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No parece haber rescate de la vida útil de la política en manos de quienes están disfrutando su oportunismo --o su traición, que tanto se le parece--, además de que parecen dispuestos a llevar esa enfermedad a su última fase. Más aún, cuando hay dos actores principales jugándoselas todas en el clímax de su vida política: el orteguismo aferrado al poder con pasión continuista, y diputados formalmente opositores sin futuro después de finalizado el actual período.

Están como subastando un negocio en liquidación. En estas condiciones existe una atracción y defensa mutua entre ambos sectores en momentos decisivos para morir o sobrevivir como factores de poder político y del poder económico que del primero deriva. El orteguismo puja por los diputados sin futuro y, por ello, proclives a vender sus últimos votos a cualquier precio. A esos diputados oportunistas, nada les puede atraer más al final de su vida útil, que el polo del poder económico-político del orteguismo.

Se necesitan y se complementan, de ahí que no haya fuerza moral ni ética que les detenga. Sus mutuas ambiciones viven en una urgencia tal que no son capaces de encontrar otra salida a sus ambiciones que unificarlas tras el mismo objetivo, aunque para algunos éste es más temporal que permanente. Lo que les importa es funcionar tras objetivos prioritarios: unos, asegurarse el poder, y otros las prebendas, al margen de cualquier consideración de orden legal o constitucional. (Hablar aquí de orden moral y ético, está demás).

De hecho, ya casi logran burlar la resistencia al “decretazo” que puso por debajo del presidente la autoridad y la facultad legislativa de la Asamblea Nacional, aparte de que hace rato algunos diputados parecen haberse olvidado de la brutal violación del artículo 147 Cn., el cual puso la Constitución bajo la voluntad del presidente Ortega. Al respecto, mucho se habla y se critica la incapacidad de los diputados de oposición para sumar siquiera 47 votos contra estas violaciones constitucionales, pero además de incapacidad numérica, hay que hablar de la incapacidad política, de la cual emana la primera.

Ya se sabe que a esa incapacidad política contribuyen las ambiciones personales de ciertos diputados, más todos los derivados de su endeble moralidad. Pero… ¿y el resto de los diputados que, por lo menos hoy, no se les puede ubicar entre el grupo oportunista? No se habla de incapacidad política del discurso, sino de que no todos ven más allá de aprovechar su función legislativa, y eso es una gran limitante para el necesario desempeño de una labor política, en la cual debería tener primer lugar la atención y su relación con el pueblo al que dicen representar.

Se supone que ahí está la raíz de la mala actuación, en general, de los diputados: en el carácter marginal que tienen sus funciones parlamentarias. Y eso no se resuelve con teoría ni un buen discurso. Se trata de siglos de malformación de las actividades legislativas, expresada en la separación total del diputado con el sector social que supuestamente representa. Esta deformación apenas tuvo alivio durante el primer período legislativo de la Asamblea Nacional. Se trata, entonces, de un mal estructural de la función legislativa en nuestro país.

Ante la última --aunque aún no concluida-- demostración del divorcio entre los intereses sociales y los individuos que mal los representan en los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, ya no caben simples remedios. Pero tampoco estamos los nicaragüenses en condiciones de aplicar remedios radicales o definitivos. Sólo queda como salida de urgencia aplicar medidas que sirvan de arranque hacia soluciones más de fondo: que los sectores sociales afectados desconozcan la autoridad --toda clase de autoridad-- de los personajes que utilizan sus cargos para destruir la base constitucional del Estado.

Y, en principio, desconocer esas autoridades significa no aceptar la legalidad de ninguna de las reformas violatorias de la Constitución Política, lo que, de hecho, representa la voluntad de ejercer su defensa contra los violadores, al menos en tres aspectos esenciales: no aceptar la inscripción de la candidatura de Daniel Ortega; no aceptar el patrocinio de ningún proceso electoral de un CSE reelegido; no participar en un proceso electoral levantado sobre la base de ilegalidades.

Es evidente la contradicción existente entre tales medidas y las actividades electoreras previas, en las cuales ya aparecen empeñados algunos sectores de oposición. Igual sería contradictorio con la resistencia popular contra las ilegalidades del orteguismo, dar por aceptado todo lo que resultare de sus maniobras politiqueras que, igual que los “decretazos”, se burlan de las normas constitucionales. Ejemplo de ello, es la “elección” de Alfredo Gómez Urcuyo como diputado, en calidad de suplente que no tiene del ex presidente Bolaños, por lo que todo el mundo sabe: él fue un vicepresidente nombrado, no electo por el voto popular como manda la Constitución.

Pese a que la restitución de su condición de diputado al señor Alejandro Bolaños Davis, es un acto de justicia, con este gobierno no se descarta una posible maniobra politiquera. No se puede confiar en quienes argumentaron de todo para arrebatarle su diputación, y ahora se deciden sorpresivamente por lo contrario de lo que ayer alegaron. En todo caso, nada de lo que hagan hará perder, si no reforzar, el ejercicio violatorio del orden constitucional de este gobierno.

Como un elemento adicional a sus violaciones a la máxima Ley, los defensores de este régimen arbitrario, dizque se ofenden cuando alguien afirma que el orteguismo es peor que el somocismo. En primer lugar, si no lo consideran cierto, ¿por qué se molestan? En segundo lugar, no hay comparaciones absolutas, debido a que no hay dos situaciones históricas absolutamente iguales.

Un ejemplo: las oscuras e inmorales triquiñuelas que ahora practica el orteguismo para violar el orden constitucional son peores, porque al somocismo ni siquiera les eran necesarias. La integración de las instituciones estatales y del Congreso –senadores y diputados— no eran resultado de una elección más o menos disputadas, sino de un simple reparto: el 60 y el 40 por ciento para somocistas y zancudos conservadores, respectivamente.

Como se ve, desde el punto de vista formal, no son dos situaciones idénticas, pero si vemos el resultado, lo que ocurre ahora es peor, porque el somocismo nunca pudo engañar que no era una dictadura, y porque el orteguismo no sólo engaña con su gobierno “de unidad y reconciliación”, sino que también se burla del pueblo al cambiar arbitrariamente el resultado de lo que fueron –o se dice que fueron— unas elecciones libres y democráticas.

Todo es relativo y nadie se engaña: hay cosas peores bajo el orteguismo que bajo el somocismo, y viceversa. La cuestión esencial es que ninguna violación a los derechos de las personas necesita ser medida ni comparada con otra violación para merecer una condena. Y, en ese aspecto, cada quien debe asumir sus propias características y responsabilidades.