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El golpe de Estado contra el Presidente Constitucional de Honduras, Manuel Zelaya (junio, 2009), constató que aun cuando había sectores importantes que apoyaban a Zelaya, no estaban organizados ni lo lograron en transcurso de los meses, como para golpear el corazón del régimen de facto, en el funcionamiento de la economía, la infraestructura vial, de la producción y del conjunto de entidades que hacen funcionar la sociedad. Se reveló una sociedad profundamente dividida y polarizada, una oligarquía alzada en sedición, con el apoyo de las fuerzas armadas, pero también seguida por importantes sectores medios. Ni la condena política ni el aislamiento diplomático mundial, incluso la suspensión de créditos en camino de algunos organismos internacionales, fueron suficientes para doblegar al régimen de facto de Micheletti; éste se mantuvo e implementó sus planes golpistas hasta la fecha establecida para nuevas elecciones, que se dieron, si bien en un marco de orden y pacíficas, no gozaron de la legitimidad necesaria, al excluir, en los hechos, a las fuerzas progresistas organizadas en partido y a las fuerzas del zelayismo.

¿Y ahora qué?
Ahora se plantea el problema de qué hacer con Honduras. Ningún país ha convocado a los organismos multilaterales que se manifestaron a la hora del golpe: ONU, OEA, UE, ALBA, SICA, etcétera. Para la integración centroamericana, el retorno de Honduras es una necesidad, sin la cual no puede un proceso desarrollarse plenamente, más aún teniendo de frente las negociaciones con la Unión Europea para un Tratado de Libre Comercio y problemas de carácter interregional.

Países como Guatemala, El Salvador, España, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, entre otros, se han manifestado individualmente por el retorno de Honduras a la comunidad de naciones sobre la base de que existe un gobierno legalmente constituido, independientemente del golpe, condenado en su momento. Nicaragua es el único país de la sub-región que se opone a ello, con el argumento de que el nuevo gobierno es fruto de la ruptura constitucional e institucional en Honduras, por lo tanto, ilegal e ilegitimo, y la impunidad abre precedentes en otros países de América Latina.

Generalmente, en estas situaciones, los países, de acuerdo a sus propios criterios e intereses, ejercen su derecho soberano a establecer, re-establecer o no, relaciones que se crean de Estado a Estado, advirtiéndose el riesgo, en este caso de Nicaragua, de ir quedando sola en la región, en un momento en el que enfrenta amenazas de conflictos limítrofes por parte de Colombia y Costa Rica.

Nicaragua tiene que saber manejar su condición de miembro del SICA y de ALBA, pero lo que no puede es quedarse sola, cuando ya el resto de países van tomando sus decisiones soberanas.

Algunas sugerencias de solución
1. Acciones diplomáticas políticas
Nicaragua debe promover el análisis-debate de la situación hondureña en los organismos regionales e internacionales, en función de una nueva resolución que tiene que darse ante la nueva situación establecida. No se trata de avalar con ello, el golpe de Estado como mecanismo de fuerza para cambios de gobiernos, sino de reconocer la nueva situación y establecer mecanismos que intervengan en función de impulsar, observar y garantizar procesos del retorno pleno de la democracia y de la restitución cabal de los derechos humanos, como pudieran ser: el retorno del Presidente Zelaya y su derecho constitucional de organizar sus fuerzas en partido político que dispute nuevamente el poder y el paso a retiro de la cúspide golpista de las fuerzas armadas, la creación de una Comisión de la Verdad, legítima e independiente. Nicaragua podría plantear también, la creación y la instalación en Honduras de una Representación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este monitoreo podrían participar organismos de esta naturaleza, que dependen de la OEA y una representación de la nueva Organización de Estados Latinoamericanos, la cual, por cierto, también debe pronunciarse expresamente sobre la nueva situación regional.

2. Centroamérica: Zona de Paz, Cooperación y Seguridad Ciudadana
El IMLK de la Upoli, ha promovido desde hace cuatro años que la Asamblea General de las Naciones Unidas declare a “Centroamérica: Zona de Paz, Cooperación y Seguridad Ciudadana”, esta iniciativa fue conocida, debatida y aprobada por el organismo político suprarregional Parlacén y entregada en 2007 a cada Jefe de Estado y gobierno que entonces integraban el SICA. Esta Iniciativa, eminentemente política y que emula otras, como la del Océano Índico y Atlántico Sur, en las condiciones que vive la región centroamericana, se constituye en un instrumento para una paz duradera.

3. Programa Latinoamericano de Cultura de Paz

También, nuestro Instituto viene promoviendo desde el año pasado, la implementación de un Programa de Cultura de Paz para América Latina, que partiría de la realización de dos talleres sub-regionales: uno para Centroamérica y El Caribe y el otro, para países de América del Sur como: Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Este Programa amplio de Cultura de Paz, está orientado al fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la promoción de los derechos de las poblaciones originarias, la educación para la paz y la gestión pacífica de conflictos, desarrollo humano sostenible. Su grupo meta integra: organizaciones de la sociedad civil, fuerzas armadas y policiales, iglesias, representantes académicos, sistema educativo, instituciones del Estado, medios de comunicación, poderes locales, entre otros.

*Director Instituto “Martin Luther King” / Upoli