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Cada año, el 3 de mayo representa una oportunidad para el análisis de los principios fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de prensa, para evaluar el estado de estos derechos en nuestras sociedades, y para defender los derechos y la independencia de medios de comunicación, periodistas y ciudadanos.

Haciendo referencia al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sostiene que el derecho fundamental de la libertad de expresión incluye la libertad “para investigar, recibir y difundir información sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión”.

En este sentido, la celebración de la Unesco del día Mundial de la Libertad de Prensa 2010 resaltará la importancia del derecho a la información como un parte integral de la libertad de expresión y de su contribución a los gobiernos democráticos de América Latina.

Edouard Matoko, Director de la Oficina de la Unesco en Quito y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, considera que es necesario que exista un clima de apertura política y transparencia para que los ciudadanos contribuyan en la supervisión de los asuntos económicos, sociales y políticos de su comunidad y de la sociedad en general. “Sólo una ciudadanía bien informada sobre las intenciones y acciones de sus representantes electos puede contribuir de manera efectiva a los procesos de decisión que afectan a su futuro.

El funcionario de la Unesco sostiene que las promesas gubernamentales de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública deben estar respaldadas por leyes de derecho a la información que proporcionen acceso pleno a las áreas que son de interés público.

En este contexto, si el derecho a la información, si se aplica correctamente, permite un diálogo entre la sociedad y los gobernantes, y, por tanto, cultiva el buen gobierno y promueve la rendición de cuentas al ofrecer a los ciudadanos, a los periodistas y a la sociedad civil en general el acceso a la información que requieren para combatir la corrupción y evitar cualquier abuso de autoridad.

Edward Matoko reconoce que los gobiernos de América Latina han desarrollado importantes avances legislativos en este sentido. “En 1990, de los escasos trece países que habían aprobado leyes de derecho a la información en el mundo, tan sólo uno era de América Latina. En los siguientes veinte años, sin embargo, se observa una gran expansión de leyes de derecho a la información, con más de 80 leyes sobre el tema aprobadas en el mundo, once de las cuales en países latinoamericanos. En la región andina, estos países son Ecuador, Colombia y Perú”.

Pese a la tendencia global de adoptar leyes de derecho a la información, aún hay obstáculos significativos que impiden la plena realización del derecho de la sociedad a conocer. La aplicación de la libertad de información es a menudo entorpecida por frágiles mecanismos de acceso, una inapropiada gestión de la información, un inadecuado registro de datos y un pobre o inexistente monitoreo de implementación.

También hay que estar claros de que las deficiencias en la aplicación de las leyes, en la realidad demuestran que, por sí solos, los marcos legales no garantizan la aplicación del derecho a la información. Las leyes de derecho a la información deben ir acompañadas por mecanismos que aseguren su efectiva implementación, aplicación y monitoreo, sostiene el funcionario de la Unesco.

Por otro lado, cuando la transparencia reemplaza al secreto y el poder se expone al escrutinio público, se pueden detener los abusos, la opinión pública puede verse reflejada en la toma de decisiones y las autoridades pueden rendir cuentas. “Todos los países del mundo requieren de mecanismos de control del poder público, particularmente mediante una prensa libre y la supervisión por parte de los ciudadanos que ésta permite”, recomienda Edward Makoto.

¿Entre la libertad o libertinaje? Son varios los episodios que el país ha sido testigo y ha percibido en su foro interno, con respecto a lo que significa el concepto y la práctica de la llamada “Libertad de Expresión”, que en muchos casos ha sido utilizada como escudo para socapar arbitrariedades.

Hay una tendencia manipulada para que la opinión pública no tome conciencia de lo que significa en esencia la dos categorías y solo se habla de Libertad de Expresión, por parte de los medios, cuando ésta es una facultad y un derecho que corresponde a todos los seres que tienen facultad de elocuenciar un mensaje hacia los demás, sin el uso de ayudas tecnológicas, como la prensa, radio y televisión.

En los medios fundamentalmente amerita hablar de la Libertad de Prensa, en donde se delimitan los alcances en la utilización de los recursos tecnológicos, para orientar, educar y distraer, que son consignas vitales de la Comunicación Social en esencia y obviamente con un manejo ético que corresponde a tan delicada función social.

Es preciso que todos y todas las ciudadanas participemos del manejo debido de estas dos categorías socio-comunicacionales, a fin de que tengamos la oportunidad de ejercitarlas como corresponde y abrir los espacios necesarios para que nuestra realidad humana, así como nuestra responsabilidad profesional, se haga evidente en beneficio de la gran colectividad.

No concebimos el equívoco de hablar de la libertad de expresión como un escudo para camuflar las grandes irregularidades que se han dado en nuestro país, en el manejo ético de los contenidos y la programación de nuestros medios.

Existe un refrán popular que sentencia: “Un pueblo que no sabe de dónde viene, mal puede saber hacia dónde va”. Una severa realidad que sin duda se cumple en la vida de los pueblos y las naciones.

Nicaragua como país, nación y pueblo, no ha fortalecido la identificación fundamental a través de los mecanismos idóneos y más bien han sido una serie de corrientes que le han enajenado de sus ideales supremos, conspirando contra su propia identidad.

Y como no podía ser de otra manera, los mal llamados “medios de comunicación” han contribuido para que esta conspiración sea letal para las esencias nacionales, bajo la justificación de poner en la programación “lo que se vende” y desoyendo (que es lo más grave), los mandatos de la ley que ordena y proscriben que en la programación diaria se debe incorporar un 20% de música y producción nacional y un 5% de música clásica. Nadie lo cumple y aquí están los resultados percibidos en un país muy rico en identidades nacionales.

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