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De acuerdo con los resultados de la encuesta anual de opinión pública realizada por Latinobarómetro en 17 países de América Latina; el Centro de Estudios de Justicia de las Americas (CEJA), mostró que el Poder Judicial en América Latina figura entre las cuatro instituciones en las que menos confiamos los ciudadanos latinoamericanos.

Recomiendo que bajen el diagnóstico y lo analicen a profundidad, www.dplf.org. Quizás lleguen a la misma conclusión; ¿Qué podemos hacer los ciudadanos comunes para reducir este apéndice de corrupción en el área judicial?; me refiero a la cultura de la coima.

Dicho estudio aborda ampliamente la corrupción judicial y deja ver cómo ésta comienza a trepar desde el nivel más bajo; por ejemplo cuando un secretario o una secretaria de los juzgados acepta coimas para agilizar trámites judiciales o recibe regalías de los abogados litigantes para obtener sentencias favorables, y en algunos casos el o la juez desconoce este acto de corrupción.

Diversos sistemas de justicia latinoamericanos están estructurados para que algunas autoridades inescrupulosas que exhiben investiduras de magistrados, fiscales y jueces se “engorden” sin mayor dificultad, porque la cultura de la coima se ha institucionalizado debido a la inexistencia de controles eficaces contra la corrupción en todos los niveles, no se toman cautelas y cuidado extremo en la formas o no se toman en cuentan los asomos de integridad dudosa, etc.

El magistrado, fiscal o juez que prospera ilícitamente en este quehacer, cobrando o recibiendo coimas para solucionar a favor o en contra de un litigante, intenta por todos los medios ocultar o perder la huella del peculio que recibe o pide de modo ilícito, contando algunas veces con la confabulación del secretario o secretaria judicial de su confianza, quien es, quien pide o realiza el trato con los litigantes; de tal forma que “quien esta arriba” se mantiene sobre una repisa de honestidad.

Correr la cortina de esta conducta irregular de este estereotipo de magistrados, fiscales, jueces, secretarias y secretarios judiciales no es trabajo fácil. Estas investigaciones componen todo un desafío. La autoridad judicial que se está enriqueciendo ilícitamente, como todo malandrín, aprende a tapar sus dividendos ilícitos o trata de no dejar vestigios o algún rastro que lo traicione, para ello recurre a testaferros o a los miembros de su propia familia; algunos de estos casos se descubren de forma accidental.

Así que denunciar estas señales de corrupción continúa siendo todo un reto, exige gran esfuerzo, saber batirse en medio de aguas revueltas en donde existen botines y bárbaros, pero vale la pena pretenderlo, porque está en juego la anhelada justicia que deseamos los ciudadanos de a pie, sobrevivientes de todos los días, que lo único que ambicionamos es que el sistema de justicia cuente en su totalidad con magistrados, fiscales, jueces, secretarios y secretarias judiciales íntegros, que no oscurezcan a los funcionarios judiciales probos y a esta institución del Estado.

No olvidemos que la corrupción en el Poder Judicial complica al estado de derecho, y la corrupción en la administración pública deriva en la disposición injusta de servicios; permitiendo la impunidad de otros crímenes.

“Sean capaces siempre de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario.” Ernesto Che Guevara.