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Pienso que el estudio de la historia debe desentrañar en los procesos concretos, las leyes que rigen los cambios en un contexto socioeconómico y político dado, pero, bajo una realidad más amplia, de avance de la conciencia de la humanidad.

Bajo esta óptica, el movimiento espontáneo insurreccional de masas que derribó por vía revolucionaria al régimen somocista, fue frenado de inmediato por un proceso de burocratización, de figuras que se autoproclamaron “comandantes” y que gestaron un estado de dominación con un ejército profesional partidizado, con escalafones de rangos militares, de general de ejército hacia abajo, que se construía burocráticamente de la cúspide hacia la base.

El artículo que publicara Humberto Ortega, en la sección de Opinión de EL NUEVO DIARIO, del 23 de marzo pasado, constituye un documento válido para comprender las limitaciones intelectuales y políticas de quienes dirigieron el proceso burocrático de los años ochenta.

Para empezar, no se comprende qué significa la consigna: “Integración o miseria”, con la que encabeza su artículo. Es una frase vacía de contenido y, por ello mismo, de carácter contra-revolucionario.

Para combatir la miseria no se requiere, ni basta, la integración de los estamentos de la sociedad. Por el contrario, se debe promover un programa de acción que no sólo defina las metas de los planes económicos, con las transformaciones necesarias en el control y en el uso de las fuerzas productivas (en especial, en el uso de la tierra), sino, que organice a los agentes sociales en grado de ejecutar dicho programa, en contra de los intereses de quienes promueven el enriquecimiento individual. La integración social es la consigna de las clases dominantes, que es posible sólo si no se cuestiona el orden establecido.

Luego, el señor Ortega escribe: “El arte de negociar es el arte de saber ceder”. Nuevamente, es una frase vacía de contenido.

El arte de negociar, es la capacidad de conquistar o de salvaguardar lo esencial en una disputa, en función de la correlación de fuerzas. Se requiere apreciar no sólo la exacta correlación de fuerzas, sino, la tendencia objetiva de desarrollo de esta correlación con la continuidad del conflicto. Es, por consiguiente, la capacidad de aprovechar las ventajas propias y de neutralizar las del contrario, a fin de persuadir al adversario de que prolongar el rechazo del acuerdo propuesto acrecentará sus debilidades. Lo que cede el vencedor hábil en una negociación, no hace más que apuntalar sus conquistas (en lo cual centra su negociación). Y lo que cede el perdedor, si es hábil, intenta salvaguardar lo esencial (en lo cual centra su negociación). Ceder, no es un arte, esto lo hace cualquiera desprovisto de imaginación y de coraje.

Más adelante, el señor Ortega escribe: “La Guerra se resuelve con los fundamentales componentes de lo militar, lo diplomático y lo político”. Es, nuevamente, una enumeración de sustantivos, sin sustancia.

La guerra se resuelve con el triunfo o la derrota. Y el resultado depende de condiciones objetivas y subjetivas. Depende de qué parte sufre más el agotamiento de sus recursos materiales (económicos, logísticos, territoriales) y humanos, que demanda el conflicto. E igualmente importante, depende de la capacidad de dirección, y de la moral, y de la disposición de los combatientes de sostener y de prolongar el enfrentamiento, y de resistir sus consecuencias en pro de los objetivos propuestos.

Luego, escribe Ortega: “El eje central de la política de guerra que impulsa el presidente Reagan es lo militar”. El eje central de una política de guerra es siempre militar.

Eso no impide que los objetivos militares se puedan centrar en golpear la economía del adversario, ni que la diplomacia coadyuve a rematar la victoria posicional (que impide maniobrar al enemigo). Significa, tan sólo, que la política ha llegado al enfrentamiento con acciones de fuerza.

Y, para colmo, hace una afirmación ingenua sorprendente: “En 1988, cuando el 23 de marzo se firma el Acuerdo de Sapoá, la correlación militar es favorable irreversiblemente al EPS”. Lo que era irreversible en 1988, era la pérdida del poder de la burocracia de los años ochenta que se sostenía con las armas.

Cualquiera sabe que el arte supremo de la guerra es la derrota del adversario sin combatir. De manera que la correlación de fuerzas, en lo militar, no se mide ni por los hombres en armas, ni por el armamento, ni por la capacidad de avance de las tropas en territorio enemigo. Todos estos elementos, los norteamericanos los tenían en grado superior en Vietnam (donde no había frentes bélicos definidos), y a pesar de los intensos bombardeos sobre Hanoi, y de haber vencido a los vietnamitas en todas las batallas (Ia Dang, Dak To, Loc Ninh y Khe Sanh, incluso en la ofensiva del Têt), fueron derrotados, simplemente, porque no tenían la capacidad militar de acabar con la resistencia, y cómo ponerle fin al enfrentamiento.

Para el poder establecido en los Estados Unidos, la inestabilidad social y política que crecía a lo interno y en el ámbito internacional, era un mal mucho mayor que aceptar su derrota militar en Vietnam, con el retiro definitivo de las tropas.

Sapoá preparó aquí la derrota del proyecto militar burocrático, por vía electoral. El objetivo de los dirigentes de los años ochenta, con los acuerdos de paz, era salvaguardar, en lo esencial, algunos intereses propios (que el ejército garantizaría).

Sin la capacidad de comprender que la fuerza militar durante un conflicto se nutre de la moral de la población y de objetivos sociales conscientes, Ortega escribe desde una visión burocrática la situación del ejército como institución estatal: “En lo económico, el país colapsa pero subsiste; los avances sociales se debilitan o cesan. Las libertades democráticas se limitan drásticamente, como en cualquier guerra con otro país”.

Todo militar comprende que aunque se conserve el armamento intacto, esas son condiciones objetivas de una derrota inminente. Efectivamente, lo que se cede en la negociación que sigue, es la esencia del proyecto burocrático, que se sostenía, básicamente, en el dominio militar sobre la población.

Ortega insiste en no darle valor alguno a la separación de su proyecto, del nivel de conciencia y de rechazo de la población: “El vital SMP, que redujo la sangría del país y fue la base heroica de la modernización del ejército y sus victorias, pero que no fue asimilado por el pueblo, acarreando un elevado costo político al sandinismo”.

Una política que no es asimilada por el pueblo es, precisamente, una política burocrática, impuesta a las masas. Por lo tanto, el ejército en lugar de una organización de carácter popular, con células de autodefensa integradas voluntariamente por las organizaciones de masas, es concebido por Ortega como una institución burocrática que se moderniza con base al armamento que recibe.

Por último, a estas alturas, en el colmo de la ceguera, ve la derrota como un triunfo: “El traspaso de la banda presidencial de Daniel Ortega a doña Violeta Barrios, allana el camino para que se desarme el último líder de la contrarrevolución”.

La pérdida del poder es la que se simboliza con el traspaso de la banda presidencial, y la que hace innecesario que se continúe con a la resistencia armada de los adversarios. Sobre todo, en la medida que la institución militar del ejército pierde carácter partidario, y como institución burocrática moderna, se vuelve asimilable por el nuevo orden jurídico.

El mérito político de los dirigentes en este proceso (desde el punto de vista burgués del término), es el de haber defendido acertadamente, sin escrúpulo moral alguno, sus intereses personales (en ello, es posible que Ortega tenga razón en percibir la negociación como un triunfo). No obstante, esta conclusión de una hazaña que empezó con la insurrección revolucionaria del pueblo en contra de la dictadura de Somoza, es triste. Tanta sangre derramada, tanta miseria y retroceso acumulado, a cambio del enriquecimiento de unos pocos.