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Los recientes hechos de violencia ocurridos por instigación directa del partido gobernante, me han hecho llegar a la conclusión de que nos encontramos ante dos posibles situaciones o escenarios: La primera -que a simple vista puede ser percibida por la ciudadanía- es que el régimen imperante es el fiel reflejo -por los efectos de sus actos- de un Estado terrorista o practicante del terrorismo de Estado, en el sentido expresamente referido a la proclividad de las instituciones públicas en articular una estrategia común de dominación hegemónica y represión política sobre cada uno de los sectores que le son adversos al dictador Ortega, valiéndose de una serie de actos deliberadamente calculados y dirigidos a la neutralización de los ejes que signifiquen un peligro para la estabilidad de ese proyecto de dominación típicamente totalitaria y fascista como es el mal llamado “Socialismo del Siglo XXI”.

Tales actos han sido evidenciados sobre la base de ejemplos tangibles manifestados tanto en actos de persecución jurídica perpetrados por el régimen orteguista a través del Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, como los actos de agresión, sabotaje y daños a la propiedad, que delincuentes comunes y pandilleros dirigidos por los agitadores del frentismo realizan en contra de la sociedad civil, para, por medio de la inoculación del miedo, lograr la parálisis de la sociedad y su absoluta sumisión frente al proyecto esclavizante antes mencionado que el orteguismo pretende imponer.

La segunda situación nos presenta el escenario de un Estado fallido, el cual en materia de ciencias políticas es definido como la carencia de un Estado fuerte que tenga el pleno control sobre el territorio en el que se asienta y sobre sus habitantes, a contrario sensu de lo estipulado para definir al estado dictatorial, basado en el control absoluto y total de la nación y sus habitantes.

Al respecto, cabe aclarar que la definición de Estado no se refiere exclusivamente a la de gobierno, por cuanto el Estado comprende al gobierno, las instituciones y también a la sociedad civil, de manera que la adecuación del concepto de Estado fallido a la situación que actualmente afecta a nuestro país, es también factible en virtud de que hoy en día vemos que las estructuras que conforman el Estado de Nicaragua no funcionan en razón de la finalidad de sus respectivas atribuciones y competencias.

Esto lo hemos venido comprobando con la simple observancia de las actuaciones de un Poder Judicial que en lugar de impartir justicia es apologista del delito, un Poder Electoral que no respeta la voluntad de los electores, un Poder Legislativo cobarde, fraccionado, inoperante y plagado de intereses mezquinos, sectarios y prebendarios, una Contraloría ciega, sorda y muda, una Policía Nacional cómplice de las maras sanditruchas y resto de la chusma del lumpemproletariado orteguista, así como una Fiscalía que no actúa cuando por imperio legal tiene la obligación de hacerlo, todo ello girando en torno a la voluntad omnímoda del Presidente de la República, quien por gobernar por sus pistolas y en oposición a ley expresa, anula a las instituciones y desarticula al Estado tornándolo en fallido.

Frente a este panorama, la sociedad en su conjunto se encuentra indefensa y sin posibilidades reales de invocar la protección del Estado en caso de ocurrencia de situaciones de ruptura del orden jurídico constitucional, por cuanto al ser suplantado el derecho, impera la inseguridad y se entroniza la ley del más fuerte, siendo precisamente esto lo que en los albores de la historia de la humanidad motivó la concertación del Pacto Social que dio origen al Estado, por ser la sociedad quien es verdaderamente la titular de la soberanía para el ejercicio del poder político gubernativo.

En ese sentido, como en derecho las cosas se deshacen de la misma forma en que son hechas, la sociedad o el pueblo tienen todo el derecho de revocar el mandato conferido tanto al Estado fallido como al gobierno represivo, y una de las formas de hacerlo es a través del ejercicio del derecho a la rebelión o la resistencia, derecho debidamente tutelado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo legado en virtud de la revolución francesa de 1789, le dio a los pueblos de la tierra el derecho a derrocar a todo gobierno que atente contra sus derechos y libertades fundamentales, aunque para ello se tenga que recurrir a la insurrección armada en contra de la tiranía.

