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En días pasados, este rotativo dio a conocer la noticia de un joven homosexual que acudió al Ministerio Público para presentar una denuncia de discriminación por su orientación sexual contra el Presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Managua (UdM) y diputado de la Asamblea Nacional, Mario Valle. Al respecto, el actual Código Penal alude directa e indirectamente a la discriminación por orientación sexual en las situaciones siguientes: como circunstancia agravante de la responsabilidad penal (arto. 36 inc. 5), en el empleo (arto. 315), y finalmente de forma más amplia al determinar el legislador en los artos. 427 y 428: “Quien impida o dificulte a otro el ejercicio de un derecho o una facultad prevista en la Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes, reglamentos y demás disposiciones, por cualquier motivo o condición económica, social, religiosa, política, personal u otras condiciones, será sancionado con pena de prisión de seis meses a un año o de trescientos a seiscientos días multa”. “Quien públicamente promueva la realización de los actos de discriminación, señalados en el artículo anterior, será penado de cien a quinientos días multa”.

Por su lado, la jurisprudencia de órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto en su jurisdicción consultiva como contenciosa ha reconocido que el principio de igualdad y no discriminación es parte del jus cogens (normas imperativas del Derecho Internacional), y tiene efectos erga omnes (contra todos), es decir, no sólo frente a los Estados, sino también frente a terceros y particulares. En otras palabras, los propietarios de la UdM no podrían alegar que actuaron bajo el dogma de la autonomía privada de la voluntad, por tratarse la suya de una universidad no pública. Este manido argumento también fue expuesto por los dueños de las discotecas denunciadas el año recién pasado, por presuntos hechos de discriminación racial, y quienes en vista de la falta de acciones legales que debía ejercer la Fiscalía, continúan en coro entonando: ¡Nos reservamos el derecho de admisión!

Al haber ocurrido lo denunciado por el joven universitario en su espacio educativo, ello conlleva la limitación o afectación de otros derechos de la misma persona, además del propio acceso a la educación: integridad personal (física, psicológica y moral), honra y reputación, identidad, intimidad, etc. Una vez más, la indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos cumple su misión. En tal sentido, aquí adquieren particular relevancia y utilidad los “Principios sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género” (Principios de Yogyakarta, 2006), acompañados de recomendaciones a los Estados; específicamente el Principio Dieciséis señala: “Toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual e identidad de género, y con el debido respeto hacia estas.” Y exhorta a que los Estados cumplan, entre otros aspectos, con los siguientes: “Garantizarán que las leyes y políticas brinden a estudiantes, personal y docentes de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género una protección adecuada contra todas las formas de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento, dentro del ámbito escolar.” “Asegurarán que no se margine ni segregue a estudiantes que sufran dicha exclusión o violencia con el objetivo de protegerlas o protegerlos, y que se identifiquen y respeten, de manera participativa, sus intereses superiores.”[…]

Estos “Principios de Yogyakarta” permitirían recordarle a Valle, que en su condición de Presidente de la Junta Directiva de la UdM, profesor y diputado- Presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, está en la obligación de actuar en concordancia ética y jurídica con las funciones públicas que desempeña. Asimismo, el conocimiento y aplicación de dichos principios podrían interesar a la propia Rectora de la UdM, quien también participó en la comparecencia pública que dicha pareja tuvo con los universitarios, con el fin de brindar explicaciones sobre la decisión tomada en el caso referido, las cuales resultaron poco convincentes, habida cuenta de su condición de educadores.

Pese a las particulares del caso en cuestión y del rumbo que le impriman fiscales, jueces y diputados al momento de valorar una remota desaforación del diputado Valle, en el supuesto que el proceso vea la luz en sede judicial; a decir verdad, tal situación evidencia que aunque existan normas nacionales, instancias como la Procuradora Especial de la Diversidad Sexual, e instrumentos internacionales que permiten la defensa de los derechos humanos de lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transexuales (LGBT), entre otros, en Nicaragua todavía hay mucho camino por delante contra la cultura de la homofobia y transfobia. La derogación per se del delito de sodomía que contemplaba el anterior Código Penal, con prisión de uno a tres años por prácticas sexuales entre personas del mismo sexo, no ha sido suficiente para lograr cambios de comportamientos atávicos colmados de prejuicios, estigma y discriminación contra la diversidad sexual, tanto en la esfera familiar, educativa y social.

Veremos entonces cómo será la reacción con el transcurso de los años, cuando el debate sea el matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho a la seguridad social devenido de estas uniones o convivencias, el cambio de nombre con independencia de si somos o nos sentimos biológicamente hombre o mujer, y demás libertades y derechos igual de válidos que los hasta ahora denominados por la mayoría como “normales” o “naturales”.

agateyte80@yahoo.es