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1. Otro ejemplo de la actuación de Telcor. Otro caso que pone en evidencia los vacíos de la Ley 200 y las capacidades reales de Telcor viene a ser la forma cómo licitó la concesión otorgada a la empresa de capital ruso-nicaragüense YOTA. En un proceso acusado de sigiloso y de licitación restringida, del que poco se supo oficialmente y del cual se retiró la competencia, Telcor falló a favor de YOTA, a pesar de que el artículo 17 de la Ley 200 expresa que “la telefonía celular es un servicio de interés general, su licencia se otorgará a través de un proceso de Licitación Pública”. Claro y Movistar con sólo haber retirado sus pliegos de oferta cuestionaban la licitación. Lo de YOTA recuerda la forma cómo Estesa fue adquirida por Claro en un proceso aún más opaco.

La Ley 200 establece en su artículo 29 que “las licencias para los medios de comunicación social sólo se otorgarán a personas naturales o jurídicas nicaragüenses, en el caso de las Sociedades Anónimas el 51 % del capital deberá ser de nacionales nicaragüenses, las acciones serán nominativas. Telcor supervisará y garantizará el cumplimiento de la disposición constitucional del Arto. 66.”

El párrafo final de este mismo artículo afirma que “para las inversiones privadas a que se refiere el artículo 15 de esta ley, cuando ésta fuere extranjera su participación y régimen legal será determinado por ley que autorice y que regule estas inversiones”. El artículo 15 de la Ley 200 reza que “la operación de servicios públicos de telecomunicaciones con intervención de particulares se regirá por la Ley de la materia de acuerdo con el Arto. 105 de la Constitución Política”. A su vez, el Artículo 105 constitucional textualmente dice que “es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos de (…) comunicación (…) a la población, y es derecho inalienable de la misma el acceso a ellos.”

¿Cuál es la ley que regula este derecho inalienable, cuando se da la inversión privada extranjera? No existe. El artículo constitucional 68 -- que establece que “los medios de comunicación (…) deberán contribuir al desarrollo de la nación” – ha sido convertido en un enunciado de buenas intenciones. Sobre todo en el párrafo que reza: “el Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo. La ley regulará la materia”. Todos hemos quedado a la espera de la promulgación de esta ley.

Todos los casos señalados forman parte de un fenómeno global que se ha caracterizado por el control y acumulación de propiedades en pocas manos, creciente presencia de capital extranjero en medios de comunicación nacionales (sobre todo en los medios de punta), centralización y homogeneización de contenidos (sobre todo en la televisión), convergencia entre soportes tecnológicos (el matrimonio medios de comunicación y telecomunicaciones, entre viejos medios y TIC), y expresan el debilitamiento progresivo de las instituciones del Estado encargadas de velar por este patrimonio nacional, y las formas cómo se han privatizado las telecomunicaciones y las industrias de los medios. (La radio y la televisión en la era digital, Gustavo Gómez Germano, 2008)
Aunque la disputa fundamental se está dando en el campo de la televisión y la telefonía, no está de más mencionar el Estudio sobre concesión de frecuencias de radiodifusión: de la desconcentración a la democratización del espectro radioeléctrico (ALER, 2009). Este documento revela que en Centroamérica se ha impuesto la lógica del mercado en el acceso a las frecuencias radioeléctricas (...) las concesiones son otorgadas atendiendo a criterios esencialmente financieros y no a la naturaleza pública del espectro ni a la utilidad social y cultural que pueda derivarse de su explotación.

2. Algunas propuestas. Todo lo anterior manifiesta que en Nicaragua se encuentran en situación precaria quienes ostentan una licencia de radio y televisión. La Ley 200 y las modificaciones aprobadas a su reglamento en el año 2004 dejaron un amplio margen de discrecionalidad para que los funcionarios de Telcor apliquen el marco jurídico de manera quirúrgica, si el caso lo amerita, de la misma manera que lo hizo con Radio La Ley y Radio La Poderosa.

Telcor es una institución altamente dependiente del Poder Ejecutivo. El Presidente de la República elige al Director de Telcor conforme la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En el caso de Nicaragua, la autonomía funcional de Telcor es casi imperceptible. Adicionalmente, puede señalarse que el marco jurídico vigente es insuficiente y se encuentra desfasado para afrontar con efectividad la presencia de personas y empresas extranjeras en el campo de las telecomunicaciones.

