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La imagen de Nicaragua, históricamente, no ha sido perfecta. Pero los gobiernos le han aplicado brochazos de tonalidades oscuras, que le han empeorado la imagen. Los periódicos y otros medios de comunicación, no le agregan ninguna pincelada a esta imagen, sólo le sirven como espejo para reflejarla, y con sus críticas a las malas actividades de las fuerzas políticas tradicionales tratan de mejorarla. Pero la actividad de sus partidos políticos no sólo no se compagina para nada con la voluntad de mejorar esta imagen del país, sino por el contrario: cada día agregan nuevas deformaciones a sus rasgos principales.

Además de su gestión deformante de la imagen democrática de la vida nacional, las fuerzas políticas crean la paradoja de que –al evadir responsabilidades—, empañan o pretenden empañar el espejo, o sea a los periódicos y demás medios de comunicación, trasfiriéndoles sus propias culpas y, como si fuera poco, también amenazándoles. Ciegos con su poder, no alcanzan a ver que, al menos, el principio de las soluciones a los problemas nacionales es que el pueblo conozca las causas y demande la rectificación de las conductas abusivas.

El gobierno quiere hacer creer que el mal está en el espejo y, autoritario, mantiene un Consejo Supremo Electoral en plena orfandad de confianza, pero sólo se le antoja ver una conspiración en las críticas del periodismo a su magistrado-presidente. El señor Roberto Rivas, insolvente ante la opinión pública por sus alteraciones de la voluntad popular en las elecciones, más sus constantes tropiezos con la legalidad en el mal manejo de los recursos confiados a él y a esa institución, no sólo goza de protección gubernamental, sino también recibe protección física de una maquinaria policial exagerada ante un peligro –que si en verdad existiera— tendría que emanar de su mal gobierno hacia la ciudadanía, y nunca de sus críticos, menos de los periódicos hacia el funcionario.

Ejemplo: pese a la nada recomendable actuación del funcionario Rivas, un Comisionado General de la Policía, Francisco Díaz –política y socialmente emparentado con el presidente Daniel Ortega—, tuvo una respuesta lesiva, acusatoria y amenazante contra el periodismo, cuando le preguntaron el porqué de la excesiva protección que recibe el tal funcionario: “¿Qué no lees los periódicos? Andá leelos.” No es difícil imaginar cómo lee los periódicos el Comisionado General Díaz, para que se exprese de esa forma.

La mente del funcionario policial parece operar con la idea nada constructiva de que los periódicos, sus críticas y señalamientos de los abusos, azuzan un atentado contra Roberto Rivas. Esto hace imaginar cuan retorcida es la imagen que el Comisionado General se ha hecho: un funcionario probo. A la par, ve a unos periódicos responsables de un imposible atentado en su contra, porque no oculta los hechos acusatorios. Con autoridades así, con miopía en su visión y un criterio distorsionado, no queda margen para imaginar que habrá garantía ciudadana para el ejercicio libre de la información. Y después, tampoco para una elección transparente.

Por su lado, las fuerzas políticas opositoras tradicionales conocen bien el ámbito social y económico en quiebra –de cuyas causas no son ajenas—, pero promocionan campañas electoreras prematuras y destructivas de la poca credibilidad que les queda como verdadera oposición. Evaden enfocar su actividad hacia el enfrentamiento político contra la reelección y el autoritarismo, como tarea central que demanda la situación política nacional. Quizás no lo hagan porque se creen inocentes de la situación, porque ya agotaron su calidad de partidos opositores o porque les es más conveniente repartirse las prebendas y las migajas de sus cuotas de poder. Nadie pecaría de osado si dijera que son estas tres cosas juntas las causas de su inutilidad pública.

Y mientras el pueblo y sus organizaciones sociales no respondan a los retos que les plantean estos dos sectores reaccionarios de la clase dominante, con un movimiento unitario de masas y progresista; y en tanto el gobierno centraliza medios electrónicos de comunicación y los convierte en sus portavoces, no es raro que sean los medios de comunicación independientes –más que todo los periódicos impresos— los que estén en la mira gubernamental. La actitud del Comisionado Díaz, no es accidental. Él ha sido puesto por el presidente Ortega en la línea de sucesión para presidir la Policía Nacional –tanto por su parentesco político como por su afinidad ideológica—, por lo cual se vislumbra menos independencia de la institución policial y mayor inseguridad para los derechos democráticos de la ciudadanía.

Los tres años que el orteguismo ha utilizado, no para gobernar, sino para mandar, fortalecer su capital y consolidar su proyecto político continuista, es el mismo tiempo que la oposición tradicionalista, han desperdiciado, buscando sólo cómo arrancar más cuotas de poder sin dimensionar correctamente el proyecto orteguista. Tampoco es extraño que alguna gente siga apoyada en el esquema de las posiciones políticas “inconciliables” entre los “demócratas” y los “izquierdistas”, aunque ambas corrientes son falsamente demócratas como falsamente de izquierda. Ambos sectores son verdaderos oportunistas, voraces depredadores del Estado, y de ello tendrán que convencerse –mejor lo hicieran más temprano que tarde—, los sectores sociales realmente democráticos, populares y progresistas para ver si se deciden a organizar un movimiento opositor sin oportunismos ni corrupción.

Pensamos no sólo en la gente ya reconocida como de izquierda democrática, contraria al orteguismo. Sería sectarismo, y aun más, sería inconveniente para los intereses democráticos –ya reprimidos y en peligro de mayor agresión—, no pensar también en las bases populares de los partidos políticos, los instrumentalizados de siempre por las cúpulas corruptas, que también han sido sus víctimas. Pensamos en las organizaciones sociales, gremiales y políticas no contaminadas con los vicios de la politiquería tradicional. Pensamos en un movimiento político con ética, ese mismo valor hace rato ignorado por los partidos políticos tradicionales, incluido el orteguismo, en su práctica política.

Si existen políticos que sueñan con volver a la presidencia que sólo les sirvió para depredar al país. Si los orteguistas no duermen trabajando por eternizarse en el poder, atropellando las leyes, ¿qué puede impedir a los sectores populares que sueñen despiertos, activos y vigilantes con gozar de plenas libertades y de los derechos constitucionales? Nada. Nada, que no sean la apatía, la inercia, el conformismo o la desorientación política. Pero tampoco se trata de algo que el pueblo nicaragüense no haya superado en un momento de su historia.