•  |
  •  |
  • END

A nadie tomó por sorpresa la decisión del Fondo Monetario Internacional de posponer la reunión del Directorio de este organismo, que el cinco de mayo analizaría la cuarta revisión del programa económico con Nicaragua.

El escueto comunicado emitido en Washington se limita a decir que “el personal técnico del FMI está trabajando de manera cercana con las autoridades económicas para evaluar el impacto en el programa económico de las medidas económicas recientemente anunciadas, y otras asociadas con el programa”.

Y aunque los voceros del gobierno intentaron desviar la atención hacia otros temas pendientes, como las normativas en torno a la Ley Moratoria y a la Ley de Tarjetas de Crédito, todo mundo sabe que el FMI se refiere al anuncio que hizo el presidente Ortega el primero de mayo de inyectarle a la economía unos 32 millones de dólares, por la vía de un “bono complementario” al salario de 120 mil empleados públicos, que será financiado con los fondos de la cooperación venezolana.

Un “bono” que el gobierno pretende presentar como dádiva política, como un regalo del Presidente, en vez de incorporarlo al presupuesto como un incremento salarial. Como han explicado ya varios economistas y expertos tributarios, en términos económicos el bono equivale a incremento salarial, y en la práctica éste forma parte del salario, aunque el gobierno pretende separarlo por una lógica política estrictamente prebendaria.

En realidad, al FMI no le importa si detrás del “bono” hay una estrategia clientelista de Ortega para comprar lealtades políticas con fines electorales, lo que le compete es el impacto inflacionario de esta medida. De hecho, en su Programa Económico Financiero con el Fondo, el gobierno se comprometió a mantener restringida la nómina salarial, ya que le resta competitividad al país y tiene un impacto inflacionario, y por eso le están pidiendo cuentas.

Ésa es la razón principal por la que se pospone esta reunión, que había sido cuidadosamente preparada por los técnicos del gobierno y del Fondo, y que de paso permitiría el desembolso inmediato de 18 millones de dólares. Lo último que faltaba para tener plena luz verde sobre la aprobación de la revisión del programa, fue la aprobación del alza en la tarifa de energía de 6.85% que se anunció la semana pasada. Y cuando todo estaba listo para esta reunión, el comandante Ortega se madrugó al FMI al anunciar el viernes pasado este “bono”, que sin lugar a dudas tendrá un impacto inflacionario.

¿De qué magnitud será el impacto en la inflación? ¿Cómo va el gobierno a operativizar el pago de este bono? ¿Qué medidas se tomarán para mitigar el impacto? Son las preguntas que nadie ha respondido en medio de la confusión y las contradicciones que han exhibido los distintos Ministros, y es lo que el FMI necesita saber, para readecuar las cifras y los documentos que serían presentados al directorio del FMI
¿Consultó Ortega al FMI sobre las implicaciones económicas de esta decisión antes de adoptarla? Evidentemente no, aunque su equipo económico seguramente le advirtió de sus consecuencias. A lo sumo, el Fondo habría sido informado, por cortesía diplomática del presidente del BCN, de la decisión presidencial. Pero está claro que Ortega lanzó a su equipo económico sin paracaídas ante su contraparte del FMI, poniendo en evidencia que la racionalidad técnica se subordina a las urgencias políticas del Comandante.

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el voluntarismo político, financiado con los recursos de Chávez, a contrapelo de la estabilidad macroeconómica? Ésa es la pregunta que el propio Ortega se ha encargado de colocar sobre el tapete y que de ahora en adelante será monitoreada con lupa. Por de pronto, hay un resultado a la vista: nunca se había producido una situación irregular en la que con solo un día de anticipación, se pospone una reunión del Directorio del FMI para aprobar la evaluación el programa de Nicaragua. Desde cualquier ángulo que se vea, ésta no es una buena señal para los inversionistas ni para la comunidad internacional, pues Ortega está introduciendo un elemento que hace imprevisible la economía.

Sin embargo, esto no significa que se haya producido un descarrilamiento del programa, o una crisis de las relaciones entre Nicaragua y el FMI. Estamos ante un impasse: se apagó la luz verde y se encendió la amarilla. Y a menos que Ortega tenga guardadas otras cartas debajo de la mesa, el impasse podría resolverse en cuestión de semanas, si el equipo económico del gobierno asume plenamente la conducción del asunto.

El primer paso es recuperar la coherencia técnica: calcular el impacto inflacionario de la medida, explicar cómo se va a operativizar, y qué medidas adoptarán para compensar sus repercusiones. Urge aminorar cualquier elemento de incertidumbre, que pudiera afectar el clima de confianza existente en la estabilidad macroeconómica, que mantiene a flote la “normalidad económica” del país. Con ello quedarían saldadas las cuentas oficiales con el FMI.

Pero, en lo que respecta a nosotros, los nicaragüenses, el imperativo de transparencia pública exige una corrección integral de parte del gobierno. El “bono privado” de Ortega, esa suerte de privatización del salario en el estado, representa un gravísimo precedente que distorsiona las finanzas públicas en una coyuntura preelectoral, y cuando menos debería ameritar un amplio debate público. Los diputados, la sociedad civil, y sobre todo los empleados públicos, tienen la última palabra.