La nueva ley debería ser una pieza que incluya las nuevas realidades y tendencias de las telecomunicaciones, garantizar el cumplimiento del derecho inalienable de la sociedad nicaragüense a la información veraz y que los medios contribuyan al desarrollo de la nación en un marco de pluralidad y sin monopolios nacionales o extranjeros. La nueva legislación también debe superar la concepción de la Ley 200, que establece que las telecomunicaciones son un “servicio” cuando en realidad constituyen un “derecho inalienable” que debe ser garantizado por el Estado de Nicaragua.

Las telecomunicaciones garantizan el derecho a la libertad de expresión. Esta demanda parte de una realidad dramática: Nicaragua es un país pobre, en el que siete de cada diez personas tienen un ingreso de dos dólares o menos cada día. El 43% apenas un dólar diario. La situación tiende a empeorar en las zonas rurales y la Costa del Caribe. Cerca del 20 % de la población rural tiene acceso a la televisión. Este porcentaje disminuye al 11 % en la Costa Caribe. A nivel nacional, el acceso a Internet no supera el 1 % de la población total. Se percibe una clara exclusión de segmentos importantes de la población.

La exclusión que aquí se menciona aparece reflejada en el estudio Regulación de las concesiones de Radiodifusión en América Latina (ALER, 2009). “El efecto de este fenómeno de exclusión es similar al efecto que produce la censura: el silencio”. (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH Informe Anual 2008). Debe mencionarse que la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, UIT, recuerda a estados nacionales como el de Nicaragua que el espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad y no una propiedad del Estado, y por tanto éstos son sólo sus administradores, y deben hacerlo en función del interés nacional y general. Tampoco son propietarios quienes tienen la titularidad de una frecuencia.

La disposición que establece mayor porcentaje accionario a los nicaragüenses en la propiedad de los medios audiovisuales debe mantenerse. La única forma de lograrlo es que las disposiciones concernientes a la radio y televisión permanezcan fuera de la ley de telecomunicaciones. Este ha sido un aspecto que no han tomado en cuenta las organizaciones radiales y televisivas del país, así como también quienes poseen títulos habilitantes de manera individual. Una de las propuestas de los dueños de medios ha sido que debe haber una ley específica para normar el funcionamiento de los medios audiovisuales.

Si las disposiciones para regular los medios audiovisuales quedan incorporadas en la ley de telecomunicaciones, la información y los bienes culturales serán tratados como mercancías. Así lo establece la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los tratados de libre comercio firmados por Nicaragua. No hay que olvidar que están en juego aspectos relacionados con la soberanía nacional, cultural y educativa. Como he planteado en distintas ocasiones, los medios de comunicación no son reductibles ni comparables a una fábrica de bebidas, ni a una embutidora de cerdos. Poseen una dimensión trascendente, vinculada a la libertad de expresión y a la manera en que los nicaragüenses conciben cómo debe ser su cultura, a la forma en que pretenden forjar su identidad y su visión del mundo.

Todavía hay tiempo para iniciar una discusión de este tipo. Si el gobierno actual quiere contribuir a la existencia de Nicaragua como Nación, debe percatarse qué dimisiones en el campo de la comunicación se traducen en vulnerabilidades irreversibles para el país. El celo extremado que tiene en relación a la entrega de frecuencias a los operadores locales, no se compadece con la laxitud que tiene con operadores extranjeros. El tema de la identidad, íntimamente vinculado con la memoria histórica y la existencia de los bancos de datos, verdaderos manantiales donde reposan textos y documentos inexistentes en el país. Un tema todavía pendiente en la agenda nacional.

El criterio que prevalece en la renovación de las licencias está en relación directa con la afinidad que guardan los beneficiarios con las políticas que impulsa el gobierno. Jamás debe obviarse que la democracia moderna sólo es entendible si propicia el pluralismo, la tolerancia y la existencia de diversidad de medios, porque donde desaparece la crítica, los gobernantes actúan sin los contrapesos necesarios que impone todo régimen democrático. La discusión de la nueva ley de telecomunicaciones compete a todos los nicaragüenses. No debe haber ningún tipo de delegación a favor de la clase política. La experiencia histórica enseña que debido a su alcahuetería, nunca han sido capaces de salvaguardar los intereses del país.