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Nuevamente el país entró en una grave crisis institucional por causa de vencimiento del plazo de tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en particular Rafael Solís y Armengol Cuadra, ambos se aferran desesperadamente al decreto presidencial 03-2010 y al inciso 2º del artículo 201 de la Constitución Política, para no dejar el puesto, bajo el argumento de que la disposición administrativa es válida y de que el precepto constitucional de 1987 se encuentra en plena vigencia.

No quiero profundizar sobre la legalidad o legitimidad que arguyen los ex funcionarios públicos, lo que me preocupa es que esta crisis efectivamente está dañando a toda la nación. De alguna manera esta situación es responsabilidad de los diputados de la Asamblea Nacional, que por intereses meramente políticos y partidistas, no inician en tiempo y forma el procedimiento para elegir a los funcionarios públicos cuando se les acaba el período para el que fueron electos. Los diputados esperan que les explote en su cara la crisis institucional, y es hasta ese momento que corren a conformar la Comisión Constitucional, encargada de convocar públicamente para la selección de los candidatos a estos cargos.

Recuerdo que en el año dos mil ocho, la CSJ tuvo una crisis institucional similar o peor que la actual, debido a que en esa coyuntura se les venció el plazo a ocho magistrados para ocupar el cargo público, de esta manera la Corte estuvo paralizada por varios meses, los más perjudicados por la crisis fueron los usuarios de la justicia en todo el país. El problema fue resuelto hasta que los dos partidos políticos mayoritarios en la Asamblea Nacional pactaron para elegir a las personas que son incondicionales a las organizaciones partidistas. Igual sucedió con la crisis del año pasado, en la cual los Tribunales de Apelaciones de distintas circunscripciones judiciales del país quedaron acéfalos, pues a dieciséis magistrados se les había vencido sus cinco años, entonces había una puja en la misma CSJ, no se ponían de acuerdo en cuanto a qué magistrado se ratificaban y cuáles no, al final la crisis fue superada.

Considero que nuestro país no puede ni debe seguir el derrotero de estas crisis, ya esto está alcanzado ribetes peligrosos, el control se pueda salir de las manos, los ánimos de las partes involucradas se podrían exacerbar y conducir a actos de violencia que nadie desea.

En nuestro país todos deberíamos avocarnos para proponer alternativas de solución al problema del Poder Judicial, en particular al método de nombramiento de los magistrados de los tribunales de apelaciones y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues es insostenible continuar con el actual sistema de designación, sometiendo a la nación a una terrible presión política que afecta el clima de inversión, la actividad económica y el ambiente de negocios que tanto necesita la deteriorada economía nacional.

Todos aquellos sectores sociales, económicos y políticos que de alguna manera sienten preocupación por el rumbo que lleva nuestro país, deben expresarse sobre este tema y sobre esta crisis, haciendo propuestas de solución para que salgamos del túnel en el que unos cuantos irresponsables nos han metido.

Mi propuesta en cuanto a este problema institucional por el que atraviesa la CSJ, es que a los funcionarios públicos de este poder de Estado se les brinde estabilidad en sus puestos de trabajo, eso de estarlos sometiendo cada cinco años a una revisión es un chantaje político que debe ser erradicado, soy del criterio de que las personas que lleguen al cargo de magistrados de la CSJ, luego de cumplir un exhaustivo proceso de selección en capacidad jurídica, experiencia, de solvencia moral y ética, ese puesto debe ser vitalicio y solo podrán ser destituidos del cargo por acusaciones graves de corrupción, pero mientras observen una buena conducta en el desempeño del cargo que permanezcan en el mismo hasta su muerte.

La otra alternativa es que a la Asamblea Nacional se le impongan constitucionalmente un plazo perentorio para elegir o ratificar a los funcionarios públicos, en especial a los magistrados de la CSJ, en el supuesto el Parlamento no cumpla con lo estatuido. Se puede consignar que los funcionarios que no fueren electos por esa omisión de parte de los diputados, quedaran ratificados en sus puestos por ministerio de la ley constitucional o por la ley secundaria. Ésa es mi propuesta, ojalá se genere un debate serio sobre este álgido tema que considero crucial para la buena andanza del país.


*Abogado y notario Público