Jorge Eduardo Arellano
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El jueves 31 de enero los diarios recogieron la denuncia de la inclusión en el currículo para secundaria del estudio sobre los CPC. EL NUEVO DIARIO reprodujo la portada del pensum, junto a la negativa de opinar del profesor de Castilla, porque se trata, dijo, de “un tema espinoso”. Pero en un boletín del Mined del mismo día confesó su acuerdo con lo que antes había considerado “espinoso”. El dirigente de la CGT-Anden y diputado, José Antonio Zepeda, también justificó la inclusión de los CPC como objetos de estudio, argumentando que toda educación es política.

En La Prensa del día viernes, la diputada Mónica Baltodano rectifica al diputado Wilber López, diciendo que éste había equivocado los Consejos del Poder Ciudadano con los Consejos Populares de Cultura que la revolución había creado “para el impulso del baile, de la poesía, del baile.” Sin embargo, en el mismo diario, Zepeda ratifica su opinión favorable al estudio de los CPC con el mismo argumento acerca del carácter político de la educación. En definitiva, los dos funcionarios estatales –De Castilla y Zepeda—, ratificaron lo denunciado, lo que vale tomarse como la aceptación oficial de que los CPC serán materia de estudio en secundaria. ¿O acaso los oficialistas están aprovechando la equivocación de López para montar los CPC políticos sobre los CPC culturales? No es posible saberlo, dado el acostumbrado secretismo oficial.

Aunque se trate de una confusión, lo será en torno a un hecho cierto, lo cual en nada cambia el oportunismo de imponerle su sello partidario a la educación. Entre los maestros de secundaria, los que tienen un criterio libre, como debería tenerlo todo el que pretenda ayudar en la formación de los jóvenes –y desde luego, también entre los padres de familia—, hay alarma por el contenido partidista de los estudios sobre la Historia.

Junto a la violación constitucional del laicismo, erogando recursos públicos para la educción religiosa, el gobierno trata de imponer una educación políticamente sectaria. Los sectarismos político y religioso no son una buena base para la educación en ninguna época, porque volverían a estancar el país en las vecindades de la colonia, sólo para satisfacer a grupos reaccionarios con poder económico y político en el gobierno.

Al principio, el ministro de Castilla quiso darle carácter apócrifo al manual de los CPC, lo calificó como “un tema espinoso” y después lo aceptó. Está claro de que el ministro cedió ante el parto politiquero en perjuicio de la ciencia pedagógica. Los temas del estudio propuesto lo dice todo: “Las organizaciones populares y las culturales”, “Los CPC y la cultura popular”, “Organizaciones y fundamentos de los CPC” y “Política cultural de los CPC”.

Se pueden hacer conjeturas acerca de quién y qué pretensiones tienen con su parto, sobre cuáles o cuántos serían los perjuicios que podría causar a la formación de los muchachos “estudiar” organismos del partido de un gobierno que no salió de las urnas electorales enarbolando el consenso mayoritario de los electores. Traducido a los hechos, esto significaría imponer un nuevo factor de confrontación ciudadanía-gobierno, porque:
T El arreglo político entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo no le otorga a los CPC carácter gubernamental, por lo cual nada de lo suyo puede traducirse en funciones y operaciones oficiales en la educación.

T Los CPC no tienen ni un año de funcionar como organismos partidarios, e incluso, sin ser aceptados aún por toda la militancia del FSLN. Por lo tanto, ¿de qué cielo privado les bajó la experiencia y la relación con la cultura popular para que puedan servir como modelo para su estudio? Es una falsificación del pueblo y de su cultura, porque será la concepción que el partido de gobierno tenga sobre el tema la que impartirían. Esto es crear falsos prototipos para la formación académica de los jóvenes de diversa procedencia social, económica, política y cultural.

T ¿Tan buenos ejemplares son las formas de organización y los fundamentos de los CPC como para convertirlos en objetos de emulación para la juventud? Aunque estos organismos tuvieran la aceptación nacional, convertirlos e imponerlos de pronto en modelos de educación y cultura, no les da ningún valor educativo ni cívico.

T Como portadores de cultura popular modelo, los CPC son nulos, porque no han podido acumularla en su corta y cuestionada existencia. Además, sería lógico que los jóvenes rechazaran su “aporte”, pues éstos saben que en sus barrios o comunidades estos organismos no tienen existencia, y donde la tienen, es entre una minoría.

Si es para ligarlos con el estudio de la historia del Frente Sandinista, que es parte de la historia de la revolución, ¿a través de qué versiones se la transmitirán a los jóvenes de secundaria? Son fenómenos demasiado recientes para esperar una versión objetiva de parte de quienes todavía tienen vida política activa. Y la versión menos autorizada es la del gobierno que está imponiendo su estudio. ¿Ocultarían la forma cómo hubo la gigantesca apropiación de bienes públicos de última hora, o no la ocultarían? En ambos casos, no sería buen modelo educativo para nadie.

En Nicaragua no existe una historia oficial científica y por ello confiable, porque ha sido redactada e impuesta según la versión interesada de cada gobierno. Hay muchos libros sobre la historia nacional, pero son versiones particulares de las épocas, de los hechos y de las acciones del grupo dominante de turno. De cada época sólo aportan objetivamente la cronología. La interpretación y la concepción de los hechos históricos no están libres de sectarismo. A los particulares les ha tocado desentrañar, algunos con la ayuda de métodos científicos o más o menos científicos, las verdaderas causas económicas, sociales y políticas de los hechos históricos.

Ningún gobierno ha podido hacer lo mismo ni podrá hacerlo mientras estén de por medio lo intereses creados de personas y grupos manipulando la historia. Esa tarea les ha tocado a historiadores oficialistas de cada época, y sus trabajos son más partidarios que científicos. Seguro que hay parcialidad en el “pensum” de los CPC, porque está elaborado por gente del más estrecho y encumbrado círculo del poder partidario y familiar. Cuando salió a luz ni siquiera era del conocimiento del rector de la educación nacional, el profesor De Castilla.

Eso no es casual. El gobierno de Ortega se ha distinguido por cortar automáticamente la libre expresión de los ministros y altos funcionarios cuando la han querido ejercer. Al profesor Miguel De Castilla le tocó su turno. Su suerte como ministro estuvo en juego: aceptaba la imposición para seguir con el título o bajaba la cabeza. Se decidió por lo último. Antes había encontrado razones a la sin razón de haber deformado de forma sicodélica el escudo nacional, después cedió ante la exigencia de la jerarquía católica para que les financie su educación y ahora se tragó el “espinoso tema”.

Cero y van tres. ¡Que viva la pedagogía!