El derecho de rebelión, o derecho a la resistencia es un derecho reconocido a los pueblos frente a gobernantes de origen ilegítimo (no democrático) o que teniendo origen legítimo (democrático) han devenido en ilegítimos durante su ejercicio, que autoriza la desobediencia civil y el uso de la fuerza con el fin de derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos que posean legitimidad.

La Carta fundacional de las Naciones Unidas (ONU) reconoce este derecho de forma implícita, estableciendo, no obstante, que las partes se deben someter a las decisiones de su Consejo de Seguridad, que componen quince Estados, los cinco con derecho a voto y diez más que ejercen su función por un periodo determinado y rotativo.

Nuestra Constitución Política en su arto.46, de forma implícita reconoce este derecho, por ser un derecho derivado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en virtud de que el pueblo nicaragüense conforme a lo estatuido por los artos 2 y 5 de la citada Carta Magna, es plenamente soberano y titular de su derecho a la autodeterminación y por lo tanto, no está obligado a soportar condiciones de gobierno que alteren su identidad, libertad y seguridad, siendo totalmente legítimas todas las alternativas para la salvaguarda de tales derechos, incluso si para ello es necesario derramar sangre.

En materia de derecho comparado, podemos observar cómo en otras constituciones es recogido de manera expresa el derecho a la rebelión, como por ejemplo la reforma constitucional introducida a la Constitución paraguaya en 1992 como consecuencia de la caída del dictador Stroessner en 1989, en la que por primera vez se tipifica y se establece normativamente el derecho de rebelión.

En el artículo 137 de la citada norma se describe que es la usurpación y en el 138 subsiguiente se autoriza a los ciudadanos a resistir “a tales usurpadores por todos los medios a su alcance”, lo cual dispensa el cumplimiento de todo acto realizado por los usurpadores y se refiere, no ya al ciudadano individual, sino “al pueblo”.

En tal sentido, la Constitución paraguaya autoriza e impone como deber a los ciudadanos individualmente y al pueblo, a resistir a los usurpadores “por todos los medios a su alcance” y a ejercer la desobediencia como medio de resistencia. Dice, además, que los actos de los usurpadores son “nulos, sin valor” y “no vinculantes”, es decir, no existen. Producida la usurpación, los paraguayos tienen el derecho constitucional de rebelarse, inclusive por medio de las armas.

Es interesante observar cómo el término “usurpador” no sólo se refiere a los funcionarios o gobernantes espurios, que por carecer de legitimidad basada en la ley ostentan cargos que no les corresponden desempeñar, sino que también se refiere a aquellos que por ejercer la actividad gubernativa de forma autoritaria, suplantando el orden jurídico y supeditando la voluntad de la mayoría al capricho de unos pocos, pierden legitimidad y por ende, se constituyen también en usurpadores del derecho de soberanía cuyo legítimo titular es el pueblo.

El derecho a la rebelión, por lo tanto, no solo es un derecho que asiste a los pueblos del mundo, sino que goza de un honorable precedente en los anales de la historia, siendo en el caso de nuestro país debidamente respaldado tal derecho por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su declaración de condena en contra del régimen dictatorial de la familia Somoza en 1979.

A este paso, no es descabellado pensar que algo así podría ocurrir nuevamente, ya que ha quedado al descubierto la fragilidad de la oposición democrática frente a los morterazos de los mareros orteguistas, al punto de que definitivamente el terrorismo de Estado del régimen gobernante no podrá ser combatido jamás desde el Parlamento, sino desde las montañas y las ciudades...no con resoluciones de “condena moral”.

Por lo tanto, siendo pues evidente que el derecho a la rebelión es un derecho humano de carácter universal que asiste a los pueblos del mundo cuando todas las alternativas pacíficas e institucionales se han agotado, entonces, como van las cosas, al pueblo nicaragüense no le quedaría mas remedio que hacer valer ese derecho en aras de remover a toda la escoria orteguista que tiene confiscado el futuro de la nación, a efectos de concertar un nuevo pacto social que permita fundar nuevamente a nuestro país, con nuevos actores, nuevos escenarios y reglas claras, justas y acordes con el sueño de un gran poeta que murió diciéndole a su hijo…que mañana….todo sería distinto.

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