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Desde diciembre de 2006, cuando el presidente mexicano Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, 18 mil personas han sido asesinadas en México en hechos vinculados con la narcoactividad. La cifra de muertes y la actual escalada de violencia que azota ese país muestran la inefectividad de la agenda de políticas públicas implementada por la actual administración mexicana y el financiamiento de un billón de dólares por el gobierno estadounidense para reducir la pandemia.

Sólo en Ciudad Juárez, fronteriza con la ciudad estadounidense de El Paso, se registran, en lo que va de 2010, más de 500 homicidios vinculados con la ola de violencia generada por la narcoactividad; 123 de ellos en los primero 15 días del mes de marzo.

Igual que poderosas corporaciones, los cárteles de la droga en México se han escindido dando lugar a nuevos grupos bien armados y con suficientes recursos para luchar entre ellos y en contra de las estrategias gubernamentales antidrogas; los aproximadamente 40 billones de dólares que anualmente genera el contrabando de drogas hacia Estados Unidos son suficientes para seguir escalando el conflicto.

El discurso pronunciado por el presidente Calderón, en marzo pasado, en la VIII Convención Nacional American Chamber of Commerce of Mexico, muestra una perspectiva de la responsabilidad del gobierno y pueblo de EU en la lucha contra el mercado internacional de armas y drogas, y sus efectos en la región latinoamericana:
…“el crimen organizado representa un desafío, tanto para México, como para los Estados Unidos de América. Nuestras naciones podrán enfrentar este reto sólo a través de la cooperación y del entendimiento”,…”el hecho indiscutible de que Estados Unidos sea el principal mercado de drogas del mundo, de que millones de norteamericanos se dediquen a consumir o a traficar drogas, de que también sea el principal mercado de armas para las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera, nos obliga a las autoridades de ambos países a reforzar los mecanismos de cooperación”.

La perspectiva planteada por el gobierno mexicano es valiosa, pero si no es acompañada por una reforma realista de las políticas de drogas en la región latinoamericana seguramente fallará; los 30 últimos años de guerra contra las drogas han surtido efectos limitados, las legislaciones nacionales se han calcado de convenios y organismos internacionales, así como de las políticas prohibicionistas impulsadas desde Estados Unidos, las que tienen antecedentes fehacientes de fracaso (Ley Seca, Chicago, 1920-1932).

La normatividad internacional sobre drogas (Convención Única sobre Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas de 1961), se ha convertido en un valladar, ya que su eje fundamental es limitar los usos de las drogas controladas a fines médicos y de investigación científica; todos los demás usos deben ser reprimidos y eliminados. Lo anterior implica que los países enfrentan amplias restricciones para experimentar con políticas alternativas que se aproximen a posiciones realistas como la despenalización, legalización y otras opciones que puedan ser exitosas.

En el plano local, el marco legal existente es suficientemente laxo cuando se trata de penalizar el consumo o la tenencia de pequeñas cantidades de sustancias controladas, con penas de seis meses a tres años de privación de libertad. En cuanto al acceso al mercado de drogas, es relativamente fácil conseguir drogas de distinto tipo en las principales ciudades del país y las autoridades policiales se inclinan más por ejercer el modelo de colaboración policía-comunidad que un modelo abiertamente represivo y de “mano dura”.

La declaración de febrero 2009 de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, creada por los ex-presidentes Cardoso (Brasil), Zedillo (México) y Gaviria (Colombia), sostiene que la solución de largo plazo pasa por la reducción de la demanda en los países consumidores. Expone como temas claves de la acción represiva, la disminución de la producción y el desmantelamiento de las redes de traficantes, planteando como precondiciones tratar el consumo de drogas como un tema de salud pública y promover su reducción.

El amplio consenso acerca de las amenazas que las drogas representan sobre el tejido social, constituye una enorme ventaja para incidir en los tomadores de decisión, y lograr un diseño de políticas eficaces y acciones adecuadas a nuestras realidades económicas, políticas y culturales.

La apertura de una discusión regional que incluya no solo a los gobiernos sino a amplios sectores sociales se hace improrrogable frente a los hechos. Gobiernos y ciudadanos debemos asumir el reto de acercar posiciones desvinculadas de concepciones ideológicas que entorpezcan un análisis científico de tan complejo problema.


* Investigador y Coordinador del Área de Políticas Públicas del CIELAC-UPOLI.