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He estado conversando con mis distinguidos colegas compañeros de la Academia de Juristas de Nicaragua, Cairo Manuel López y Alejandro Serrano Caldera, vía telefónica, sobre los desafueros y ultrajes a nuestra constitución, leyes, normativas y reglamentos que conforman nuestro cuerpo legal de la República de Nicaragua.

Coincidimos en que es muy penoso y criticable que funcionarios de algunos poderes del Estado se estén empeñando en burlar las leyes de nuestro país para favorecer contaminados y vergonzosos intereses políticos partidarios.

No me explico que catedrático de Derecho en funciones públicas dócilmente y sin rubor alguno manifiesto violenten los cimientos del Estado de derecho muy manoseado en los últimos meses.

Para comenzar este comentario Jurídico, de buena fe y con la mente bien limpia y con amor de patria, registro lo que resolvió la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como parte de una trama confabulada para abrir las puertas al titular del ejecutivo de una posible reelección. Lo resuelto por la señalada Sala Constitucional, dicho sea de paso, ilegalmente conformada, tiene fecha de 19 de octubre de 2009, a las 5:00 de la tarde, decisión sin base legal y que se ha identificado bajo Exp. No.602.09 y agregado el nombre de sentencia No.504 desfilaron y desfilaron interpretaciones antojadizas para justificar atribuciones de la sala propias de la Asamblea Nacional y de un plumazo olímpicamente los catedráticos magistrados marginaron o mejor dicho cercenaron el artículo 147 de nuestra actual Constitución Política para estimar que tiene cabida la reelección del señor presidente de la República para las elecciones presidenciales del año próximo. Luego de variadas publicaciones en contra de la tal Sentencia No.504 ha quedado bien definido que los firmantes de esta sentencia estaban señalados de cometer actos delictivos. Y para mayor sorpresa, el día 09 del mes de enero de este año 2010, el ciudadano Presidente de la República, en tributo a la ilegalidad, autoriza un decreto bajo el No. 3-2010, compuesto de nueve considerandos muy, pero muy, huérfanos de asidero legales por el cual le concede ratificación y prórroga “en sus cargos a todas las Autoridades de los poderes e Instituciones del Estado de Nicaragua que se le venza el periodo de su cargos en el futuro inmediato hasta tanto la Asamblea Nacional no nombre a nuevos funcionarios o ratifique a los actuales”.

Este Decreto o Decretazo se suma “sin querer queriendo” a las decisiones ilegales comentadas. ¡Ni duda!
Finalmente, y para agregar más atropellos y burlas a nuestra vida constitucional, los asesores de la Directiva de la Asamblea Nacional dieron a conocer en estos últimos días que un Arto. transitorio de la Constitución de 1987, como lo fue el Arto. 201 facilita lo que ya había ordenado el “decretazo”, esto viene a confirmar sin duda que en Nicaragua, sin pena se le rinde culto a la ilegalidad y no dudo en afirmar que todas estas decisiones estatales se ubican en la casilla de Inodoras, Incoloras y maliciosas.