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Por sorpresa nos tomó a los conservadores (al menos eso espero) la información que brindó el vocero del Consejo Supremo Electoral, Félix Navarrete, al anunciar que el órgano electoral decidió restablecer en la Asamblea Nacional el escaño del diputado Alejandro Bolaños Davis y además que se le regresaba la personalidad jurídica al Partido Conservador.

Lo primero que hay que aclarar al respecto es el hecho de que el despojo que el Consejo Supremo Electoral hizo de la diputación de Alejandro Bolaños Davis, en junio de 2007, fue arbitrario, ya que las funciones del órgano electoral son la organización, dirección y vigilancia de los procesos electorales según el 168 de la Constitución Política de Nicaragua, mismo cuerpo normativo que consagra a favor de la Asamblea Nacional en su artículo 138, numeral 10, la prerrogativa de conocer las faltas definitivas y consecuente pérdida de la condición de diputado. En suma, la decisión que tomó el Consejo Supremo Electoral fue arbitraria por no tener competencia para ello, además era evidente que estaba ordenada por el Presidente Daniel Ortega en represalia por la denuncia de corrupción que hizo Bolaños Davis.

En idéntico sentido fue ilegal la resolución del Consejo Supremo Electoral que suspendió la personalidad jurídica del Partido Conservador y del Movimiento Renovador Sandinista. En esa oportunidad el órgano electoral dio trámite a un recurso extemporáneo interpuesto por el representante legal del PLC, diputado Wilfredo Navarro, y en su resolución argumentaron que no cumplimos con el requisito de completar el 80% de los candidatos y municipios, contrariando abiertamente la publicación que habían hecho días atrás de los candidatos, donde por simple aritmética se desvanecía dicho argumento. Esa resolución tenía el claro propósito de no afectar los intereses del pacto, no podían darse el lujo de que otra fuerza política emergiera.

Existe consenso en la población en general, de que ambos hechos fueron arbitrarios y con intenciones eminentemente políticas, en consecuencia debe ser legítimo el hecho de que restituya al diputado Alejandro Bolaños en su cargo y que le reestablezca la personalidad jurídica al Partido Conservador. El problema radica en que no le restituyan la personalidad jurídica al MRS y que ambos hechos beneficien al Partido Conservador crea suspicacia y sugiere la existencia de un acuerdo político con el FSLN.

Recientemente, la presidenta del Partido Conservador, Azalia Avilés, aceptó la nominación que hicieran la mayoría de las Directivas Departamentales del partido, para que ella fuera la candidata presidencial del Partido Conservador bajo la premisa de conformar un bloque opositor con todas las fuerzas políticas del país a fin de enfrentar el régimen de Daniel Ortega en las elecciones generales de 2011. Es decir, el Partido Conservador tiene una propuesta de candidata presidencial dispuesta a someterse al proceso de elecciones primarias para elegir al candidato opositor y si no resulta electa, que no le quepa la menor duda al pueblo de Nicaragua de que apoyará al candidato que la oposición designe, ya que es parte del mandato de las bases conservadoras.

La resolución del Consejo Supremo Electoral no tiene otro interés que hacer creer a la oposición que el Partido Conservador pactó, todo ello con el fin de crear desconfianza y entorpecer la unidad opositora. El principal factor que impide la unidad opositora se llama Arnoldo Alemán, para nadie es secreto que si él desistiera de sus pretensiones, en una semana las demás fuerzas políticas nos ponemos de acuerdo, Alemán divide. En lo personal estimo que Daniel Ortega lo necesita en ese papel y no es remoto que hasta lo esté financiado para ello.

Una de las primeras cosas que aprende un conservador es que el verde de nuestra bandera siempre está por debajo del azul y blanco de nuestro pabellón nacional, (razón por la cual nos han dado vuelta los liberales), por eso condenamos el pacto que nos ha costado tanto en la última década, qué beneficio obtendríamos con declinarle a la lucha antipacto ahora que goza de mayor legitimidad y se vislumbra su fin.

Comandante Daniel Ortega, es nuestro legítimo derecho a existir como partido político y que se respeten nuestros escaños en la Asamblea Nacional. Si el Consejo Supremo Electoral que Usted controla, hoy decide reestablecernos esos derechos, no claudicaremos en nuestra lucha en contra del pacto, la corrupción de sus funcionarios, sus aspiraciones dictatoriales y sobre todo sepa que esas resoluciones nos fortalecen e inspiran en la búsqueda de la imperante unidad opositora.

No puedo concluir sin condenar el hecho de que su Consejo Supremo Electoral no restituyó la personalidad jurídica al MRS. Le pido, le demando y le ordeno en nombre de la Constitución Política de Nicaragua revierta la decisión de suspenderle la personalidad jurídica al MRS, deje de violar nuestra Carta Magna y desista de sus ilegales pretensiones reeleccionistas que sólo condena a este país a continuar en la miseria. Ojala algún día el rojo y negro, el rosado chicha o el color que a Usted, a su esposa o a los astros, se le ocurra utilizar en la próxima campaña estén por debajo del azul y blanco.