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La ley de inmigración adoptada en Arizona hace unos días ha puesto de nuevo al centro del debate político este tema complejo, que tiene implicaciones políticas importantes tanto para Estados Unidos como para las demás naciones de las Américas.

La nueva ley, que concede a los agentes del orden público autoridad para detener y solicitar documentos a cualquier inmigrante, bajo la sospecha de ser indocumentado, niega las libertades civiles y discrimina contra un grupo específico de personas sin tener en cuenta su condición jurídica.

Mientras el tema de la inmigración se discute a nivel nacional, es importante mantener el enfoque en dos principios fundamentales: los derechos humanos --especialmente los derechos de libertad, el debido proceso y la presunción de inocencia-- y el Estado de Derecho.

Estados Unidos es una nación fundada y construida por inmigrantes; una ciudadanía cuyas raíces, en la mayoría de los casos, pueden buscarse en otras tierras. La semana pasada, Bruce Springsteen, uno de los iconos más reconocidos de la cultura Pop norteamericana, recibió el premio Ellis Island Family Heritage, otorgado a inmigrantes (o a sus descendientes) en reconocimiento a sus importantes contribuciones al patrimonio de los Estados Unidos. El músico de New Jersey, ampliamente conocido por su estilo de rock “Heartland” de valores norteamericanos, personifica el reconocimiento a la idea de que los inmigrantes han ayudado a formar la tela social y moral de este país. Springsteen remarcó en la ceremonia: “no puedes saber quién eres realmente, si no sabes de dónde vienes”.

A principios del siglo XIX los inmigrantes --principalmente europeos--llegaron a Estados Unidos a través de la Isla Ellis. Hoy en día, la mayoría arriban de América Latina y del Caribe. La mayoría de los inmigrantes llegan a través de vuelos internacionales por las puertas del JFK, LAX o Miami. Sin embargo, millones de ellos ponen sus vidas en peligro para entrar en el país, afrontando condiciones adversas por mar y tierra.

Las Isla Ellis, de principios del siglo pasado, se ha transformado en un escenario distinto que a veces resulta difícil de controlar. Los acentos y el color de la piel tal vez hayan cambiado, pero el sueño que inspiró y condujo a esos individuos se mantiene intacto: la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Las causas de la migración global son varias. Pero para América Latina y el Caribe, ésta es principalmente inducida por condiciones socioeconómicas. La fluidez migratoria de ciudadanos de esta región continuará teniendo lugar mientras estos puedan encontrar mejores oportunidades acá que en sus países de origen.

Sin tener en cuenta cualquier argumento intelectual con respecto de la creación de empleo, la apreciable discrepancia en las oportunidades económicas continuará conduciendo a todas las formas de inmigración, y a los desafíos relacionados con ella.

De acuerdo con el Pew Hispanic Research Center, en 2009 había en Estados Unidos un total de 10.8 millones de inmigrantes indocumentados. Otros estiman que esta cifra es sustancialmente más elevada. Aunque reconocemos la soberanía de las leyes promulgadas por los estados para afrontar este problema, consideramos que debe hacerse un esfuerzo para apegarse a los principios fundamentales que dictan que todo ser humano debe vivir libre del temor.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha reafirmado en diversas ocasiones que “todos los inmigrantes, a pesar de su estado de inmigración, deberían recibir toda la protección de los derechos humanos y plena observación de las leyes laborales que se les pueda aplicar”.

Desafortunadamente, el espíritu de esta ley de Arizona está teniendo un efecto aterrador entre la población hispana y en el resto de los Estados Unidos.

Hay preocupaciones significativas de que esta ley conduzca a prácticas de discriminación, afectando a todos los grupos minoritarios. Las autoridades deberían intervenir sobre la base de la conducta y comportamiento de los individuos, y no sobre a las sospechas de oficiales acerca del lugar de nacimiento de aquellos, con prejuicios de acuerdo con sus rasgos raciales o culturales.

Como el Presidente Barack Obama apuntó, esta ley “quitará nociones básicas de equidad que conservamos como americanos”.

Cada nación tiene el derecho de regular la inmigración dentro de sus fronteras. Sin embargo, es imprescindible que cualquier reforma de inmigración dentro de las Américas asegure la protección de los derechos humanos y se mantenga fiel a las obligaciones consagradas en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.

Estados Unidos tiene una rica tradición en proteger el Estado de Derecho y promocionar la tolerancia, la esperanza y las oportunidades, pilares fundamentales de una sociedad libre y democrática. Sus sólidos sistemas judiciales y legislativos del país son modelo para el mundo.

El resultado de este debate político no solo definirá cómo otras naciones interpreten y respeten la fuerza moral de Estados Unidos, sino que también marcará un claro precedente con respecto de lo que Washington considere un tratamiento aceptable de los menos afortunados.

Además, los claros trasfondos raciales de este proceso de aplicación requerido por la legislación también pondrán en vitrina las actitudes subyacentes de los Estados Unidos frente a la igualdad racial y la integración.

El debate de la inmigración trasciende a asuntos de oportunidades económicas y equidad en la asignación de trabajos. Es una cuestión que apunta directamente a la base de los principios de los derechos humanos de los Estados Unidos, e indudablemente definirá la posición de la moral de los Estados Unidos dentro del marco de la opinión pública mundial.


*Secretario General de la Organización de los Estados Americanos