto sin duda nos demuestra el enorme desafío que los actores de la función gubernativa, judicial y legislativa, tienen en aras de recomponer el equilibrio entre poderes sobre la base del mutuo respeto de sus respectivas potestades administrativas, para efectos de una posible consolidación de un verdadero estado social de Derecho.

*Abogado y Máster en Administración Pública