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¿Qué comparten el Doctor en Jurisprudencia, Rafael Solís, y ‘’Juan’’, el pandillero a su lado? La misma visión arcaica del mundo como un espacio repartido en pedazos de poder, donde cada cual manda como le parezca en su parte, sin prejuicio de cadenas de mando entre el pandillero de las llanuras o el juez local, y un pandillero mayor o un magistrado de la Corte Suprema. Como comparten la misma visión, no debe sorprender que se unan en acción, pues uno entiende al otro.

Sin embargo, esa visión de la sociedad estructurada por áreas --cada una con su pirámide del menos al más poderoso--, no sólo la comparten don Rafael, el ex-magistrado, y ‘’Juan’’ el pandillero, sino también Arnoldo Alemán y Wilfredo Navarro, para quienes, según sus declaraciones, poder equivale a ocupar o no ocupar ciertos cargos públicos; y René Herrera, para quien la política es sólo el mismo juego entre personas, tal como fue descrito por Maquiavelo, autor del siglo XV, contemporáneo de la conquista española.

En esa visión, la mera asignación de un cargo público toma mucha importancia, pues todo el mundo presupone que antes que la ley son las personas al mando quienes imponen las reglas del juego, de manera tal que, por ejemplo, los empleados del CSE obedezcan primero las órdenes de sus superiores, aunque sepan que ese cumplimiento vaya contra la ley expresa.

A la inversa, se aceptan tranquilamente las violaciones de la ley por subordinados --ya que solamente cumplieron órdenes superiores-- aun cuando el Código Penal no lo admite como exculpatorio: por ejemplo, nadie ha acusado formalmente a los centenares de colaboradores del fraude electoral, como tampoco hay acusaciones formales contra los pandilleros políticos, aunque se los conoce por nombre y apellido.

Si las convicciones de los políticos se opusieran por completo al sentir de sus electores, ellos no habrían tenido oportunidad de llegar adonde llegaron. Me temo, entonces, que muchos nicaragüenses mayores compartan con ellos la visión de poder y de política.

Hay indicios sobrantes, como el clamor persistente --tan viejo como la Politeia de Platón-- que solamente los idóneos deban ocupar cargos públicos, o el sueño, que bastaría tomar el poder por las armas para encaminar a Nicaragua por el bien, como el lamento después sobre la corrupción ética de los revolucionarios, cuando el sueño se convirtió en pesadilla.

No obstante, la organización arcaica de la esfera pública con base en dependencias personales choca con las exigencias de una economía de mercado, puesto que esa necesita que los contratos se cumplan, independientemente de quién esté a cargo, y que las leyes se apliquen tal como fueron redactadas, independientemente de quién sea el juez.

La expansión mundial del comercio ya a finales del siglo XVII así como la incipiente industrialización en forma de manufacturas del siglo XVIII, plantearon que debería ser posible “hacer negocios” con cierta seguridad entre personas que no se conocían de antemano en lugares distantes, raras veces bajo el control del mismo cacique local.

Es así como en Inglaterra y Holanda, Francia, Austria y Prusia nace el concepto del Estado de Derecho, donde la Ley y sus procedimientos brindan la necesaria seguridad, tanto para el trato entre particulares como en la relación con el poder público, que además se compromete a velar por el cumplimiento de la ley, renunciando a la vez a intervenciones arbitrarias.

De esa forma, la lucha por el poder se transformó ya hace rato: en lugar de pelear posiciones, se pelea la redacción de leyes, de convenios y de contratos; en lugar de distribuir espacios, se norma conductas aceptables, obviamente, sancionando de manera severa el incumplimiento de lo acordado. El constitucionalismo --comenzado por la Revolución de las 13 Colonias, llevado al Viejo Continente por la Revolución Francesa-- es el primer punto culminante de ese proceso.

La transición de regímenes basados en personas a estados constituidos con base en la Ley no ha sido ni fácil ni rápido ni sin recaídas. No bastó nunca una transformación formal de lo público, sino que las mismas sociedades --en las relaciones entre sus actores-- han tenido que transformarse, dándose precisamente las recaídas más lamentables --como en Alemania, España e Italia--, cuando partes sustanciales de ellas vivían aún en el pasado. Consta que en América Latina también sobran los ejemplos, y Nicaragua es solamente uno.

Ahora bien, Nicaragua lleva --desde la aprobación de la Constitución de 1987-- tres años de un camino nada fácil para transformarse en un Estado a las alturas del siglo XXI. Más que el 50% de las y los nicaragüenses nació y creció en estos años, insatisfechos por lo logrado, por supuesto, pero confiando que al fin Nicaragua también esté encontrando su camino. Nosotros --los padres-- no debemos ni podemos permitir que unos trogloditas --con título académico o sin él-- nos regresen a los tiempos de la conquista.


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