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Cuando en el mes de enero, el Presidente Ortega promulgó el Decreto Presidencial 03-2010, en el que prorroga en el cargo a 25 funcionarios públicos, el gobernante intentó justificar lo injustificable, pues manifestó que el decreto era para que el Estado no se paralizara, que como Jefe de Estado tiene la obligación de evitar que las instituciones queden acéfalas. Probablemente, por la mente del mandatario se le cruzó la peregrina idea de que todos acatarían y entenderían la decisión gubernamental. Pensó que los funcionarios públicos continuarían ejerciendo el cargo, que no habría voces de descontento popular en la sociedad política, en fin, no esperaba que se produjera desórdenes y actos de violencia política por el decreto ejecutivo.

No obstante, una vez dado a conocer el decreto, inmediatamente se hicieron sentir las voces de protesta. Las críticas eran que el poder Ejecutivo estaba violando la Carta Magna. Los expertos en derecho constitucional se pronunciaron señalando que el decreto presidencial estaba invadiendo las esferas del Poder Legislativo, pues los únicos que pueden mantener en sus puestos a los funcionarios públicos de la Corte Suprema de Justicia, Contralores, etc., es el Parlamento Nacional.

Mas la gota que rebasó el vaso fue cuando el once de abril se le venció el periodo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís y Armengol Cuadra. Estos funcionarios públicos, como soldados disciplinados del Presidente Daniel Ortega, se presentaron a la sede de la CSJ con la pretensión de continuar administrando justicia. El primer encontronazo se produce en la Sala Penal, entre el magistrado Gabriel Rivera y el ex magistrado Solís.

La situación se tornó más difícil, pues los juzgados del país se paralizan. Hay manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial. Los jueces agrupados en la Asociación de Jueces de Nicaragua se movilizan en respaldo a Solís y Cuadra. Obviamente, el conflicto llega hasta el Parlamento Nacional. Los diputados de la oposición consiguen introducir en la agenda legislativa el proyecto de ley con el que quieren anular el decreto 03-2010. Ante esto, empleados del gobierno y funcionarios del Poder Judicial se lazan a las calles en protesta para impedir que los diputados en la Asamblea Nacional continúen con el trámite para anular el decreto. Cuarenta y siete diputados de la oposición deciden sesionar en el Hotel Holliday Inn, hasta ahí llegan simpatizantes del gobierno, atacan con lanzamorteros, piedras, causan daños materiales al edificio y a varios vehículos.

Al siguiente día las acciones de violencia se intensifican, diecisiete diputados que se encontraban en la sede del Movimiento Vamos con Eduardo son cercados por los agitadores del gobierno. En la trifulca y enfrentamientos salen lesionadas tres personas, el diputado Parlacénico Eliseo Núñez Morales, dos periodistas, uno del Canal 12 de Televisión y otro del oficialista Canal 4. Dos vehículos son quemados, uno de un concejal de Managua y otro de un diputado de Masaya.

Ante la grave crisis por la que atraviesa Nicaragua, hay sectores políticos que están invocando la presencia del Secretario General de la OEA para que ponga sus buenos oficios en la inestabilidad por la que atraviesa el país. Se desconoce en este momento, cuál podría ser la salida a la crisis nacional, provocada por el decreto presidencial. Mas la verdad es que la medicina que pretendió aplicar el gobierno del Presidente Ortega resultó mucho más cara que la enfermedad.

El decreto ejecutivo, según Ortega, buscaba evitar un vacío de poder en las instituciones públicas, empero los resultados fueron contrarios: desorden, anarquía, daños a la propiedad, lesionados, ataque a periodistas, estampida de los turistas y un enorme daño a la imagen de la nación. Lo paradójico de todo esto es que la violencia no vino de la oposición, sino de sectores del mismo gobierno. A Daniel Ortega le está faltando visión política para prevenir las consecuencias nefastas que traería el decreto ejecutivo. Al Gobernante le fallaron sus cálculos políticos, olvidó la tradición rebelde que tiene la sociedad política nicaragüense.

Ante los efectos contraproducentes que está teniendo el decreto ejecutivo, se precisa que el presidente de la República, Daniel Ortega, por el bien de Nicaragua, reconozca su yerro y revoque el decreto presidencial, pues la nación nicaragüense no puede continuar en el estado de ingobernabilidad en que se encuentra. Lo primero que el gobernante de este país debe hacer es a anular el decreto 03-2010, o por el contrario los diputados de la Asamblea Nacional lo anularán mediante la fuerza de la ley. El siguiente paso de un mandatario con estatura de estadista es empezar a lo inmediato un diálogo con las fuerzas de políticas de la oposición, a fin de resolver, el nombramiento de los funcionarios públicos. En el diálogo, el Gobierno como la oposición política, deben flexibilizar posiciones, deben poner en primer lugar los intereses de la nación y en segundo lugar sus intereses políticos partidistas que tanto daño le han hecho a la patria.


*Abogado y Notario Público

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