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Desde la Carta Magna arrancada por los nobles ingleses al absolutismo real (1215), el constitucionalismo representa la lucha de los pueblos por garantizar sus derechos fundamentales, poniendo límites al ejercicio del poder.

Por eso las Constituciones Políticas consagran las reglas fundamentales que rigen la organización de los poderes públicos, el balance entre ellos y los derechos y garantías de las personas. En la concepción de Hans Kelsen sobre la jerarquía de las normas jurídicas (la famosa teoría de la “pirámide jurídica”), las normas constitucionales están en la más alta grada del orden jurídico, es decir, en la cúspide de la pirámide. Esta concepción la asume nuestra Constitución Política cuando en su artículo 182 establece su supremacía en los términos siguientes: “La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones”.

Recordamos estos conceptos a propósito de lo que está sucediendo en nuestro país, donde las autoridades, los poderes públicos, que al posesionarse de sus cargos juraron solemnemente respetar la Constitución y las leyes, son los primeros en irrespetarla mediante “decretazos”, resoluciones y sentencias que flagrantemente violan las disposiciones constitucionales.

Si la Constitución Política representa el acuerdo fundamental sobre el cual descansa la organización del poder y la convivencia social, su quiebra significa el fin del Estado de Derecho y, por lo tanto, la instauración de un régimen de facto, donde prevalece la voluntad autoritaria del gobernante, que es lo que está sucediendo actualmente en Nicaragua.

Día a día, como si existiera el propósito deliberado de destruir, ladrillo a ladrillo, el edificio de la institucionalidad democrática, vemos graves violaciones a la Constitución Política. Se suceden unas a otras y todas están claramente inspiradas en un solo propósito: lograr, a como sea, la perpetuación en el poder del actual Presidente de la República. No importa atropellar las normas más claras de la Constitución; no importa retorcer su interpretación para ajustarlas a esos designios, que para eso hay operadores políticos, disfrazados de magistrados, listos a complacer, sin vergüenza alguna, las ambiciones continuistas del gobernante.

Lo acontecido en las últimas semanas rebasa nuestra capacidad de asombro. Es increíble el grado de desfachatez a que se ha llegado en ese ataque sistemático al orden constitucional, con grave perjuicio para la convivencia democrática y la imagen del país.

Así se han sucedido el “decretazo” 3-2010, que sin ningún asidero legal y en violación flagrante a la Constitución, establece la prórroga del período de magistrados y contralores; las resoluciones de una mal llamada Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que sin estar legalmente constituida y con la presencia de ex magistrados, ha dictado resoluciones que atropellan abiertamente el orden constitucional, como cuando declararon “inaplicable”, el literal a) del artículo 147 Cn, que claramente prohibe la reelección del actual Presidente mediante un doble candado: por estar actualmente ejerciendo la presidencia y por haberla ejercido por dos períodos presidenciales.


Ya no importa lo que claramente diga la Constitución. Los operadores políticos orteguistas, incrustados en la Sala Constitucional, la leen simplemente a como quieren y luego pretenden que el pueblo nicaragüense se trague sus “interpretaciones”.

Es lo que sucedió la semana pasada con la diputación que dicha Sala decidió regalar, por cálculo político, a un señor que nunca fue elegido por voto popular directo para el cargo de Vicepresidente de la República, no obstante lo que explícitamente dice al respecto el artículo 133 de la Constitución Política.

Es muy grave lo que está ocurriendo en Nicaragua, aunque de ello no quiera darse cuenta el Secretario General de la OEA, no obstante lo que establece el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Pero no importa que el Secretario General de la OEA ponga oídos sordos. Lo importante es que la gran mayoría del pueblo nicaragüense está llegando a la ineludible conclusión de que en este país se terminó el Estado de Derecho y que aquí la Constitución Política no significa nada. Y eso es sumamente peligroso.

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