Jorge Eduardo Arellano
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Chávez y Ortega claman por la unidad militar de los ejércitos de los países que integran el ALBA, para enfrentar de manera conjunta una probable agresión militar de los EU en contra de cualquiera de ellos.

La primera idea que viene a la mente es que las fuerzas progresistas enfrentarían con movilizaciones de masas a lo largo y ancho del mundo cualquier agresión militar de los EU en contra de un país Latinoamericano. Seguramente, organizar esta actividad de masas, principalmente, en los países sometidos al peligro de agresión, tiene mucha mayor efectividad y trascendencia en la defensa de Latinoamérica que la proclamada unidad de los ejércitos regulares de los Estados de Venezuela y de Nicaragua.

No obstante, es conocida la máxima de Clausewitz de que la guerra no es más que la continuidad de la política por otros medios. Así, cuando Ortega hace creer que va a la guerra, lo hace bajo dos conceptos consustanciales a su rol de jefe supremo de la burocracia en la sociedad nicaragüense.

Primero concibe que el Estado está a su disposición personal (fuera de la regulación institucional prevista en el derecho democrático burgués, según el cual, el Estado sirve al conjunto de la sociedad). De modo que a título particular empeña a las fuerzas armadas de la nación como si se tratara de fuerzas feudales bajo su control (con lo cual, el posible conflicto bélico se presenta como algo extraño a la sociedad). Segundo, hace creer que puede enfrentar a la fuerza militar de EU, exclusivamente, con la técnica militar de los ejércitos regulares de los países del ALBA (con lo cual muestra su falta de vínculo e identificación con el movimiento de masas y, a la vez, reasegura al Pentágono, de que no intenta, seriamente, organizar ninguna capacidad defensiva).

De esta forma, reduce la dinámica de la guerra a métodos administrativos, burocráticos. Su autonomía política le juega, sin embargo, una mala pasada, pues no logra presentar el probable enfrentamiento militar como algo más que un riesgo propio, como una operación quirúrgica que le lleve a perder su poder personal (que, obviamente, está cada vez más desvinculado del interés de cualquier sector social).

En cambio, hace considerar a la población que si la agresión militar imperialista fuese una posibilidad real, no sería viable dar un solo paso en la organización de una defensa efectiva del país con Ortega al frente del gobierno. Entre otras razones, por la falta de una coherencia elemental. Ortega anuncia (con mucha pólvora verbal) que se dispone a preparar el combate contra la agresión de las fuerzas imperialistas, por medio de la unidad de los ejércitos de Venezuela y de Nicaragua (y con el fortalecimiento de los medios técnico-militares de estos ejércitos), mientras acuerda, simultáneamente, debilitar, en la práctica, la capacidad táctica del Ejército de Nicaragua, con la entrega de los cohetes SAM-7 al ejército norteamericano.

La idea que entonces viene a la mente es que esta unidad militar de los ejércitos, promovida por los caudillos, no es para enfrentar una agresión del imperialismo, sino, para ayudarse mutuamente en caso de enfrentar a las masas trabajadoras de cada país.

El verdadero temor de Ortega no es al imperialismo (con el cual maneja un pragmático código cifrado), sino a las masas trabajadoras.

La lucha militar de Nicaragua en contra de una posible agresión norteamericana no puede ni siquiera ser concebida sin una guerra del pueblo, con un ejército del pueblo. La única posibilidad seria de resistir una eventual agresión militar de los EU, o de frenarla en ciernes, es con una disposición colectiva a la defensa estratégica del país, a partir de la capacidad de lucha organizada y disciplinada de los trabajadores.

Como Ortega no puede plantear abiertamente esta realidad, ya que se entiende de maravillas con los EU y su proyecto personal se mantiene por encima de la lucha de clases, se ve obligado a decir que va a enfrentar una agresión militar de los EU sin Servicio Militar Obligatorio, porque lo prohíbe la Constitución.

Y, nuevamente, como burócrata, miente sin recato, porque ningún partido basa su estrategia en la Constitución, sobre todo, en una situación de guerra defensiva, cuando en la nación agredida se crea, necesariamente, un estado de ley marcial, que es la excepción extrema del orden jurídico y constitucional.

Enredado, imprudentemente, por su retórica bélica altisonante, el gobernante ofende la inteligencia de los nicaragüenses. Dostoievski muy justamente escribe en su diario, con relación a los efectos que causa un revoltijo de ideas, que la palabra que se calla… es de oro. Por la falta de este silencio prudente, como lo aconseja Dostoievski, en los últimos seis meses, el 18 % de los simpatizantes de Ortega se ha desilusionado completamente, al ver un proyecto exclusivamente personal debajo del camuflaje verbal contradictorio.

Un supuesto historiador, de apellido Díaz, para ayudarle a Ortega, hace creer en un artículo de opinión, en EL NUEVO DIARIO, del 31 de enero, que la revolución consiste en unir regionalmente las estructuras estatales de los países latinoamericanos, en vista que Bolívar propusiera en el Congreso de Panamá, en 1826, la formación de una fuerza armada común de los Estados de la Liga de Naciones de Sudamérica.

Simplemente, el “historiador” sustituye la movilización de las masas, la lucha progresiva y revolucionaria de Bolívar por la independencia de Latinoamérica (que abrió paso al desarrollo económico burgués a comienzos del siglo XIX), con el proyecto federativo que Bolívar esbozará en la Constitución, luego de la independencia. Esta sustitución, se salta, ahora, ¡la revolución socialista! Es una forma tonta de darle una cualidad revolucionaria innata a cualquier decreto que emita una burocracia en el gobierno.

Desde la óptica de Díaz, no se requiere la movilización de los trabajadores ni la lucha previa contra el poder burgués y contra el poder imperial, basta, ahora, un acuerdo entre Chávez y Ortega, de coordinar, por ejemplo, los ejércitos de Nicaragua y de Venezuela, para que se cumpla el sueño de El Libertador, y se alcance la “segunda y definitiva independencia”, aunque la finalidad militar, real, de esta unión, sea coordinar una represión reaccionaria en contra del movimiento de masas de cada país.

Para este “historiador”, la revolución es obra de la voluntad de nuevos “libertadores” que, sin movilizar a los oprimidos (como sí hiciera Bolívar), firman acuerdos desde el gobierno burocrático, toman decisiones iluminadas y, simplemente, desaparece la complejidad de la lucha de clases moderna.

Los socialistas, toman de Bolívar los métodos revolucionarios de su lucha continental, titánica, inobjetablemente progresista en su época, pero, no trasladan a las condiciones de la época actual los conceptos de la sociedad y del Estado que Bolívar propone luego de la independencia (conceptos organizados en la Constitución Monocrática que redactara El Libertador, en 1826, en condiciones de ascenso del capitalismo).

Por el contrario, a la revolución socialista, luego de la destrucción del aparato estatal burgués, le seguirán, por iniciativa de la clase obrera, estructuras estatales mucho más democráticas que las que soñara Bolívar en 1826 y, necesariamente, con un contenido cualitativo distinto, que paulatinamente irán extinguiéndose a medida que con la economía colectiva, planificada, desaparezcan las clases sociales en un proceso de alcance mundial.

Pero, lo fundamental, es que la lucha revolucionaria actual no sólo se ajuste a la realidad histórica de nuestros días, caracterizada por la decadencia del capitalismo, sino que los partidos obreros lleven al proletariado un programa de lucha por su hegemonía política, como sujeto insustituible de la revolución socialista, en abierta lucha contra la burocracia y sus “historiadores”.


*Ingeniero Eléctrico