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El artículo 188 de nuestra Constitución Política establece “el Recurso de Amparo en contra de toda disposición, acto o resolución, y en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos o garantías consagrados en la Constitución Política”.-Lo anterior es confirmado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, Ley No. 49, publicada en La Gaceta No. 241 del 20 de Diciembre de 1988.

El juicio de amparo aparece en la historia como una necesidad primordial o sea un procedimiento para proteger a los individuos en el goce de sus derechos fundamentales. Las garantías consignadas constitucionalmente se establecieron para tutelar los derechos o la esfera jurídica en general del individuo o gobernado frente a los actos de poder publico.

Así, la idea de someter el Poder sistemáticamente a un juicio en el que cualquier ciudadano pueda exigirle cumplidamente justificaciones de su comportamiento ante el Derecho es una idea que surge de la Revolución Francesa, producto de los grandes dogmas revolucionarios.

El amparo administrativo es utilizado en contra de resoluciones o actos definitivos emanados de los órganos de la administración pública, cuando afecten los derechos de los particulares.

El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte agraviada o sea aquella persona natural o jurídica que ha sido perjudicada por la autoridad o este en inminente peligro de ser perjudicada y que en nuestro sistema se le conoce como el recurrente y en México como el “quejoso”. Se desprende de lo anterior que estas violaciones provienen del Estado o sea del administrador y se cometen en contra de los llamados individuos, administrados o gobernados.

Con la anterior breve descripción del objetivo fundamental del amparo, entro de lleno al objetivo de este artículo, que es plantearse la interrogante de que cómo es posible que la Dirección General de Ingresos recurra de amparo administrativo ante la Corte Suprema de Justicia por resoluciones que el Tribunal Tributario Administrativo ha fallado en su contra. O sea que el Tribunal Tributario, parte del Estado falla a favor del contribuyente y la DGI, que no es administrado, ni gobernado, recurre de amparo como agraviado pues supuestamente sus derechos constitucionales han sido violados.

Tengo conocimiento de casos de amparos administrativos aun en trámite ante nuestra Corte Suprema de Justicia de parte de la DGI durante el gobierno del Ing. Bolaños (Expediente 546-04) y casos donde también ha recurrido de amparo tanto la actual Administración de la DGI como otras instituciones del Estado.

Lo harán por ignorancia de sus asesores legales o el placer morboso de alargar el suplicio del contribuyente alargando un proceso que toma años en la Corte Suprema de Justicia aun cuando dicha institución haga prevalecer la ley y la Constitución en el tiempo, por largo que éste sea ?
También me he planteado la interrogante de que cómo ha sido posible que las Cortes de Apelaciones hayan aceptado tramitar un amparo cuando el recurrente, o el supuesto agraviado, en este caso la DGI (Estado, Administración), no tiene derecho a recurrir.

Ya nuestra Corte Suprema de Justicia en la sentencia No.274 del dos mil seis estableció que “ las Resoluciones dictadas por el Director General de Ingresos que en el presente caso es la parte recurrente, pueden ser impugnadas ante la Asesoría del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (hoy Tribunal Tributario Administrativo) y es totalmente apegado a la ley que la Instancia Superior que revisa el caso pueda, si así lo considera, revocar la resolución de su Inferior mas si no fuera así sería ilusorio la existencia piramidal de las instancias administrativas. Pero el problema en el presente caso no sólo radica en la competencia que le otorga la ley a la Máxima Autoridad de ese proceso administrativo para dejar sin efecto las Resoluciones emitidas por el Órgano inferior, sino que el que impugna la Resolución de su Máxima Autoridad es la autoridad inferior dentro del proceso administrativo: No es como normal y legalmente debería ser, que los administrados impugnen las actuaciones cometidas por la administración pública”. No es el amparo administrativo la vía para que la Administración Pública impugne actuaciones de ella misma que favorecen al Administrado.

En resumen, la Administración Pública no puede recurrir de amparo impugnando las actuaciones de la Máxima Autoridad dentro del proceso administrativo con un Administrado. La Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo establece quienes son la Máxima Autoridad en cada uno de los Ministerios Públicos del país así como en los entes autónomos o descentralizados y donde termina la vía administrativa, para que el ciudadano o administrado sepa cuando agota dicha vía y pueda recurrir de amparo administrativo.

Dada la característica del derecho, entre otras, el de evolucionar y normar conductas encontramos legislaciones en otros países que otorgan vida al amparo contra todo tipo de organizaciones, empresas, asociaciones, corporaciones, cooperativas, sindicatos, partidos políticos, concesionarios de servicios públicos etc., etc.; que por su superioridad en la relación que tienen con el perjudicado pueden violar sus derechos humanos así como los otros derechos establecidos en la Constitución. La violación de los derechos humanos no solo proviene del Estado como se pensaba originalmente, sino también en nuestra época de los particulares que por su posición de superioridad, no pocas veces con igual o superior poder que el Estado se convierten en violadores de tales derechos.

Caso específico en Nicaragua es el de Unión Fenosa (UF), violadora consuetudinaria de los derechos humanos de los nicaragüenses en el ejercicio de la función de prestar un servicio publico propio del Estado y el cual ejerce por una delegación-liberalidad del mismo y para colmo de males recurren de amparo en contra de las resoluciones del INE cuando son a favor del usuario que reclama en contra de los abusos de UF y contra los fallos del Ministerio de Economía cuando éste falla a favor del usuario y en contra de UF las resoluciones que le llegan en apelación de la Dirección de Defensa del Consumidor .

Nuestros diputados están en la obligación de tomar medidas en aras a la protección del pueblo, pero prevalece el amor a Unión Fenosa que el amor que dicen tener por el pueblo.

¿Me pregunto por qué será?

gareas@cablenet.com.ni