Jorge Eduardo Arellano
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La Ley 501, conocida como Ley de Carrera Judicial, fue aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de octubre de 2004. El once de noviembre del mismo año el Presidente de la República, ingeniero Enrique Bolaños Geyer, vetó la ley. Los diputados de la Asamblea Nacional en Tercera Sesión Ordinaria de la XX legislatura del 30 de noviembre de 2004 rechazaron el veto presidencial, por lo que a tenor del arto. 91 lo aprobado entró en vigencia el 30 de enero del año 2005. El próximo año la ley cumplirá tres años de vigencia, sin embargo, el contenido y sus disposiciones son “papel mojado”, porque los Excelentísimos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no han querido implementarla en un cien por ciento, so pretexto que la misma requiere un reglamento en cuanto al proceso de concurso y competencia para llenar las vacantes de los jueces y magistrados.

Es inconcebible que una ley de la República, que está en plena vigencia, no se cumpla simple y sencillamente porque al órgano que administra la ley (Corte Suprema de Justicia), no le interesa hacer el bendito reglamento de la ley 501. En los años 2005, 2006 y 2007, por los diferentes medios de comunicación social el Presidente de la Corte Suprema se ha comprometido con el Pueblo de Nicaragua a que el Reglamento sería aprobado, pero todas sus promesas han sido vanas. Recientemente El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Manuel Martínez, se comprometió ante funcionarios del Poder Judicial a que en estas navidades, como regalo navideño, entregaría el tan demandado reglamento. No obstante en la Edición de EL NUEVO DIARIO del 15 de diciembre de 2007, el mismo Magistrado Martínez declaró que no convocará a Corte Plena para aprobar el reglamento a la Ley 501, en esta ocasión usa como excusa la crisis actual que tiene ese poder de Estado, por la sentencia dictada por la Sala Constitucional a favor de los CPC.

La verdad es que los 16 Magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia nunca han tenido la voluntad de aprobar el reglamento de la Ley 501, por la sencilla razón de que quieren seguir manteniendo su Statu Quo, es decir, no quieren despojarse del poder personal que tienen de estar haciendo nombramientos de dedo de jueces, magistrados y personal administrativo. Reglamentar la Ley de Carrera Judicial significa cercenar el dedo por lo cual hacen nombramientos de funcionarios públicos en este poder de Estado, por lo cual no están dispuestos ellos a cortarse ese dedo. Aprobar el reglamento de la Ley 501 implica enterrar para siempre los padrinazgos y los feudos que por años han mantenido los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en los 16 departamentos del país La reglamentación de la ley abrirá las puertas para que al Poder Judicial ingresen los abogados más competentes y capaces, los que podrán competir con otros colegas en concursos de oposición y competencia, para así llegar a Juez o Magistrados en el Poder Judicial.

Por ese panorama halagador que contiene la Ley 501, del cual saldrá beneficiado el Pueblo de Nicaragua, en materia de Justicia, es que los Magistrados de la Corte Suprema le tienen horror, pavor y pánico a aplicar totalmente la 501, ya que una vez que se implemente en un cien por ciento la ley, ya no tendrán cabida ahijadazos, ni padrinazgos, puesto que el que ingrese al sistema de justicia será por meritos personales, por capacidad, por conocimientos jurídicos y no por amiguismo o por clientelismo político, como sucede en la actualidad.

Ante las declaraciones dadas por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Manuel Martínez, de que tampoco en este año 2007 no se tendrá el reglamento de la Ley de Carrera Judicial, pienso que esas declaraciones deben movilizar a la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic), para que demanden al Presidente de la Corte de la Suprema, el cumplimiento y la aplicación absoluta de la ley, la cual ha estado aplicándose en forma discrecional y caprichosa por tanto años, para que de esta manera los funcionarios de este poder de Estado gocen de una bien merecida estabilidad laboral; tengan los ascensos laborales que se merecen por tanto años de trabajo; y sobre todo recuperen la dignidad en el ejercicio de sus funciones, es decir que ya no sigan siendo usados como instrumentos de personas y grupos contrario a lo dispuesto en la Constitución y en la ley.

Hay que demandar a los diputados de la Asamblea Nacional que no sigan siendo cómplices de los desmanes y abusos en que han incurrido los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en estos casi tres años que han transcurrido sin que se lleve a cumplimiento una ley de la República, como lo es la Ley 501. El parlamento a través de la Junta Directiva debe citar y emplazar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y a todos los magistrados en pleno para que concurra al Plenario de la Asamblea Nacional y expliquen a los legisladores las causas o motivos por los que la Ley 501 no se ha aplicado en su totalidad, siendo los infractores de la ley precisamente los encargados de administrarla y aplicarla.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia convocó a un concurso de oposición y competencia para nombrar cuatro Jueces de Distrito Civil de familia, que funcionarán dos en Managua, uno Matagalpa y otro en Chinandega (usando el procedimiento la ley 501), en la convocatoria participaron más de cien abogados de todo país, lo anterior se hizo como una exigencia del país donante del programa, en este caso España. Con esa convocatoria a concurso se demuestra plenamente que la Ley 501 no requiere ninguna reglamentación, puesto que en la parte in fine de la misma el legislador no dejó consignado que tenga que reglamentarse la ley, tal como lo preceptúa el arto. 141 Cn., párrafo 9, esto deja al descubierto que los magistrados de la Corte Suprema han venido usando la cantinela y el falso argumento de la reglamentación para no despojarse del dedo en los nombramientos de los jueces dentro del Poder Judicial.

*Abogado y Notario Público.