Jorge Eduardo Arellano
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Agotados los alegatos bilaterales acerca de las ilegítimas pretensiones colombianas sobre territorios nicaragüenses, el entonces Canciller José Andrés Urtecho solicitó los buenos oficios de Washington. La negativa del Departamento de Estado, de marzo de 1925 —cuando ya Urtecho había dejado la Cancillería— fue recibida por dos vías, directamente a la cancillería y a través del Ministro (Embajador) norteamericano en Managua, que fue la más explícita. Dice así: “El Departamento considera que la propuesta de acuerdo que ya hizo Colombia por la cual Nicaragua mantendrá para sí la Costa Mosquitia y las Islas del Maíz, y Colombia el Archipiélago de San Andrés, ofrecería una solución equitativa para la controversia”.

Desde el primer momento, entonces, el gobierno norteamericano aceptó --quizás porque la había promovido-- la absurda tesis colombiana del canje de soberanías sobre dos territorios de inobjetable soberanía nicaragüense, como son la Costa Mosquitia y el Archipiélago de San Andrés, tal como lo demostró documentalmente el Canciller Urtecho, durante sus cuatro años de gestión (1917-1919 y 1924). A partir de entonces y durante cuatro años, las negociaciones bilaterales cayeron en una suerte de limbo diplomático.

Fue hasta 1928, en efecto, al final del gobierno de Adolfo Díaz, que Washington logró la firma del Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra. Viciado de origen por haber sido impuesto a Nicaragua por un gobierno extranjero que la ocupaba militarmente, en su propio beneficio y en contra de la soberanía nacional. Pero sobre todo absurdo, obligando a Nicaragua a aceptar como ajeno lo que era propio, es decir, concediendo un territorio propio a cambio de otro territorio también propio. A pesar de las presiones, el gobierno de Adolfo Díaz se negó a ratificarlo. Un gesto de resistencia nacionalista, según sus correligionarios, aunque más probablemente de despecho, cuando se sintió abandonado por Washington.

Su sucesor, el liberal José María Moncada, también se resistió al principio, pero pronto se rindió a las presiones de Washington. Mencionándolo por su nombre, para que no quedara ninguna duda, en telegrama del 30 de enero de 1929 a su Embajador en Managua, el Secretario de Estado le envía un mensaje contundente: “el Departamento (de Estado) lamenta que el presidente Moncada se oponga personalmente al tratado y que haya fuerte oposición al tratado en el Congreso nicaragüense y en el país en general (...) dado que involucra a las islas del Maíz, arrendadas a los Estados Unidos por Nicaragua en la convención de 1914 (...) Por favor, discuta nuevamente este asunto con el Presidente y solicítele urgir la aprobación del tratado durante la actual sesión del Congreso nicaragüense (...). Y así fue.

Un año después el Tratado no solamente fue ratificado sino que el Congreso fue mucho más allá, sin duda en respuesta a una escalada de las presiones de Washington. Graciosamente, en forma unilateral, no vinculante, en el decreto de ratificación los congresistas nicaragüenses agregaron, a manera de nota aclaratoria, que «el Archipiélago de San Andrés que se menciona en la Cláusula Primera del Tratado no se extiende al Occidente del meridiano 82 de Greenwich, de la carta publicada en octubre de 1885 por la Oficina Hidrográfica de Washington, bajo la autoridad del Secretario de Marina de los Estados Unidos de la América del Norte».

Algunos historiadores han pretendido justificar la referencia al Meridiano 82 en supuestos temores del establecimiento político nacional provocados por la inminente probabilidad de futuros reclamos de Colombia sobre las Islas del Maíz, algo que no condice ni con el Tratado ni con la mencionada nota del Secretario de Estado a su Ministro en Managua. Sin embargo es más que probable que Washington haya inducido esos temores precisamente para logar la inmediata ratificación del Tratado, y además con un agregado favorable a Colombia. De eso se trataba.

Cómo justificar el despropósito de la ratificación y sobre todo de la infamante nota aclaratoria, fue la preocupación de los congresistas. No sólo porque estaban conscientes de las abiertas presiones norteamericanas, sino también porque conocían la exitosa defensa histórica que había hecho el canciller Urtecho, la cual probablemente la mayoría de ellos había endosado. Más todavía, porque no se les escapaba que el establecimiento político nacional también conocía esta defensa, pues Urtecho tuvo la valentía de publicar íntegramente los alegatos colombianos y las respuestas nicaragüenses en las Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores. La última de hacía apenas seis años.

Obviamente, la preocupación de los congresistas no giraba alrededor de “los legítimos derechos de Nicaragua a la luz de la justicia y de la historia”, como los calificaba el canciller Urtecho, es decir, de la soberanía nacional, sino alrededor de la instructiva norteamericana al presidente Moncada de “urgir la aprobación el tratado durante la actual sesión del Congreso nicaragüense”. Y actuaron en forma atropellada, contradiciendo la historia del contencioso, que ellos conocían plenamente, y su reciente posición en contra de la ratificación del Tratado, a la que hacía referencia el Secretario de Estado norteamericano.

Por eso, cuando se discutió la nota aclaratoria sugerida por la comisión de ratificación del Tratado, los senadores que expresaban la voz oficial la rechazaron vehementemente. No por ser una agravio a la Nación. No. Sino porque la aprobación de tal aclaración retrasaría la ratificación del Tratado y su inmediata entrada en vigencia, como le exigía Washington. Aprobarla, dijeron los senadores, equivale a reformarlo, a obligar al Congreso colombiano a derogar la ratificación que ya había hecho, a abrir un nuevo proceso de ratificación, normalmente lento. Algo que en ese momento los senadores consideraban contrario a los intereses de Nicaragua. ¡Increíble!
Todo fue absurdo. La discusión acerca de que la aprobación de la nota aclaratoria implicaba un retraso en la ratificación terminó con una simple declaración verbal del Ministro (Embajador) colombiano en Nicaragua, el sempiterno Esguerra, afirmando que su gobierno no solamente no objetaría la aprobación de la nota aclaratoria sino que la consideraba necesaria, algo que refuerza la tesis de los temores inducidos por Washington. Más entrega de la soberanía nacional por parte del Congreso nicaragüense, imposible. Así fue ratificado el Tratado, el 6 de marzo de 1930.

Pero, el colmo, el Canciller Manuel Cordero Reyes superó a los congresistas. En su comparecencia ante el Congreso dijo “que la aclaración (acerca del meridiano 82) no reforma el Tratado pues sólo tenía por objeto señalar un límite entre los archipiélagos que habían sido motivo de disputa y que ya el gobierno colombiano había aceptado esa aclaración según lo había manifestado por medio de su Ministro Plenipotenciario (Esguerra), manifestando solamente, que esta aclaración se hiciera en el acta de ratificación, que esta aclaración era una necesidad para el futuro de ambas naciones pues venía a señalar el límite geográfico entre los archipiélagos en disputa sin lo cual no quedaría completamente definida la cuestión”. Fue, pues, el Canciller Cordero Reyes el que introdujo el concepto de límite, sin duda interpretando a Washington.

Plenamente consciente de todo lo anterior, sin embargo, y en absoluta contradicción con el derecho internacional, a partir de entonces Colombia desarrolló la tesis del Meridiano 82 como frontera marítima con Nicaragua. Un concepto, el de frontera marítima, no incluido en el Tratado ni en ningún otro instrumento vinculante. Y a pesar de que la Corte Internacional de Justicia negó la existencia de tal límite en su sentencia del l3 de diciembre pasado, el actual gobierno colombiano se resiste a acatarla abusando de su condición de potencia marítima en la zona.